Pocos días han pasado desde que el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad del Estado peruano y comunidades indígenas en la provincia de Bagua desatara la más seria de las crisis atravesadas por el presidente Alan García en su segundo mandato. El viernes 7 de junio de 2009, agentes policiales recibieron órdenes de disipar las protestas organizadas por miembros de 65 etnias de la zona amazónica y al intentar romper el bloqueo de una autopista se produjo un intercambio de disparos que le costó la vida a unas cuarenta personas, entre civiles y oficiales de la policía local.

Con cada una de las partes arrogándose la mayoría de los muertos y la veracidad de su versión de los hechos, los sucesos de Bagua siguen arrojando más preguntas que respuestas.

García versus Pizango

No existen todavía reportes fiables sobre lo que ocurrió el viernes pasado en el noroeste de Perú y los medios locales parecen estar más interesados en informar sobre la situación actual de los protagonistas de este conflicto –el presidente Alan García y el líder indígena Alberto Pizango–, que en arrojar luz sobre el trasfondo de los acontecimientos. García ha acusado a Pizango de sedicioso y éste ha tildado al mandatario de genocida.

En su edición del martes 9 de junio, la página web del diario peruano El comercio especuló que el ministro de Agricultura del presidente García presentaría su carta de dimisión poco después de que la Ministra de la Mujer renunciara a su cargo por estar en desacuerdo con el tratamiento de la información brindada por el Gobierno sobre las protestas en la provincia amazónica.

Sin embargo, la noticia del día fue la solicitud de asilo en la embajada nicaragüense de Lima por parte de Pizango, quien preside la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y está acusado de instigar los disturbios en cuestión. Sobre Pizango pende una orden de busca y captura.

Codiciados territorios

“Estos sucesos tienen su origen en un decreto establecido por el Gobierno peruano que contradice los acuerdos y contratos que ese mismo Gobierno había firmado con las comunidades indígenas. El Gobierno les había asegurado que sus representantes siempre serían consultados antes de que el Estado tomara decisiones sobre asuntos de mutuo interés”, explica Jürgen Golte, profesor de Etnología en la Universidad Libre de Berlín y miembro del Instituto de Estudios Latinoamericanos, especializado en la investigación de las culturas precolombinas de los países andinos.

“Lo que generó el actual conflicto fueron las ‘perforaciones de prueba', perforaciones del suelo realizadas para ubicar y explotar nuevos yacimientos de petróleo y gas natural en la selva amazónica. La población que allí vive teme que, si se llega a descubrir petróleo en la región, se termine destruyendo su patrimonio cultural y la naturaleza que los rodea”, agrega Golte.

Dos meses de protesta

Aunque los enfrentamientos de Bagua atraparon la atención internacional el 7 de junio, las protestas de las organizaciones indígenas habían comenzado el 19 de abril como respuesta a decretos legislativos que violarían su derecho a las tierras que ocupan desde antes de la Colonia y atentarían contra la conservación de los recursos naturales de la zona. Según el diario español El país, cerca de 5.000 manifestantes bloquearon vías terrestres y fluviales –Bagua está situada a orillas del río Utcubamba–, y obstaculizaron operaciones petroleras y gasíferas en la región.

El periódico sostiene que el Congreso había aceptado revisar algunos de los decretos que inspiraron la discordia, pero el catedrático de la Universidad Libre de Berlín y atento observador del acontecer en Perú disiente: “el Gobierno reaccionó con violencia para resolver el problema, sin apelar a las negociaciones. Todo parece indicar que tiene un gran interés en poner las tierras del Amazonas a disposición para que sean aprovechadas en un contexto internacional”, afirma Golte.

De prisa, pero sin tino

A juicio de Golte y otros especialistas, el Gobierno de Alan García respondió con prontitud pero poco tino a la crisis: un anuncio televisivo emitido para dar a conocer la versión oficial sobre los enfrentamientos de Bagua fue criticado severamente por atizar aún más el conflicto en lugar de atenuarlo, con denuncias de conspiración contra el desarrollo nacional y epítetos racistas dirigidos a los protestantes.

Citando a la agencia Associated Press, el diario peruano El comercio señaló el lunes 8 de junio que el Gobierno boliviano había rechazado las acusaciones del embajador peruano sobre una presunta injerencia de su parte en los asuntos nacionales de su vecino.

“El Gobierno apunta a una serie de enemigos dentro y fuera del Perú que supuestamente estarían espoleando al pueblo para ponerlo en contra de García; afirma que detrás de las protestas están partidos políticos opositores; dice que el conflicto estalló por la falta de disposición de los indígenas a negociar y por la influencia que factores externos ejercieron sobre ellos, pero todavía no hay prueba de ello”, comenta Golte.

Previendo lo imprevisible

Pese a lo difícil que es predecir la magnitud de las consecuencias que este episodio de la historia política peruana podría traer para el Gobierno de Alan García o el movimiento indígena local a corto plazo –sobre todo considerando la escasez de información confiable– , Golte se aproxima con pronósticos razonables: “Hay una notable asimetría entre las fuerzas que protagonizan este conflicto”, comenta. “Las organizaciones indígenas peruanas tienen una gran resonancia frente a la opinión pública internacional, pero no tienen eco en Lima ni tienen acceso al poder”.

“Por otra parte, los indígenas conocen mejor el bosque lluvioso que los representantes del Gobierno peruano”, añade Golte. “No es improbable que se desarrolle un conflicto de baja intensidad y larga duración, que termine demostrando lo poco que el Gobierno peruano domina su territorio amazónico”.

Golte tampoco descarta que la presión política y económica internacional termine persuadiendo al Gobierno peruano sobre la inevitabilidad de sentarse a negociar de igual a igual con las organizaciones indígenas. Perú es una nación exportadora que de por sí enfrenta dificultades propiciadas por la crisis financiera global; lo menos que necesita ahora es que, debido a sus fricciones sociales internas, los inversores extranjeros comiencen a percibirla como un país social y políticamente inestable, en donde resulta demasiado riesgoso invertir.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editora : Mirra Banchón