“Todavía en este momento estamos muy ajustados porque no hemos tenido un éxito en la venta de la piña. Los precios son muy bajos y no concuerdan con los gastos de producción”, afirma Orlando Rojas, un productor de piña orgánica que cuenta con el sello Comercio Justo en su cultivo que se extiende sobre siete hectáreas en la localidad de Pital de San Carlos, en el norte del país. De esa región proviene la mitad de la producción piñera de la nación centroamericana.

Costa Rica es el primer exportador mundial de piña desde el 2007, un cultivo que se ha extendido vertiginosamente durante los últimos años, robando terreno a bosques y sembradíos de otros cultivos. Los países europeos son el principal mercado de la piña costarricense, cuyas ventas generaron ingresos de unos 600 millones de dólares el año pasado.

Familias que son el sostén del país

Orlando Rojas es privilegiado en comparación con otros pequeños productores. El agricultor de 53 años heredó las tierras que trabaja de su abuelo que llegó hace 90 años a la región, entonces rica en bosques. La familia es de tradición ganadera, pero Orlando Rojas decidió dedicar una parte de sus terrenos al cultivo de la piña atraído por los buenos precios existentes entonces. “Decidimos cultivar la piña orgánica para proteger nuestro propio terreno. Es nuestra tierra, es el futuro de mis hijos, entonces, ¿cómo la voy a intoxicar?”, dice.

En las plantaciones convencionales de esta fruta dorada se utilizan hasta 15 veces más herbicidas que en otros cultivos. Las sustancias químicas que se utilizan contaminan la tierra y los mantos acuíferos de un país rico en biodiversidad, lo que ha suscitado numerosos cuestionamientos a su cultivo. Adicionalmente se estima que la zona norte se ha deforestado en un 80% durante los últimos diez años.

“La piña al principio, en el 2002, fue un éxito, se vendía a muy buen precio. Había mucho dinero y empezaron a llegar muchos negocios. La población empezó a crecer y muchos inmigrantes llegaron a Pital”, afirma Rojas, que es uno de los 50 productores de piña que integran la Asociación de Productores Usuarios del Programa de Desarrollo Agroindustrial de la Zona Norte (ASOPROAGROIN), actualmente llamada AgroNorte, una de las dos agrupaciones que cuenta con el sello Comercio Justo en Costa Rica.

Inmigrantes nicaraguenses

En el sembradío de Orlando Rojas trabajan inmigrantes nicaragüenses que cubren el terreno con plástico para protegerlo de mala hierba. Orlando Rojas no puede utilizar herbicidas. Con el plástico controla la maleza. Al final de tres cosechas, unos dos años después, la vida de la planta habrá llegado a su fin y hay que limpiar el terreno que tiene mucha materia orgánica. Retirar el plástico cuesta unos 600 US Dlls por hectárea. La alternativa sería utilizar plástico biodegradable pero no hay en Costa Rica. 

Después hay que dejar descansar la tierra, no pueden sembrar inmediatamente. El cultivo de piña orgánica es laborioso y demanda mucha atención para prevenir enfermedades en las plantas.

Los trabajadores de Orlando Rojas se muestran contentos con su trabajo. Uno de ellos cuenta que llegó a Costa Rica con su esposa hace unos años y la mayor parte de los 10.000,00 colones que percibe por jornada (unos 20 dólares) se los envía a sus padres a Nicaragua.

Orlando Rojas vive de los ingresos de la primer cosecha, pero cuando ese dinero se acabe tendrá que buscar recursos para seguir trabajando las 5 hectáreas donde espera la siguiente cosecha en enero, que le dejará, según él, unas 220.000 piñas que destinará a la exportación. No hay créditos para el fomento de la actividad agrícola. Si Orlando Rojas accede a un crédito tendrá que pagar tasas de interés de hasta 17%.

No hay ayudas al campo

En la trampa del endeudamiento cayó Jesús Baraona, otro productor de piña de la región que comenzó a cultivar piña orgánica con la promesa de que le pagarían 60 centavos de dólar por kilo. El precio se lo bajaron antes de que cosechara. “Estoy a punto de perder mi finca, debo 26 millones de colones a la organización Proagroin, (predecesora de Asoproagroin), y pago mensualidades de 360.000 colones mensuales con intereses del 16%”, dice.

Jesús Baraona produce ahora piña convencional y está en negociaciones junto con otros 200 productores de piña fuertemente endeudados. Orlando Rojas no corrió la misma suerte porque no se vio necesitado de adquirir ningún crédito para iniciar su cultivo de piña aunque ofrecimientos no faltaron. No tiene deudas, pero aún así libra una batalla diaria y no sabe si al final saldrá victorioso.

“Si no se puede pagar un préstamo le quitan a uno la finca y es lo que está pasando. Muchos pequeños productores están perdiendo sus terrenos y no tienen más remedio que emigrar a los barrios bajos en las ciudades, es una situación terrible”, dice Rojas.

“Desde 1986 el gobierno de Costa Rica decidió apostar por los planes del Banco Mundial de ajuste estructural bajo la premisa de que era mejor importar los alimentos que producirlos. Desde entonces no existe una política agrícola en las agendas de los gobiernos de este país. Acabaron rematando el campo con los tratados de libre comercio, con México primero, luego con Estados Unidos y con China el más reciente”, afirma por su parte Basilio Rodríguez, presidente de AgroNorte.

Rescate de la quiebra

Yiorely Villalobos, gerente general de AgroNorte es una mujer muy joven que asumió el reto de levantar a los productores que estuvieron al borde de perder sus tierras debido a las deudas adquiridas. Ahora gracias al Comercio Justo les asegura un precio fijo durante todo el año. “En este momento lo que está afectando a los productores, además de la crisis, que resiente todo el país, es que los insumos están sumamente altos, hay un diferencial de precio de hasta 48% en el mismo producto”, dice Villalobos, aludiendo a productos como fertilizantes que son importados, de manera que la mayor parte de las ganancias de los productores se van en pagar insumos agrícolas.

Para Basilio Rodríguez el Comercio Justo es un nicho de mercado muy pequeño pero los productores han luchado por mantenerse dentro. “Nos preocupa que la certificadora FLO (Fair Trade Label Organisation, según sus siglas en inglés), está abriendo la oportunidad a grandes plantaciones que ya se están apropiando del mercado que era de pequeños y medianos productores”.

Basilio Rodríguez alude con ello la certificación de la empresa estadounidense Corsicana, una trasnacional que emplea jornaleros en sus monocultivos de piña que destina al mercado norteamericano. Para Basilio Rodríguez otorgar el sello Comercio Justo a trasnacionales pejudica a los pequeños productores y desvirtúa el sentido social que dio origen al movimiento.

Programación de la siembra

“Por lo menos con AgroNorte, yo estoy sembrando y sé a como voy a vender. Se hace una programación de la siembra para la entrega de la fruta de acuerdo a las cantidades que se van a necesitar, entonces yo programo unas 12 mil frutas por semana para que ellos mantengan el mercado”, dice Orlando Rojas.

Los consumidores tienen la decisión final en sus manos. Con su compra favorecen o alas grandes corporaciones que ofrecen piñas baratas pero de producción insostenible o a pequeños agricultores certificados Comercio Justo, cuyo producto cuesta un poco más, pero ha sido cultivado de manera sostenible desde el punto de vista ecológico y social.

El presente reportaje es el resultado de una cooproducción radial realizada por el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Deutsche Welle.

Autores: Eva Usi y David Chavarría

Editora: Claudia Herrera Pahl