Miroslava Breach, originaria de Chínipas, Chihuahua, en el norte de México, fue asesinada de ocho disparos en la cabeza cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. Era reconocida por su trabajo de investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos, la situación en la Sierra Tarahumara, los feminicidios de Juárez y la corrupción. Pero fueron sus revelaciones sobre candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a alcaldías locales, vinculados con el narcotráfico, lo que le costó la vida.

A dos años del asesinato de la periodista, un 23 de marzo de 2017, se ha avanzado poco en las investigaciones, a juicio de Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras (RsF). "Hasta la fecha hay una persona detenida, un autor material fue asesinado en diciembre de 2017 y hay un prófugo de la Justicia. Hay tres o más personas que aún no han sido totalmente identificadas, quienes tienen que ver con la autoría intelectual. Sobre ellos no ha habido avances”, afirma.

Desde hace un año, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía del estado de Chihuahua, que inició las investigaciones, tardó un año en cederlas a la competencia federal. "La fiscalía estatal no quería ni permitir que la Fiscalía Federal participara en las investigaciones, y tampoco que la familia de la periodista tuviera acceso a ellas", destaca Flores. Reporteros sin Fronteras y la organización Propuesta Cívica acompañan la defensa de la familia Breach.

No ha habido un pronunciamiento claro del Gobierno

"No hemos visto que haya un pronunciamiento claro, con excepción del caso de Javier Valdés (asesinado en Sinaloa el 15 de mayo de 2017), que refleje un interés del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por llegar a fondo”. Balbina Flores señala que en el caso de Valdés, la declaración fue a raíz de que su viuda se presentó en una conferencia de prensa mañanera y obligó al presidente a pronunciarse. En el caso de Miroslava no ha habido un pronunciamiento igual. La activista destaca que, aunque hay un manifiesto interés por parte de la Fiscalía General de la República por resolver esta investigación, falta mucho para tener resultados.

Además, la también periodista destaca que en los primeros tres meses que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado seis asesinatos de periodistas, una cifra que el mismo Gobierno reconoce. "Entre esos seis, hay cuatro en donde nosotros encontramos un indicio de que el crimen organizado podría estar vinculado, y que habrían sido asesinados por su labor periodística. Son demasiados para los primeros tres meses de gobierno”.

Balbina Flores precisa que en dos casos estaría vinculado el partido del presidente, Movimiento para la Renovación Nacional (MORENA). Los periodistas muertos son Mario Gómez, originario de Chiapas, en el sur del país, y Carlos Domínguez, de Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, en donde se ve un vínculo con la narcopolítica. "Esto nos preocupa, porque es algo novedoso que no habíamos registrado en otros asesinatos. Hay una colusión muy clara de políticos y narcotráfico y esto es algo sobre lo que tenemos que llamar la atención, es un nuevo patrón - por tratarse de Morena- que esperamos no se convierta en algo permanente”.

Una oportunidad y un desafío para el Gobierno 

Balbina Flores, originaria de Veracruz, uno de los estados más violentos del país, afirma que es una situación muy frustrante, desalentadora y triste la que viven los informadores en México. "En algún momento pensamos que las cosas podrían cambiar y eso no está pasando. Eso nos genera un sentimiento de incertidumbre, de desolación y desesperanza. Ya no queremos seguir contando muertos y seguir viviendo violencia contra los medios".

Carola Hausotter, portavoz de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, techo de unas quince organizaciones alemanas que mantienen su atención sobre la situación en el país latinoamericano, destaca que durante la campaña de López Obrador las organizaciones de Derechos Humanos percibieron una cierta apertura para hablar sobre estas cuestiones. Hausotter y Flores destacan que sería una oportunidad para el nuevo Gobierno hacer justicia en el caso de los periodistas asesinados.

Aunque las cifras varían, según la organización Artículo 19, desde el 2000 a la fecha han sido asesinados 124 periodistas. Tan solo en 2018 fueron registradas más de 500 agresiones contra informadores. Balbina Flores destaca que es un desafío esclarecer casos emblemáticos como el de Miroslava Breach o Javier Valdés, que están siendo investigados, y sobre los que no se ha llegado a ninguna conclusión. "Lo más terrible es el caso de 21 periodistas desaparecidos sobre los que no se ha hecho absolutamente nada. Entre ellos, 2 o 3 llevan ya 12 años sin que se sepa su paradero".

Autora: Eva Usi