Desde el municipio de Cajibío, en el Cauca de Colombia, llegó a Bruselas un pedido de auxilio: los indígenas y campesinos se han quedado sin sus tierras ancestrales. ¿Las causas? El fuego cruzado de empresas mineras, sembríos de coca, grupos armados y monocultivos para la producción de cartón.

En el caso específico de esta comunidad, "los monocultivos de pino y eucalipto están ubicados en la parte más plana del valle; son 2.800 hectáreas de unos árboles que no producen alimentos ni para los animales, mucho menos para el ser humano”, dice a DW Jacob Rivera, del Coordinador Nacional Agrario (CNA).

La reforma agraria de los Acuerdos de Paz

El CNA reúne 70 organizaciones campesinas de toda Colombia y, en el departamento del Cauca, integra a los pueblos indígenas Misak y Nasa. Jacob Rivera forma parte de una delegación que trae a Europa la urgencia de estas comunidades por avanzar en la reforma agraria prevista en los Acuerdos de Paz (2016), apoyados por varios países de la Unión Europea (UE).

"Las poblaciones locales están confinadas en minifundios en zonas de ladera de muy baja fertilidad. El avance de las plantaciones forestales se ha traducido en la reducción acelerada de cultivos de alimentos”, afirma la organización belga Daniel Gillard, que apoya la gira europea de los líderes colombianos.

Cabe indicar que, ya en 2022, desde la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU se recordaba -tanto a la empresa en cuestión, la irlandesa Smurfit Kappa, como al Gobierno colombiano- que el reclamo de estas vulnerables comunidades se ampara en la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Impacto del eucalipto

Mientras que los líderes de CNA afirman que las aguas de los ríos y las fuentes hídricas se ven afectadas por los agroquímicos, la empresa Smurfit Kappa asegura que tiene un compromiso con la gestión ambiental y con el bienestar de las comunidades a través de su Fundación Smurfit Kappa Colombia. 

Según datos de 2021, la empresa controla más de 67.000 hectáreas de tierra en Colombia; 41.500 de ellas dedicadas a plantaciones de pino y eucalipto.

Por otro lado, la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas) advierte del impacto del eucalipto en la erosión del suelo. En tierra degradadas pueden ser una opción de reforestación, pero no son beneficiosos cuando sustituyen bosques indígenas.

De selva virgen al monocultivo

"En 1986, cuando entró a Cabijío, esta empresa irlandesa, que se llama también Cartón Colombia, taló la montaña virgen, que hasta ese momento  cuidaban campesinos e indígenas. Trajeron gente de otros departamentos de Colombia para sembrar pino y eucalipto. Para nosotros, ese modelo devasta la naturaleza y la vida”, subraya Jacob Rivera. 

Esas tierras, así el CNA, siempre fueron de las comunidades. No obstante, en el contexto de la prolongada guerra interna de Colombia, las comunidades fueron desplazadas, sus tierras usurpadas y luego vendidas. La empresa cartonera ostenta títulos de propiedad.  Los intentos de las comunidades en los últimos tres años por recuperar tierras para vivir y producir, según artículos de prensa, son considerados ilegítimos por la empresa (DW pidió información adicional a la cartonera, pero hasta el cierre de esta nota no ha llegado respuesta). 

¿Instrumentos para la esperanza?

¿Qué hacer en esta situación? A nivel nacional, el Gobierno colombiano, en el marco del Acuerdo de Paz, plantea comprar las tierras a sus detentores para entregarlas a las comunidades. El éxito de este cometido depende de la voluntad de sus actuales dueños. 

A nivel internacional, dos directivas de la UE entrarán pronto en vigor. La primera: la directiva que impediría entrar al mercado europeo productos que causen deforestación (a partir de enero 2024).

La segunda, la de debida diligencia que obligará a las empresas europeas a probar que en sus actividades han respetado el medio ambiente y los derechos humanos, también en países terceros (a partir de julio de 2026).

En cuanto a la directiva de la deforestación, según indicaron a DW fuentes europeas, se está trabajando en tres productos de exportación: café, cacao y palma. Productos aledaños como el embalaje, que es lo que produce la empresa cartonera, no entran en la nueva regulación.

Para el caso de los derechos humanos, el impacto negativo en el acceso al agua y la polución de las fuentes hídricas podría ser objeto de una alerta desde el mercado europeo. Organizaciones de la sociedad civil europea recuerdan a DW que, por ejemplo, en las cajas de cartón de esta empresa colombiana se empacan bananos de   empresas que han sido juzgadas por violaciones a los derechos humanos en América Latina.

La directiva de derechos humanos aplicaría a empresas de más de mil empleados y con un volumen de negocio superior a los 450 millones de euros anuales. Concretamente, la empresa cartonera activa en Cabijío tiene más de 47.000 empleados y su volumen de negocio alcanza los 1.130 millones de euros anuales.

Así las cosas, las comunidades cobijadas por el CNA traen a la UE su pedido de auxilio. "Necesitamos apoyo para que el Gobierno colombiano avance en la devolución de tierras a los campesinos. Pedimos que vayan a Cabijío a comprobar con sus propios ojos lo que está sucediendo”, afirma Jacob Rivera, cuya comunidad ve una y otra vez caer muertos a líderes sociales que se oponen a la situación. (ms)