En 2022, la ONG Amnistía Internacional lamentaba a través de un comunicado que, después de dos años sin ejecuciones, Singapur reanudara esta práctica para castigar a los traficantes de droga. La pequeña ciudad-estado asiática tiene una de las leyes más duras contra el tráfico de estupefacientes, y según estimaciones de la prensa local, medio centenar de condenados espera en el corredor de la muerte el momento en que serán ahorcados.

Singapur es un país conocido por las estrictas normas que rigen el día a día. El chicle está vetado, hacer grafitis es penado con cárcel y azotes (en 2015 hubo un sonado caso de dos alemanes que sufrieron el castigo) y escupir en la calle no solo es mal visto, sino que además está estrictamente prohibido. Para las drogas la cosa es, como es posible imaginar, mucho peor. Cualquiera que sea descubierto portando más de 15 gramos de heroína, 30 de cocaína o 500 de marihuana, puede contar con que será condenado a muerte.

En lo que parece ser una señal de que el gobierno singapurense no cederá a las presiones de organismos internacionales, en las últimas tres semanas se ha ejecutado a dos traficantes, el último de ellos este mismo miércoles 17 de mayo. La víctima de la medida fue un hombre de 36 años, singapurense de origen malayo condenado en 2019 por traficar 1,5 kilos de cannabis. Apenas tres semanas antes, Tangaraju Suppiah, singapurense de origen tamil de 46 años, fue ahorcado por traficar un kilo de marihuana.

Con ellos llegaron a 13 el total de personas que han sido llevadas a la horca desde que en marzo de 2022, tras dos años y 4 meses de pausa, se retomaran estos castigos. Las autoridades singapurenses aseguran que se trata del mejor disuasor contra el narcotráfico. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos calificaron la ejecución como "escandalosa”, y la ONU pidió no realizarla porque había dudas sobre las garantías del proceso judicial.

En 2022, Singapur ejecutó a un hombre con discapacidad intelectual acusado de traficar heroína, una sentencia que desató airadas críticas de la comunidad internacional.

Diego Zúñiga (AFP, EFE)