Perú: fujimorismo se divide y pierde el control del Congreso
31 de enero de 2018
La expulsión de tres parlamentarios, entre ellos Kenji Fujimori, motivó la renuncia de otros 7 congresistas. El “kenjismo” anunció ahora un pacto con el Gobierno.
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Se acabó la hegemonía de Fuerza Popular en el Congreso de Perú, luego de que un grupo de diez legisladores del fujimorismo, encabezados por el popular congresista Kenji Fujimori, confirmara su salida de la bancada este miércoles (31.01.2018). Así reaccionó el grupo de los llamados "kenjistas” luego de que la noche del martes la comisión disciplinaria de Fuerza Popular expulsara a Kenji, Bienvenido Ramírez y Maritza García.
Esta decisión deja a la bancada de la agrupación que lidera Keiko Fujimori, la hermana mayor de Kenji, con 61 de los 130 escaños que tiene el Congreso, que hasta ahora había dominado a voluntad. Los diez parlamentarios renunciados son los mismos que en diciembre salvaron al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de ser destituido de su cargo por el Congreso al abstenerse y romper el voto en bloque de Fuerza Popular.
Kenji explicó que a los tres expulsados se suma la salida de siete parlamentarios, que renunciaron en solidaridad con él, Ramírez y García. Asimismo, anunció un "acuerdo de gobernabilidad" entre su grupo y el presidente Pedro Pablo Kuczynski para "reafirmar el diálogo y la reconciliación nacional y respaldar al Poder Ejecutivo en la solución de los problemas que aquejan al pueblo peruano".
Pierde, pero gana
"Para tomar la decisión de dar un paso importante de renunciar a la bancada del partido Fuerza Popular, es porque nosotros hemos sido atropellados de manera constante por la cúpula del partido", declaró Kenji. El hermano menor de Keiko enfatizó que la facción que lidera "ha venido luchando por la libertad de conciencia, expresión, contra los atropellos" que, según dijo, también sufrió su padre.
Tras conocerse el anuncio, el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril criticó a Kenji y lo instó a, además de dejar su bancada, también renunciar a su militancia. Becerril admitió que, con la salida del grupo disidente, su agrupación "pierde en número", pero consideró que "gana en cohesión, unidad y congresistas, en vivir en coherencia y democracia". Ahora, Fuerza Popular se verá forzada a negociar con otros sectores, algo que hasta ahora no había sido necesario.
DZC (dpa, EFE)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
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Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
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Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
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Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.