El jefe del Gabinete del gobierno de Argentina, Jorge Capitanich, pidió este lunes (11.08.2014) al gobierno de Estados Unidos que intervenga en la disputa judicial que el país sudamericano tiene con los acreedores de los bonos no cancelados tras el default de 2001, caso que se ve en una corte de Nueva York, donde el juez Thomas Griesa ordenó a Buenos Aires pagar tanto a quienes renegociaron la deuda como a quienes no.

“Estados Unidos es responsable por la actuación de uno de sus poderes, que es el poder judicial. Independientemente de la independencia del funcionamiento de los mismos por parte del sistema republicano”, dijo Capitanich en una comparecencia ante la prensa, en la capital argentina. “Cuando se trata de un país soberano (por Argentina) y de violaciones a sus respectivas inmunidades, es necesaria la intervención del Poder Ejecutivo”, agregó.

Por ello, Capitanich pidió al gobierno de Barack Obama que promueva “una solución pacífica” en el caso y lamentó que Estados Unidos rechazara la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, ante la cual Argentina presentó una demanda por las decisiones tomadas por Griesa, quien ha fallado en contra del país gobernado por Cristina Fernández y bloqueado el pago de otros acreedores que sí renegociaron por cientos de millones de dólares.

Deben seguir negociando

El pasado viernes, el juez Griesa amenazó con declarar a Argentina en desacato si no deja de hacer comunicaciones que él considera falsas y engañosas, y también ordenó a los abogados del país sudamericano que retomen las negociaciones con los tenedores de bonos incumplidos. Ante la amenaza, Capitanich dijo que “no existe el desacato si no es violando la inmunidad soberana de un país”.

“Es claro que hay una competencia por parte del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, en virtud de que se trata de afectación de las relaciones bilaterales entre ambos países, producto del monopolio de las relaciones exteriores que ejerce el Poder Ejecutivo", dijo Capitanich. Argentina afirma que no pude cumplir el fallo porque ello desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas que aceptaron reestructurar la deuda, que poseen más del 92 por ciento de los bonos.

DZC (Reuters, EFE)