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Pese a orden internacional, EE.UU. no detendrá a Toledo

12 de febrero de 2017

Para detener al ex presidente peruano Alejandro Toledo, se requiere del consentimiento de un juez federal. Este requisito tarda algunos días y, mientras tanto, el ex mandatario podrá salir libremente del país.

Ehemaliger Präsidenten von Peru, Alejandro Toledo
Imagen: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Estados Unidos no detendrá al ex presidente peruano Alejandro Toledo, pese a la orden de captura internacional, debido a que es residente en ese país. Así lo aseguraron durante la noche del sábado (12.02.2017) medios peruanos, en base a fuentes anónimas del Ejecutivo de Lima. Medios como el diario La República o la radio RPP coincidieron en que funcionarios de la diplomacia estadounidense indicaron que, para detener a Toledo, se requiere de consentimiento de un juez federal. Este requisito tarda algunos días y, mientras tanto, el ex mandatario podrá salir libremente del país.

Las versiones circulan en momentos en que diversos medios coinciden en que el ex mandatario, que supuestamente está en la ciudad de San Francisco, se alista para volar en las próximas horas a Israel, donde al parecer se sentiría más seguro. Toledo ha conservado desde décadas atrás amistades personales en Israel, sobre todo en el empresariado. De hecho, de ese país son sus supuestos cómplices en la recepción de un soborno por 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. 

"Persecución política"

Las fuentes gubernamentales, que previamente habían señalado con "un 90 por ciento" de certeza que Toledo estaba en San Francisco, confirmaron el obstáculo para detenerlo, pero guardan más prudencia respecto al supuesto viaje a Tel Aviv. Sin embargo, según la radio RPP, fuentes suyas comprobaron que hay boletos comprados a nombre del ex jefe de Estado en un vuelo comercial que partirá en las próximas horas. Si Toledo llega a Israel, el Gobierno peruano tendrá que solicitar su expulsión automática, con base en la orden de Interpol, o, si eso no resulta, pasar a un proceso de extradición que se podría prolongar por meses.

El ex mandatario, de 70 años, asegura ser víctima de una persecución política. Los cargos se basan en las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, que lo acusa de pedir el soborno para darle a la empresa dos tramos de la vía Interoceánica cuando era presidente entre 2001 y 2006.

MS (dpa/La Republica)

 

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