Asociaciones de transporte urbano de Lima llevaron a cabo el jueves (26.09.2024) un gran paro en la capital de Perú para exigir seguridad frente a la ola de extorsión que sufre el sector y la ciudadanía, lo que forzó al gobierno a declarar el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y su vecina Callao.

Decenas de empresas del gremio de transporte salieron a las calles y suspendieron sus actividades para mostrar su indignación por la extorsión, que en las últimas semanas ha causado tres asesinatos.

Denuncian que las acciones policiales no son suficientes ante un escenario en el que el cobro de cupos, secuestros y extorsión son una realidad habitual en la capital, lo que les afecta a ellos, pero también a los vecinos.

Transportistas piden seguridad

"No estamos pidiendo que baje el combustible, no estamos pidiendo mejores económicas, estamos pidiendo garantías, seguridad para el ciudadano, para todos los transportistas, es lo que estamos pidiendo", dijo el presidente de la Federación Nacional de Mototaxi en Perú, Julio García.

Durante la protesta, recordaron a un joven conductor de autobús que fue asesinado este lunes a los 21 años por no aceptar un pago de 7 soles (2,15 dólares).

La extorsión afecta especialmente a propietarios de pequeños negocios, transportistas, ciudadanos que piden préstamos e incluso a colegios y comedores sociales.

En lo que va de 2024, el sector transporte ha reportado más de 14.000 denuncias por extorsión, mientras que, en todo, 2022 fueron 15.974. En 2023 hubo 22.294 y en 2021, 4.500. 

La manifestación pacífica de transportistas concluyó en el Congreso, donde una delegación de representantes del sector expusieron sus denuncias a un grupo de parlamentarios en una rueda de prensa.

Piden tipificarlo como "terrorismo urbano"

Alrededor de las 14.00 hora local (19.00 GMT) el gobierno peruano convocó a los medios para anunciar las decisiones que ha tomado frente a este escenario.

Comunicó que por 60 días declaraba en emergencia 11 distritos de Lima y uno de la provincia portuaria del Callao, donde corresponderá a la Policía Nacional de Perú (PNP) mantener el control interno en esas zonas y las Fuerzas Armadas ejecutarán acciones de apoyo para garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, detalló que el gobierno también remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica como "delito de terrorismo urbano" el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.

gs (efe, afp, RPP)