Perú: Vizcarra logra aprobación de su reforma judicial
19 de septiembre de 2018
La amenaza de disolución del Congreso hizo que los parlamentarios aceptaran legislar sobre las reformas presentadas por el Ejecutivo peruano.
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Después de la advertencia del presidente peruano, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas, el Parlamento peruano finalmente aprobó la reforma total del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se encontraba intervenido desde julio pasado por graves casos de corrupción.
La aprobación a la medida impulsada por el mandatario se produce justo antes que se sometiera a votación la cuestión de confianza que planteará el primer ministro, César Villanueva, para exigir la aceptación de un paquete de proyectos de lucha anticorrupción en el país. La que si hubiera sido rechazada podría haber desencadenado el cierre constitucional del Congreso, ya que la Carta Magna peruana establece que si el Congreso niega la confianza a dos Gabinetes en un mismo Gobierno, este puede disolver la cámara y convocar a elecciones legislativas en un máximo de cuatro meses.
Entre los proyectos de Vizcarra figuran, además de la reforma de la Judicatura, la prohibición de la reelección de congresistas, el establecimiento de las cámaras de senadores y diputados, y nuevos parámetros para la financiación de los partidos políticos.
La norma modifica los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución peruana, por lo que requiere de la votación aprobatoria en una segunda legislatura o ser sometido a referéndum, tal como ha planteado Vizcarra. El proyecto establece que el CNM se convierta en la Junta Nacional de Justicia, conformada por siete miembros titulares que cumplirán con un período de cinco años, quienes nombrarán y evaluarán a todos los jueces y fiscales del país.
En la reforma se indica también que los jueces y fiscales que no sean ratificados en sus cargos o sean destituidos no podrán reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
La aceptación del cambio al Poder Judicial estuvo precedido por el anuncio del presidente de convocar de manera extraordinaria al pleno del Parlamento, momento en el que Vizcarra acusó al partido fujimorista Fuerza Popular de boicotear, dilatar y desvirtuar sus proyectos de reforma. Sin embargo, este lunes 17 de septiembre el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, le ofreció un "nuevo entendimiento y diálogo sobre todo para beneficio del país". A lo que se sumó, el congresista fujimorista Miguel Torres, quien aseguró que Fuerza Popular acepta apoyar y aprobar la reinstauración de las dos cámaras en el Congreso y la prohibición de la reelección de los legisladores.
MN (efe, Infobae)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.