El 17 de marzo de 2014, la Policía Federal lanzó la Operación Lava Jato, que investiga una megarred de lavado y malversación de fondos que involucra a políticos, Petrobras y grandes contratistas en el país. El nombre se tomó de la gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes judiciales el mismo día 17. Uno de los primeros detenidos fue el cambista de dinero Alberto Youssef (foto).

El exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa (foto) fue detenido tres días después. Él comenzó a ser investigado por la PF después de que Youssef le regalara un automóvil de lujo en marzo de 2013. Ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público Federal (MPF) por irregularidades en la compra de una refinería de Pasadena (EE. UU.) en 2006.

Las confesiones de Youssef y Costa destaparon una trama de corrupción masiva dentro de Petrobras, de la que formaban parte directivos, políticos y contratistas. De acuerdo con el MPF fueron desviados más de 507 millones de euros de las arcas del Estado, aunque todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2.400 millones de euros en pagos de comisiones ilegales y otras irregularidades.

El escándalo de Petrobras fue un tema central de la campaña electoral de 2014. La filtración de la confesión de Paulo Roberto Costa a la Policía Federal, en la que acusaba a los políticos implicados en la trama de corrupción estatal, fue utilizada por los candidatos de la oposición para atacar a Dilma Rousseff. La operación Lava Jato calentó debates y agravó el conflicto.

Según el esquema de la trama había empresarios que pagaban sobornos a funcionarios públicos para aumentar sus márgenes de beneficio y obtener favores amañando licitaciones. En noviembre de 2014, la trama Lava Jato entró en una nueva fase cuando la PF ordenó la detención preventiva de 23 directivos de empresas como Mendes Junior, OEA, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Odebrecht.

Las empresas establecen normas. El MPF tiene documentos que prueban la existencia de lo que los defraudadores llamaban el "club" de los contratistas, que se encargaba de decidir quién participaría en determinadas licitaciones estatales. Ricardo Ribeiro, presidente de UTC-Engenharia y acusado de ser el coordinador del cártel, era el responsable del pago de sobornos a funcionarios públicos.

Se entregaban a funcionarios estatales de alto nivel, lo que aseguraba que sólo los miembros del cártel fueran invitados a las licitaciones. Un directivo de Toyo-Steal, por ejemplo, cobró un soborno por un contrato de 582 millones de euros. El dinero fue entregado al exdirector Renato Duque (en la foto) y al exgerente Pedro Barusco. Los sobornos variaban entre un 1% y un 5% del valor del contrato.

El 4 de febrero, el escándalo le costó el cargo al entonces presidente de Petrobras, Grace Foster (foto). Ella y cinco miembros de la junta estatal renunciaron. El expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, se hizo cargo de la petrolera con la misión de recuperar la imagen de la empresa.

En febrero de 2015 se creó la tercera Comisión Especial en la Cámara de Representantes para investigar las sospechas de corrupción estatal. Las otros dos, de 2014, no pidieron el procesamiento de políticos. La agencia de calificación crediticia Fitch rebajó la nota de Petrobras a "BBB-", la más baja del grado de inversión. La agencia Moody ya había hecho lo propio.

La investigación apunta a que había políticos que también recibían sobornos desviados de Petrobras. Los políticos implicados en la trama recibían, según Costa, el 3% del valor de los contratos estatales. El dinero habría sido utilizado para financiar campañas electorales y sobornar a diputados, senadores y funcionarios.

El 3 de marzo, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregó una lista pidiendo la apertura de una investigación contra 28 políticos. Entre los investigados, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiros, los exministros Edison Lobão y Antonio Palocci, la exgobernadora Roseana Sarney y el expresidente Fernando Collor de Melo.

Con cinco meses de retraso, el 22 de abril Petrobras anunció el balance de cuentas del año 2014. El informe mostró que la empresa registró pérdidas por valor de más de 1.500 millones de euros en concepto de desvíos de recursos de la operación Lava Jato puesta en marcha por la PF, y de más de 5.238 millones de euros a final de año. La devaluación de sus activos superó los 10.600 millones de euros.

Seis personas fueron condenadas a pagar una reparación de al menos 4 millones de euros a Petrobras. Márcio Bonilho, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Esdra de Arantes Ferreira y Waldomiro de Oliveira cumplen penas de entre 4 y 6 años de prisión. El exdirector Paulo Roberto Costa fue sentenciado a 7 años y 6 meses, mientras que Alberto Youssef a 9 años y 2 meses.

Después de las pérdidas multimillonarias de 2014, en parte por causa de la corrupción, los resultados parciales de Petrobras fueron positivos: 1.285 millones de euros, a pesar de la caída de la inversión. De visita en EE. UU. a finales de junio, Rousseff respondió a las acusaciones de un contratista investigado diciendo que en la escuela había aprendido que no le gustan los delatores.

El 19 de junio la PF inició la 14ª fase de Lava Jato ordenando la detención de los presidentes de las empresas constructoras Andrade Gutierrez y Odebrecht: Otavio Azevedo (foto) y Marcelo Odebrecht. Cuentas e inversiones por valor de 4,8 millones de euros fueron congeladas. Más tarde, los dos acusados serían procesados y, el 9 de marzo de 2015, Odebrecht fue condenado a más de 19 años de prisión.

A mediados de julio la PF realizó registros en 7 Estados. Tres coches de lujo fueron incautados en la mansión donde vivía el expresidente Fernando Collor. El expresidente Lula salió en las noticias, sospechoso de facilitar el tráfico de influencias para favorecer a la empresa Odebrecht, investigada en la trama Lava Jato. Eduardo Cunha culpó al Gobierno por su participación en las investigaciones.

