En una entrevista con la emisora colombiana W Radio, el presidente electo Gustavo Petro, que tomará posesión de su cargo en agosto, habló este martes 5 de julio sobre sus intenciones de eliminar la Procuradoría General de la Nación y traspasar las responsabilidades de esta entidad a la rama judicial, creando una Fiscalía anticorrupción.

En su función actual, la Procuradoría, que forma parte del Ministerio Público, está concebida como un organismo de control que defiende los derechos de los ciudadanos ante el Estado. Su misión es vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir de cualquier hecho que pueda ser violatorio. Con un presupuesto de más de un billón de pesos colombianos, la Procuradoría emplea a más de 4.100 trabajadores.

Petro y su pasado con la Procuradoría

La lucha de Gustavo Petro contra esta entidad se remonta al año 2013, cuando el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó a Petro como alcalde de Bogotá, después de que este traspasara la gestión de recolección de residuos de una empresa privada a una compañía pública. Esta decisión provocó unos días de caos en la recogida de basura de la capital colombiana, causando lo que el entonces Procurador calificó como una "grave emergencia".

El caso de la destitución de Petro produjo polémica y llegó hasta los estrados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano de violar los derechos políticos de Petro y ordenó modificar la legislación interna, de manera que, en el futuro, la Procuraduría no pudiese retirar a un funcionario elegido por voto popular.

Una institución empolvada, según sus críticos

Ahora, casi diez años más tarde, Petro hace referencia a este fallo de 2013 de la CIDH, poniendo sobre la mesa la posibilidad de acabar con la Procuraduría General de la Nación durante su primer periodo legislativo.

Petro insiste en que se trata de una entidad que, según él, sigue sancionando a servidores públicos de elección popular. En mayo de este año, en plena época electoral, la Procuraduría suspendió a varios alcaldes, argumentando que estos podrían interferir en las elecciones por su aparente participación en política.

La función de la Procuraduría se ha ido desdibujando, cuenta a DW Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Duplica tareas de las que ya están a cargo otras instituciones y los cargos funcionarios, muy bien remunerados, son repartidos con interés político, algo que pone en duda la capacidad del órgano de controlar independientemente. 

"Al tener un mecanismo de designación del procurador cercano al Gobierno, en el que intervienen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el cargo pierde la independencia necesaria para una institución de control", explica Muñoz Yi.

El cargo del procurador tiene un alto rango político que, por el poder que conlleva, ha llegado a ser comparado con el del presidente. La actual procuradora, Margarita Cabello Blanco, exministra de Justicia y Derecho, tomó posesión a comienzos de 2021, como candidata del presidente Iván Duque.

Aaron Tauss, docente de Política Internacional en la Universidad de Viena, califica la Procuradoría como "uno de los bastiones de la extrema derecha en Colombia, para torpedear movimientos emancipadores". Por lo tanto, la propuesta de Petro le parece coherente con su línea política.  

Un mecanismo de control del Ejecutivo, advierten críticos de Petro

La reforma propuesta por el presidente electo es compleja, requeriría una reforma constitucional y varios años de negociaciones. Petro mismo admitió que la transformación de la entidad no se llevaría a cabo antes de que la actual procuradora Margarita Cabello Blanco termine su mandato en enero de 2025.

Como sea, las voces críticas con la idea de Petro dentro del sector político temen que esta reforma constitucional pueda abrir la puerta para modificar otras entidades, culminando en una reducción en los mecanismos del control sobre el Ejecutivo, dice Muñoz Yi. Además, ven en la Procuradoría una institución histórica que, en cierto modo forma, parte del andamiaje de la república.

Petro tendrá que prepararse para recibir una fuerte oposición, si la propuesta llega a discutirse en el Congreso, donde no cuenta con una mayoría. Por eso, Muñoz Yi ve una posibilidad de que no se llegue a concluir este proceso, sino que la iniciativa resulte en una "reforma de la Procuradoría, que elimine las problemáticas que tiene esta entidad en la actualidad".

Para Günther Maihold, director adjunto de la Fundación Ciencia y Política, en Berlín, no es tanto la viabilidad de la propuesta lo que cuenta, sino su mensaje político: "Esto, junto con la propuesta de desvincular a la Policía del Ministro de Defensa, es una señal de que sus reformas se dirigen a las posiciones de poder establecidas". 

(rml)