De un día para otro, los ministros, viceministros y secretarios generales del gobierno peruano vieron sus sueldos incrementados en un 100 por ciento y en algunos casos, hasta un 300 por ciento, en una medida que ha causado controversia en el país sudamericano. La noticias fue anunciada el sábado 8 de febrero por el régimen de Ollanta Humala, desatando el inmediato malestar de distintos sectores de la ciudadanía.

La nueva escala de salarios hizo que los ministros pasen de ganar 5.600 dólares a 10.700; los viceministros recibirán ahora a fin de mes 10.000 dólares en lugar de los 5.300 que percibían antes, mientras que los secretarios generales de ministerios pasarán de 4.800 a unos cómodos 8.900 dólares. El parlamentario Yohny Lescano opinó que “es un descaro que se les aumente sueldos a los ministros y que los profesores, policías y enfermeras sigan teniendo sueldos míseros”.

Otro que reaccionó con dureza fue el expresidente y casi seguro candidato en las futuras elecciones, Alan García, quien se preguntó en Twitter si no se estará el gobierno aprovechando “del entusiasmo nacional por La Haya para duplicar los sueldos de la alta burocracia”. Además, García aseguró que “el pueblo detendrá esa injusticia”, añadiendo que “cero en seguridad, educación y en inversión, pero los ministros se duplican los sueldos”.

Es para atraer profesionales, dicen

La inesperada y sorpresiva medida, que por ahora no toca el ingreso del presidente ni el de los congresistas (5.700 y 5.300 dólares, respectivamente), también despertó el malestar entre los trabajadores. El vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores, Olmedo Auris, llamó a los parlamentarios a interpelar al ministro de Economía, para que explique por qué se aumenta el salario a las autoridades y se les niega el mismo aumento a otros sectores.

“Es una medida injusta y el ministro ha dicho que la base legal para que incrementen el sueldo se encuentra en la Ley del Servicio Civil, cuando ni siquiera tiene reglamento”, dijo en la radio RPP el dirigente de la mayor central obrera del país, que recordó entre otras cosas que los jubilados tienen “pensiones de hambre que insultan la dignidad humana”.

Luis Miguel Castilla, el ministro de Economía, intentó justificar la medida señalando que se busca atraer “la tecnocracia, la meritocracia, para tener funcionarios eficientes y que puedan rendir cuentas de sus actos”. Castilla, un liberal ortodoxo, es acusado de oponerse a que se mejoren los salarios de los trabajadores del Estado y a que se incremente la inversión en sectores con carencia.

DZC (EFE, dpa)