Las protestas en Perú tras la salida de Pedro Castillo de la presidencia, y su reemplazo por Dina Boluarte, cumplen ya largas seis semanas y el número de muertos supera con largueza el medio centenar. Tomas de aeropuertos, bloqueos de carreteras, desabastecimiento, incendios, ataques a comisarías e invasión policial de la emblemática Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, constituyen algunos de los episodios que han marcado este mes y medio de caos en el país sudamericano.

Sin un líder político claro, las movilizaciones se han organizado sobre la base de grupos locales de trabajadores o campesinos. Por ejemplo, solo en Puno, la reanudación de las protestas tras la tregua navideña fue decidida por trece dirigentes, que se reunieron el 31 de diciembre en un centro comercial de Juliaca. En otras regiones hay números similares de cabecillas, y la coordinación puede tornarse compleja, especialmente porque las exigencias son variadas. Pese a ello, hay algunas en las que todos coinciden: renuncia de Boluarte y convocatoria de elecciones. Muchos grupos, pero no todos, piden también llamar a una Asamblea Constituyente.

Según la Policía peruana, Rocío Leandro Melgar sería una de las instigadoras de las protestas más violentas por parte de una facción de Sendero Luminoso, y fue detenida a comienzos de enero.  Los estudiantes de la Universidad San Marcos, la Confederación General de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también han adoptado roles de organización. Julio César Bazán es el presidente de esta última entidad sindical, y desde Lima conversó con DW.

Deutsche Welle: ¿Cuáles son las condiciones que ponen ustedes para dialogar con el Gobierno?

Julio César Bazán: Hemos señalado claramente, y lo mantenemos, que estaríamos dispuestos a dialogar en la medida que se generen las condiciones adecuadas. Eso significa que se establezca un cronograma electoral para este año y que se dé paso a un gobierno de transición. 

¿La renuncia de la presidenta no está en el petitorio?

Obviamente, está sobre la mesa, porque el gobierno de transición pasa por la renuncia de la señora presidenta y también por la renuncia de la mesa directiva del Congreso.

¿Reconocen la legalidad o la validez del Gobierno de Dina Boluarte?

El señor (Pedro) Castillo cometió un enorme error, pero la sucesión constitucional pasaba legalmente por Boluarte. Sin embargo, la respuesta que ha dado el pueblo en defensa de su soberanía deslegitima al Gobierno, y nosotros estamos del lado del pueblo. Por lo tanto, no la reconocemos como una presidenta legítima, y ahora debe dar cauce a una salida política consensuada lo más pronto posible.

Solo para que quede claro: ustedes están dispuestos a negociar con un gobierno de transición, en ningún caso con Boluarte.

Tendríamos, en función del momento, que evaluar también esa posibilidad, porque para entrar en un gobierno de transición consensuado, podría ser necesario que haya un diálogo. La lucha por la soberanía significa una solución que devuelva la soberanía al pueblo, y eso pasa por un gobierno de transición y por elecciones inmediatas.

¿Apoyan ustedes en la CUT la petición de una Asamblea Constituyente?

Formamos parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, y parte de nuestra reclamación para el desarrollo del país es que se establezca una nueva Constitución. Parte de la soberanía del pueblo es consultarle a él para que decida su propio destino y, en ese sentido, nosotros, desde el inicio, reclamamos el cambio de la Constitución, porque esta fue impuesta por la dictadura de Fujimori en los noventa.

¿Esa Asamblea Nacional de los Pueblos coordina las movilizaciones?

La centralización del movimiento se está dando en plena lucha. La Asamblea Nacional de los Pueblos está constituida por las organizaciones con representación nacional, pero en cada región existen movimientos propios que se están identificando plenamente por un cambio constitucional. Esos movimientos, el nacional y el regional, están acercándose y consideramos que, en el más corto tiempo posible, habrá ya una centralización para que todos actuemos en una sola dirección.

Cuando haya que negociar, ¿quiénes van a ser los representantes de los movimientos, si no hay liderazgos claramente establecidos?

En principio, estamos planteando a los movimientos regionales que nominen a sus voceros, sus delegados, y en ese proceso nos encontramos. Lo deseable es que sean los propios pobladores movilizados los que participen en un proceso de esta naturaleza.

¿Podría la Iglesia católica ser un mediador válido?

Mira, si no cambian la agenda del diálogo, difícilmente va a haber posibilidades de que la Iglesia o cualquier otra entidad entre de mediador. El Gobierno cree que dándoles determinados proyectos o cosas a los pobladores va a resolver el problema. No es así. Este es un problema político.

Hay rumores de que Evo Morales y Sendero Luminoso están involucrados en las protestas. 

Definitivamente, aquí lo que hay es el invento de una narrativa antiterrorista y antiizquierdista para criminalizar la protesta y para justificar las acciones represivas con armas letales, como están haciendo en el Cusco. Eso de Evo Morales no es una realidad.

(ms)