El 20 de julio de 2015, tres exdirectivos de Camargo Corrêa fueron condenados: João Auler, Eduardo Hemelino Leite y el expresidente de la constructora, Dalton Avancini. Poco después, la PF puso en marcha la 16ª fase de la operación, bautizada como "radioactividad", y detuvo a Othon Luiz Pinheiro da Silva, presidente de Eletronuclear, una subsidiaria estatal.

El 3 de agosto la PF detuvo al exjefe de gabinete de la Presidencia, José Dirceu, como parte de la 17ª fase de la operación. Más tarde sería procesado por corrupción, lavado de dinero y conspiración. Según el esquema de la trama, habría recibido más de 2,8 millones de euros. Dirceu fue condenado por el "escándalo de las mensualidades" en 2012, y cumple arresto domiciliario desde noviembre de 2014.

Detenido en julio de 2015, el exdirector de operaciones internacionales de Petrobras, Jorge Zelada, fue acusado el 10 de agosto junto a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en casos de corrupción estatal. Entre ellas, el exgerente del área internacional de la petrolera, Eduardo Vaz da Costa Musa. Los dos fueron acusados de recibir un soborno de más de 27 millones de euros.

Surgida de la anterior, y conocida como Pixuleco, la 18ª fase de la Lava Jato se desencadenó el 13 de agosto cuando fue detenido temporalmente el exconcejal de Americana (SP), Alexandre Romano (PT). Se estima que la empresa Consist Software, administrada por Romano, habría recibido más de 12 millones de euros entre 2010 y 2015 a través de contratos relacionados con el Ministerio de Planificación.

El 21 de septiembre, casi una semana después de haber sido detenidos, João Vaccari Neto, extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), y Renato Duque, exdirector de Petrobras, fueron declarados culpables de los delitos de cohecho, blanqueo de dinero y asociación criminal. Vaccari fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión y Duke a 20 años y 8 meses, y a pagar una multa de 291.000 euros.

También el 21 de septiembre, la PF puso en marcha la 19ª fase de la operación Lava Jato, deteniendo de forma provisional al dueño de la constructora Engevix, José Antunes Sobrinho (foto). Es sospechoso de participar en la trama de corrupción de Petrobras a través del pago de 34 millones de euros en sobornos a Eletronuclear, una subsidiaria de Eletrobras.

El 1 de octubre, el Gobierno de Suiza informó del bloqueo de cuentas bancarias secretas asignadas a Eduardo Cunha y a su familia, después de que un banco elevara sospechas sobre lavado de dinero en abril. Por la imposibilidad de extraditarlo, las autoridades suizas transfieren la investigación a Brasil. El diputado ya había sido señalado en la trama Lava Jato por corrupción y lavado de dinero.

En septiembre y octubre llegaron las primeras sentencias relacionadas con políticos. El excongresista André Vargas (foto) fue condenado a 14 años de prisión. Pedro Correa, también ex diputado federal, deberá cumplir más de 20 años. Ambos fueron encontrados culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero, que incluían sobornos de 242.000 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.

La 21ª fase de Lava Jato se inició el 24 de noviembre cuando la PF detuvo al ganadero Carlos Bumlai, que un mes más tarde sería detenido por su implicación en irregularidades en contratos de Petrobras. Al día siguiente, más detenciones polémicas, las del senador del PT Delcídio Amaral (foto) y la del presidente del banco BTG Pactual, André Esteves. Fueron acusados de obstruir las investigaciones.

En la mañana del 15 de diciembre, Eduardo Cunha fue el blanco de la Operación Catilinárias, en la que se emitieron 53 órdenes de registro en hogares y oficinas. También fueron investigados los ministros Celso Pancera (Ciencia y Tecnología) y Henrique Eduardo Alves (Turismo), el senador Edison Lobão, el congresista Aníbal Gómez - todos del PMDB - y el senador Fernando Bezerra Coelho (PSB).

El 22 de febrero de 2016 estalló la 23ª fase de la operación, que acabó con la detención de, entre otros, el publicista Juan Santana, responsable de la campaña para la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, y Dilma Rousseff en 2010 y 2014. La PF investiga la transferencia de al menos 6,6 millones de euros ilegales en conceptos publicitarios procedentes de la constructora Odebrecht.

El 3 de marzo, el Tribunal Supremo (STF) aceptó la denuncia contra Eduardo Cunha presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Así, el presidente de la Cámara se convirtió en el primer acusado de Lava Jato con privilegios especiales. Tendrá que responder por delitos de cohecho y lavado de dinero, y está acusado de haber recibido, al menos, 4,4 millones de euros en sobornos.

La 24ª fase de la operación, puesta en marcha el 4 de marzo de 2016, alcanzó al expresidente Lula, que fue llevado a declarar. También fueron registradas la sede del PT y su domicilio, además del Instituto Lula. El PF investiga la compra y renovación de una vivienda en Atibaia y de un apartamento en Guarujá.

Hasta marzo de 2016 se han cumplido 133 órdenes de detención, 482 de registro e incautación y se han firmado 49 acuerdos de cooperación. Asimismo, los delitos reportados implican el pago de sobornos por valor de 1.552 millones de euros, de los cuales 703 ya han sido recuperados. En total ha habido 84 condenas, que representan más de 825 años de prisión.

Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.

Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.

Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.

Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.

Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.

En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.

En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.

En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.

Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.

Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.