Hay pocos gobernantes que han tenido un impacto tan profundo en su país como Alberto Fujimori en el Perú. Aún estando condenado a 25 años de prisión, no solamente su persona, sino también los conflictos internos de la familia Fujimori, especialmente entre sus hijos Keiko y Kenji, han creado un destacado  "componente político", que ha contribuido al declive y al desencanto con los mandatarios y el Parlamento peruanos. 

Además, sus secuelas inmediatas penetran todas las instituciones del país. Perú sigue impregnado del estilo y del abuso que ha creado el impacto del fenómeno "Fujimori". Así como la concesión del indulto del año 2017 contribuyó a la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, la restitución del perdón podría, por el momento, paradójicamente, ayudar al actual presidente Pedro Castillo a sobrevivir a los intentos de suspenderlo de su cargo.

La crisis institucional sin precedentes que padece el Perú es asociada íntimamente con el nombre de la familia Fujimori, con sus artimañas políticas, el 'influyentismo' y la corrupción empleadas de manera continua, y lo que es lo más grave, su total irrespeto a la institucionalidad y la división de poderes.

Tratan, una y otra vez, de moldear la política y el Estado de acuerdo a sus intereses personales, y tienen la capacidad de generar, una y otra vez, apoyo popular para sus acciones. A pesar de no haber podido suceder a su padre como presidente del país, con su partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha contribuido a desarticular Gobiernos, así como la relación armoniosa entre los poderes políticos del Perú.

Fujimorismo, motor de consensos negativos

El fujimorismo ha demostrado ser una fuerza segura para promover la polarización del país e impedir la creación de consensos, más allá de los negativos, para bloquear presidentes y Gobiernos electos en su gestión.

Nuevamente, es una decisión del Tribunal Constitucional la que desencadena una crisis interna en el Perú, con la anulación de la decisión judicial contra el indulto humanitario que recibió el expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017, por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La decisión de entonces de PPK estaba ligada al interés del presidente por mantenerse en el poder, ante el proceso de vacancia de poder impulsado por una mayoría adversaria en el Parlamento. Y lo mismo se repite, en estos días, con el actual presidente Pedro Castillo, aunque con signo opuesto –él podría sacar provecho de la polarización creada por la decisión del Tribunal Constitucional.

Malo para PKK, ¿bueno para Castillo?

Castillo está amenazado por el mismo procedimiento por irregularidades que se han sucedido en el muy corto tiempo de su gestión de ocho meses, con cuatro gabinetes y un flujo de 21 ministros destituidos o que tuvieron que retirase por abusos de poder, desorganización gubernamental o simples conflictos personales.

No se observa ningún avance en la gestión gubernamental, sino más bien una sucesión de desavenencias, inconformidades y una incapacidad política, que afectan al propio presidente, tras llegar al poder sin equipo propio y, al parecer, también sin un plan político para poder cumplir los 5 años de su ejercicio en el cargo.

Según el inciso 2 del Artículo 113 de la Constitución Política del Perú, la Presidencia de la República "vaca" por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Es un instrumento que se ha convertido en una amenaza continua para los presidentes del país que carecen de un claro apoyo parlamentario: un arma que pende sobre el presidente de turno, como consecuencia de una situación de profunda polarización política, acompañada de una fragmentación masiva de las fuerzas políticas del país.

De nuevo, la Justicia juega un papel importante, en tanto que el Ministerio Público ha iniciado varias investigaciones por la presunta comisión de delitos de corrupción, tráfico de influencias, organización criminal y colusión, en los diferentes gabinetes que han pasado por las oficinas en los pasados ocho meses.

El propio partido del presidente, Perú Libre, se ha alejado del que fuera su candidato en las pasadas elecciones, en las cuales había alcanzado el 18,92 por ciento de los votos en primera vuelta, superando luego en el balotaje a Keiko Fujimori, con el 50,13 por ciento de los votos. Hoy, la aceptación del presidente ha bajado al 25 por ciento en las últimas encuestas.

Perdón doloroso y controvertido

La decisión del Tribunal Constitucional de restituir el indulto a Alberto Fujimori concedido por razones humanitarias, que fueron obviamente políticas en su momento, vuelve a conmocionar a la sociedad peruana. En vista de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Fujimori, su excarcelación tras cumplir algo más de 15 años de cárcel es muy controvertida.

El perdón implicaría también la suspensión de procesos pendientes contra Fujimori, especialmente el caso de las esterilizaciones forzadas durante su gestión presidencial. Sin embargo, el Gobierno del presidente Castillo ha anunciado que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lograr revertir este fallo del Tribunal Constitucional, inapelable a nivel nacional.

"Que se vayan todos", ¿que se quede Castillo?

La suerte del expresidente, que jamás se arrepintió de sus actos, vuelve a conmocionar al país y aumenta, una vez más, la falta de credibilidad en el sistema judicial. El "componente político" de la decisión del Tribunal Constitucional afecta de forma profunda la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura fujimorista de los años 90. Se acrecienta el clamor de "que se vayan todos",  rige la desafección política entre la gente, un problema que la pandemia ha agudizado. 

Paradójicamente, esta nueva polarización podría contribuir a desarticular el frente común que persigue la destitución del presidente Castillo en el Parlamento. Muchas fuerzas políticas no estarán dispuestas a aliarse con la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y respaldar así el excarcelamiento de su padre.

Que el caso Fujimori vuelva a abrir heridas ya cicatrizadas en la sociedad peruana podría ser de ayuda para la sobrevivencia política de Castillo, pese a su caótica gestión. Probablemente, será una especie de tregua, porque las alianzas pueden volver a configurarse en su contra y convertirlo, efectivamente, en objeto de "vacancia", a raíz de sus próximas decisiones polémicas o de actos de corrupción cometidos por él o sus gabinetes, en el ejercicio de sus funciones.

(rml)