La Fiscalía de Perú citó al presidente Pedro Castillo para que el próximo 13 de junio declare en la investigación preliminar que se le sigue, junto a otros representantes del actual Gobierno y legisladores, por un presunto caso de corrupción, según trascendió este domingo (05.06.2022).

El Ministerio Público informó este domingo, en un comunicado, que la notificación a Castillo fue enviada por el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez. De acuerdo con sus prerrogativas, el mandatario puede decidir si acude ante el despacho fiscal o brinda su testimonio en el Palacio de Gobierno.

La entidad también programó la ampliación de la declaración del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes, mientras que el martes declarará la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero y, el miércoles, el abogado y exasesor del ministerio de Transportes Alex Starost. Además, se ha citado para esta semana a dos integrantes del comité de selección de la licitación para la construcción de un puente sobre un río de la Amazonía peruana.

Estas indagaciones forman parte de una investigación preliminar abierta por el fiscal Sánchez contra Castillo, Silva, y seis actuales congresistas, remarcó la nota oficial.

El caso Tarata

La Fiscalía investiga desde abril 2022 las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.

En estas pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, que era liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones. El fiscal general ordenó el 29 de mayo ampliar las pesquisas contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

La defensa del gobernante exige que se declare la "nulidad absoluta" de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una "tutela de derechos", ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.

Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó el 4 de junio 36 meses de impedimento de salida del país contra Silva, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular. La orden judicial contra Silva se dio por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado, mientras que contra Doroteo y Espinoza fue por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado.

ama (efe, afp)