A pesar de las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus, miles de peruanos salieron a las calles de todo el país para manifestarse en contra de la vertiginosa destitución de Martín Vizcarra de la presidencia de Perú. La decisión fue ejecutada por el Parlamento mediante un mecanismo de la Constitución que logró remover del cargo a Vizcarra por "incapacidad moral”, a solo cinco meses de las elecciones generales.

Los argumentos que se utilizaron para declarar la vacancia presidencial fueron los presuntos sobornos que habría recibido el ahora exmandatario para autorizar obras públicas en la región sureña de Moquegua, donde fue gobernador entre 2011 y 2014. La suma del dinero ilícito bordearía los 650.000 dólares, y provendría de empresas investigadas por integrar una presunta red de pagos ilícitos, conocida como el "Club de la Construcción”. Dichas acusaciones han sido negadas por Vizcarra.

El Parlamento de 130 congresistas logró reunir 105 votos, superando así el mínimo reglamentado de 87 para destituir a un presidente. Debido a que Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018,  gobernaba sin vicepresidentes, quien asume el cargo por sucesión, según la Constitución, sería el presidente del Congreso. En este caso, Manuel Merino. Entonces, ¿por qué se habla de una destitución inconstitucional o de golpe de Estado? 

Los artículos clave de la Constitución

De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, las causales para vacar a un presidente se dan por muerte, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de una renuncia, salir de territorio nacional sin permiso y no regresar en el plazo fijado y destitución tras haber sido sancionado por infracciones mencionadas en el artículo 117. Pero precisamente en el artículo 117 sobre la inmunidad presidencial se establece que el presidente solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, impedir su reunión y funcionamiento, así como el de los organismos electorales.

“Esta ha sido claramente una destitución inconstitucional. Solo han sumado técnicamente los votos en el Parlamento, que son por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Sin embargo, en la Constitución, solo se puede vacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. Con esto se han roto 20 años de democracia continua en Perú”, explica a DW Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Al igual que Tuesta, la abogada constitucionalista y periodista peruana Rosa María Palacios, cree que existe un grave problema de interpretación de la ley, pues "se ha destituido al presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, sin siquiera permitir que se haga un proceso judicial o discutir una suspensión por dicho proceso judicial, que no existe, porque aún está en etapa de investigación fiscal preliminar. Y, además, los delitos no pueden ser perseguidos durante su mandato. Este ha sido un golpe disfrazado de institucionalidad”.

Solo en el gobierno Kuczynski-Vizcarra, que empezó en 2016, hubo cuatro intentos de vacancia. Tres no prosperaron a diferencia del último, que sentaría un mal precedente para el futuro: "Si uno interpreta que a partir de ahora dos tercios de los congresistas pueden votar que el presidente es un inmoral, entonces ya no sirve de nada el artículo 117. ¿Para qué sería necesario ese artículo si todo se puede hacer a través de la vacancia por incapacidad moral? No tendría mucho sentido. No sabemos qué es ser inmoral para el Congreso, porque no está definido”, señala el analista político Alonso Gurmendi de la Universidad del Pacífico.

Estrategia política 

Sin embargo, si este juicio político relámpago contra Vizcarra es considerado por diversos expertos como inconstitucional, llama la atención que este acepte la decisión del Legislativo sin inmutarse y abandone el Palacio de Gobierno pocas horas después. "La razón es que primó una estrategia más política que jurídica para poder así construir una posibilidad de cara a las elecciones de 2026. De acuerdo a varias informaciones que tenemos aquí, Vizcarra no quería aparecer ante el pueblo peruano como una persona que se aferraba al poder”, comenta Palacios a DW desde Lima.

De esa misma manera interpreta Tuesta el comportamiento de Vizcarra, pues así saldría victimizado y agredido por un Congreso que la gente odia: "Los 105 votos a favor de la vacancia es algo que no es fácil de eludir; Vizcarra habría valorado dar una batalla institucional acompañado de la gente, pero no tenía muchos instrumentos. Quizá por eso decidió mejor armar un partido propio y regresar en 5 años, pues se ha ido con un importante capital político”.

En las últimas encuestas, Vizcarra tenía alrededor de 60% de aprobación, mientras que el Parlamento apenas 15%. Apenas dejó su cargo, el expresidente se puso personalmente a disposición de las autoridades y tras el pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial pidió este viernes impedimento de salida del país por 18 meses. Los expertos consultados por DW indican que, de todos modos, se iba a tener que investigar a Vizcarra, porque existen indicios por los que tiene que responder a la justicia. "Hay dudas sobre su inocencia y la gente que ahora está en las calles sí pide que lo investiguen, pero esto tenía que ocurrir después de terminar su mandato como dicta la Constitución. Por eso la gente rechaza a Merino”, comenta Gurmendi desde Londres.

La última palabra

Ahora, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional (TC), que evaluará el 18 de noviembre el recurso interpuesto por Martín Vizcarra. El máximo órgano de interpretación de la Carta Magna en Perú delimitará la causal de incapacidad moral permanente usada por el Parlamento.

También la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldada por distintos Gobiernos de la región, han expresado su profunda preocupación por la crisis política en el país andino y ha pedido al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la decisión adoptada por el Parlamento. Por su parte, Human Rights Watch pidió a la OEA convocar a consejo permanente. El organismo internacional consideró que la vacancia presidencial de Martín Vizcarra representa "una grave amenaza al estado de derecho”.

Mientras tanto, al parecer, "la gente seguirá protestando multitudinariamente en las calles y eso es lo que este gobierno de Merino no entiende”, dice Palacios, quien ve dos posibles escenarios: "Que el TC declare la nulidad de todo lo actuado y Vizcarra regrese, o que se llegue  a una negociación política. Luego de esa resolución del TC, si se decide que Merino renuncie, se podría elegir a otro presidente entre los parlamentarios que no hayan votado por la moción de vacancia y que no estén entre los 68 congresistas investigados por diversos delitos”.

El analista Gurmendi concuerda con la alternativa de que Merino renuncie y la presidencia sea asumida por otro parlamentario, "que tenga el propósito de hacer un gobierno de transición cuyo único fin sea llegar a las próximas elecciones, sin hacer reformas radicales, por ejemplo, respetando la reforma universitaria que, por intereses personales de los congresistas dueños de universidades privadas, está en peligro”. El politólogo Tuesta, por su parte, ve difícil que se restituya a Vizcarra o se nombre a otro presidente. Más bien, cree que el TC actuará sobre los hechos ya consumados: "Pero quizás, y eso es lo que esperamos todos, el TC dé un contenido distinto sobre el artículo 113. Deben pronunciarse sobre una situación que puede repetirse si mantenemos así ese artículo: con el que un presidente sin representación o con minoría en el Parlamento puede ser vacado por cualquier razón”.