Representantes de la Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador denunciaron este martes (31.05.2022) que el Gobierno del presidente Nayib Bukele tiene la "urgencia para controlar" al periodismo al cierre de su tercer año de gestión.

"El Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa, ha preparado por eso la mesa para silenciar a la prensa", porque "el periodismo es lo único que el régimen aún no controla", dijo en conferencia de prensa César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). A juicio de Castro, el tercer año del Gobierno de Bukele es "más perjudicial que los dos anteriores" y "será clave para entender la represión futura contra la prensa".

Señaló que en los últimos doce meses "mostró", entre otras cosas, que el plan "insignia" de seguridad del Gobierno "fue un fraude", que la cifra de personas fallecidas durante la pandemia fue superior a los datos oficiales y que "el Gobierno de Bukele, al igual que los anteriores, tiene manchada las manos de sangre al pactar con criminales". Esto último en referencia a una investigación del medio digital El Faro.

En tanto, Loyda Robles -de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD)- indicó que la Mesa de Protección a Periodistas ha "denotado una serie de retrocesos y de violaciones al derecho de la libertad de prensa y expresión". Detalló que entre estas se encuentran reformas penales "que van en detrimento de la labor periodística" de los medios que "no se acomodan al discurso oficialista".

De acuerdo con la APES, las agresiones contra la prensa pasaron de 77 en 2019 a 220 en 2021, un incremento del 185,7%.

OUDH: jóvenes y pobres, perfil de detenidos en régimen de excepción

Por otra parte, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) presentó un informe en el que asegura que la mayoría de las personas detenidas en El Salvador durante el régimen de excepción, implementado desde finales de marzo para controlar una ola de violencia, son jóvenes provenientes de zonas pobres.

Dicho informe fue elaborado por el OUDH para analizar jurídicamente la legalidad del estado de excepción y su implementación. Se recopiló información y datos de cinco organizaciones de DD.HH., de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), fuentes oficiales -como la Policía-, y de siete medios de comunicación, según el observatorio.

Danilo Flores, coordinador del OUDH, afirmó durante la presentación del documento que, durante el régimen de excepción, 82% de las personas detenidas son jóvenes de entre 18 y 30 años. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 27 de marzo y el 27 de mayo han sido detenidos más de 35.000 supuestos pandilleros o personas ligadas a dichas bandas.

El informe también apunta, según Flores, que las personas detenidas no están siendo juzgadas por tribunales independientes e imparciales, ya que los jueces que llevan los procesos son "afines al oficialismo, al régimen actual", lo que "pone en severo riesgo la posibilidad que la personas puedan enfrentar juicios que sean objetivos y apegados a derecho".

"Nos encontramos ante una grave situación de negación del acceso a la Justicia de las personas privadas de libertad", señaló el coordinador del OUDH. Añadió que en las audiencias contra las personas detenidas que se han llevado a cabo "se le niega la palabra a los defensores y la Fiscalía no es capaz de mostrar la relación de vinculación de los imputados con los grupos criminales". No obstante, agregó, los jueces dejan detenidas a las personas procesadas sin opción a una medida sustitutiva a la detención.

ama (efe, el noticiero, teleprensa)