Esmeralda y Sherly tienen 12 años y a su corta edad libran, postradas a una silla de ruedas, una batalla contra la leucemia. A Esmeralda se le diagnosticó una aplasia medular severa y a Sherly leucemia mieloide crónica. La primera tenía 28 microgramos de plomo por cada decilitro en la sangre, es decir, casi tres veces más de lo permitido y pudo ser trasladada desde Perú a Argentina para ser sometida a un trasplante de médula ósea. En la sangre de Sherly también se detectó plomo, y, además, altos niveles de arsénico y otros metales tóxicos.

"Estoy luchando por la salud de mi hija, no estoy pidiendo limosna. Vivo en extrema pobreza y la salud de mi hija se va agravando", ha pedido desesperado en varias ocasiones frente al ministerio de Salud de Perú Marco Castañeda, para que su hija Sherly también pueda recibir en la capital argentina, como Esmeralda, un trasplante de médula ósea. 

Estos son, sin embargo, solo dos de los más de tres mil casos de afectados que se han reportado, según cifras oficiales de 2018, con hasta 14 metales pesados en la sangre en la capital minera de Perú, Cerro de Pasco. En la sangre de más de 2.670 niños de entre 0 a 11 años de edad se encontró metales tóxicos como mercurio, arsénico pero, sobre todo, plomo. 

Responsabilizan a transnacional europea

Las víctimas responsabilizan a la empresa minera Volcan, compañía que pertenece al conglomerado suizo de materias primas Glencore, que es la principal operadora en la ciudad. Un cráter denominado El Tajo domina Cerro de Pasco, que está ubicada a 4.380 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. El gigantesco hoyo es una mina a cielo abierto de zinc, plata y plomo conformada por enormes escalones. Los aproximadamente 59.000 cerreños absorben durante toda su vida metales pesados a través del agua corriente.  

“Las consecuencias se reflejan en el nivel cognitivo de los menores, tienen problemas de aprendizaje y concentración, dolores de cabeza, a nivel fisiológico. Y algo que es común en todos: el sangrado por la nariz”, cuenta en entrevista con DW Abel Gilvonio, asesor de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos de Perú.

“A los menores de esta zona se les conoce como los ‘niños con plomo’. En realidad, como casi toda la población de Cerro de Pasco está contaminada, pero, sobre todo, las mujeres gestantes, los niños ya nacen contaminados. Este es un problema de contaminación acumulativa para el cual el Estado hasta ahora no da una solución”, dice a DW Beatriz Cortéz, abogada de la ONG Red Muqui, que trabaja con las familias afectadas. 

Las familias de los menores afectados, cuenta Cortéz, también han intentado dialogar con la empresa Volcan pero esta alega no tener responsabilidad jurídica sobre el tema y afirma que ese problema de contaminación tienen que arreglarlo con el Estado: “Es decir, les han cerrado la puerta en la cara y no han demostrado querer llegar a algún acuerdo o  ayudar”.

Entre las más multadas 

Según la Organización de Evaluación de Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA), la empresa Volcan está entre las compañías más multadas por haber cometido diferentes infracciones ambientales en Perú. Volcan habría extraído durante años más mineral del que figuraba en los compromisos de la compañía. Solo en el Distrito Simón Bolívar, donde vive las niñas Esmeralda y Sherly, la minera ha recibido 23 sanciones, entre 2010 y 2016, que representan una multa acumulada de 3 millones de dólares. Y en toda la región de Pasco, de la cual Cerro de Pasco es la capital, habría cometido más de 250 faltas. 

“Aquí el poder corporativo ha capturado escandalosamente el Estado. Eso ha permitido la flexibilización de los estándares ambientales o políticas de lobby que benefician al empresariado y que no hacen que las poblaciones puedan sentirse protegidas. Por el contrario, aquí se criminaliza, encarcela y hasta mata a dirigentes sociales”, recuerda Gilvonio.

Por su parte, la representante legal de Red Muqui explica que, a pesar del grado de exposición de cientos de niños afectados, no se ha logrado establecer un nexo de causalidad sobre quiénes serían los responsables de esta afectación a la salud. “Hasta la fecha solo hay una respuesta muy aislada y muy poco efectiva de parte del Estado, porque solo se atienden a niños que están muy graves de cáncer. El año pasado, algunos ya han muerto”, lamenta Cortéz. 

Salud postergada 

En febrero del año pasado, poco antes de que se declarara la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, alrededor de 40 familias de Cerro de Pasco se movilizaron hasta Lima y acamparon por un mes frente al ministerio de Salud. Incluso se encadenaron para exigir al Gobierno que cumpla con financiar tratamientos para sus niños en el extranjero, pues el país no cuenta con médicos toxicológicos que puedan brindarles la atención que necesitan.

“Uno de los lemas del país es ‘Perú, país minero’, pero es preocupante que no tenga médicos toxicológcos. El coronavirus ha profundizado este problema y suponemos que la atención a estas personas también va a quedar postergada. Hace poco se han reconocido errores y se ha creado una comisión multisectorial, pero está paralizada. Ciertamente no existe una verdadera vocación de atender el problema de forma integral, con los ministerios de Salud, Ambiente y Vivienda”, dice Gilvonio. 

Esperanza fugaz

A finales de noviembre de 2020 pareció asomar una luz de esperanza: en Suiza, se iba a decidir a través de un referéndum nacional si las empresas con base en dicho país debían enfrentar a la justicia por violaciones a derechos humanos y daños ambientales, por abusos cometidos por sus filiales en cualquier parte del mundo. 

La “iniciativa para la responsabilidad empresarial” se centró en el caso de los niños afectados de Cerro de Pasco. Si Suiza votaba a favor, las familias de Cerro de Pasco iban a poder acudir a tribunales suizos para pedir reparaciones. Sin embargo, esta iniciativa tampoco prosperó. A pesar de que se obtuvo el respaldo de la mayoría de los votantes, no se logró la mayoría necesaria a nivel regional, por cantones: 50.7% de suizos votaron a favor de la iniciativa, pero en 17 de los 26 cantones ganó el “No”.   

Sin cambios a la vista y resignados

Por el momento, informes médicos solo han recomendado a las familias afectadas no vivir en zonas contaminadas. Pero no tienen otro lugar a donde ir. Por ahora, se han quedado sin atención ni una solución en medio de una creciente segunda ola del coronavirus en el país, que ha vuelto a ordenar un confinamiento estricto. 

“En general, nadie se opone a la actividad privada, se pide que se haga cumpliendo los derechos básicos de salud, ambiente y agua. La justicia social y ambiental son muy importantes porque las dos están unidas en el caso de Cerro de Pasco. No podemos hablar de justicia social si no defendemos también la justicia ambiental como componente básico para el desarrollo de la vida digna”, defiende la jurista Cortéz de la Red Muqui.