Algunas mujeres eran llevadas a la fuerza a la sala de operaciones, otras directamente esterilizadas sin su consentimiento cuando acudían al médico por otras razones. En muchos casos sufrían amenazas, coacciones e incluso chantajes para someterse a esterilizaciones quirúrgicas. La mayor cantidad de denuncias por estas prácticas proceden de las zonas más pobres de Perú, como Huancavelica, Piura, Ayacucho, Cuzco, Apurímac, La Libertad, Puno y Cajamarca y las víctimas son quechuas, aymaras, shipibas, asháninkas de zonas rurales, aunque también hay en las periferias urbanas. Mujeres a las que se privó del derecho a decidir sobre su reproducción.

Hilaria Supa, excongresista peruana y actual parlamentaria andina de origen quechua, fue pionera en formalizar las primeras denuncias: “Las mujeres sabían que les atenderían la salud, pero nunca les explicaron qué eran las ligaduras o lo que llamaron las AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria). Fueron engañadas”, asegura Supa a Deutsche Welle. “Por ejemplo, Micaela. Fueron a su casa dos veces a decirle que habría campaña de salud para la familia y la recogieron en la ambulancia con su esposo e hijo. Al llegar al centro médico, le dicen: ‘el esposo y niño, afuera. Solo entra la señora'. Micaela entró, la encerraron y anestesiaron. Se quiso oponer y no la dejaron salir, salió cuando ya la habían operado.”

¿Un plan sistemático de esterilización?

El informe oficial de la Defensoría del Pueblo peruano afirma que entre 1996 y 2001 hubo un total de 272.028 ligaduras de trompas en mujeres y 22.004 vasectomías en hombres, cifras que superan con creces las esterilizaciones de años anteriores. ¿Se trató de un programa sistemático de eliminación de los derechos reproductivos de mujeres indígenas en zonas rurales? ¿O fueron “prácticas negligentes” en la aplicación del Programa de Planificación Familiar promulgado por Fujimori? Hasta en tres ocasiones ha archivado la Justicia peruana el caso.

“Las primeras investigaciones se archivaron porque los hechos habían prescrito. Se consideraron lesiones u homicidios negligentes y tales delitos prescriben en tiempos muy cortos”, explica a Deutsche Welle Yván Montoya, Coordinador del Proyecto Anticorrupción, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú. “En dicho momento no se consideraron los actos como crímenes de lesa humanidad.” En una segunda ocasión, la Fiscalía continuó tratando los hechos como “prácticas lesivas negligentes”, prosigue Montoya, “pero lo central para su archivo fue considerar que las mujeres esterilizadas no lo fueron en realidad sin su consentimiento.”

Es aquí donde entra en juego el contexto de las víctimas, un factor de enorme importancia para el proceso: ¿fueron estas mujeres amenazadas para someterse a las esterilizaciones? “La Fiscalía sostuvo que en realidad no hubo coacciones. Cuando se las amenazaba con suspenderles el apoyo social del Gobierno o con el hecho de que serían denunciadas, la Fiscalía dice que no se trata de amenazas creíbles”, relata Montoya y aclara: “Claro, compara a las mujeres andinas, quechuahablantes, pobres y de zonas rurales con mujeres de la costa o de las ciudades con instrucción. En los dictámenes fiscales se nota en gran medida el desconocimiento de la realidad y situación de las mujeres andinas.”

La intervención de la CIDH

Gracias al activismo de varias ONG y asociaciones de víctimas, el caso de una de estas mujeres, Mamérita Mestanza, que falleció tras ser esterilizada, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando por tercera vez las investigaciones fueron archivadas por la Fiscalía, que trató los hechos como delitos comunes que ya habían prescrito, el caso suscitó una honda indignación en Perú. La CIDH pidió entonces que se reabriera el asunto. Tras esa intervención, se reiniciaron las investigaciones, que siguen actualmente su curso y está previsto que concluyan en febrero de 2016.

Recientemente, Juan Jiménez, valoró, como representante del Estado peruano ante la CIDH, la importancia de la elaboración de un registro único de víctimas. Esa es la reivindicación de Amnistía Internacional Perú en su campaña “Contra su voluntad”. Pero hay otras que están en marcha. La organización feminista DEMUS presentó recientemente “Somos 2074 y muchas más”. Sus objetivos son la creación de una Comisión de la Verdad, la elaboración del registro único de víctimas, la investigación a Fujimori por delitos de lesa humanidad y que el Estado implemente una política de reparaciones integrales. “La idea central es que la indignación sobre este tema se torne en solidaridad concreta: que la gente salga a las calles a luchar junto a las víctimas para que el Estado exponga un plan de implementación con los compromisos que ha adquirido con la CIDH”, dice a Deutsche Welle María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.

Reducir la pobreza mediante el control de natalidad

Cedano cree que Perú sigue siendo un país “profundamente racista y profundamente machista, donde muchos todavía creen que las mujeres campesinas indígenas de zonas rurales no deberían tener muchos hijos.” El propio Alberto Fujimori dijo a principios de su mandato que los 90 serían “la década de la planificación familiar”.

Cedano opina que en Perú se implementó una política económica mediante la que, “para luchar contra la pobreza, había que llevar políticas de control de natalidad”. “Si esto se lleva a cabo mediante esterilizaciones quirúrgicas, sin medidas adecuadas y sin garantizar consentimientos informados, existe una responsabilidad”, reivindica Cedano.

La parlamentaria andina Hilaria Supa, por su parte, tiene esperanza en que el futuro traiga la reparación debida a las víctimas: “Luego de 18 años, esperamos que la Fiscalía haga la denuncia respectiva. Han pasado también tres Gobiernos, el de transición de Valentín Paniagua, el de Alejandro Toledo y el de Alan García, que no hicieron nada. Pienso que este Gobierno sí reparará a las víctimas”, concluye.