El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet era detenido en Londres por la Policía Metropolitana, a petición del juez español Baltasar Garzón. Los cargos eran sumamente delicados: genocidio, asesinato y tortura en perjuicio de miles de víctimas. A raíz de ello se produjo un momento tenso para la justicia chilena. Hubo quienes demandaban el regreso de Pinochet a Chile, pues no veían conveniente que el ex dictador fuera juzgado por sus acciones en tribunales que no fueran los chilenos.

Por otra parte, había quienes pensaban que en Chile no sería posible ejercer justicia contra Pinochet debido a la fuerte influencia que éste ejercía sobre algunas instituciones locales. El temor era, en todo caso, que la actuación de Pinochet durante la dictadura quedara en la impunidad.

Los fallos británicos

Tras una discusión inicial, la Cámara de Los Lores concluyó en dos fallos que el arresto fue legítimo y que Pinochet, pese a su condición de "senador vitalicio", no gozaba de impunidad como antiguo jefe de Estado.

En un informe ex profeso, la organización Human Rights Watch señaló que "la investigación española de los crímenes de Pinochet se inició con una querella criminal presentada a título privado en julio de 1996 por la Asociación de Fiscales Progresistas por el asesinato o desaparición en Chile de siete ciudadanos españoles."

"A partir de esta primera acusación limitada, los cargos se ampliaron a un auto de procesamiento masivo por el genocidio, el asesinato y la tortura de miles de ciudadanos chilenos, tanto dentro como fuera de las fronteras de Chile, cometidos durante todo el período del gobierno de Pinochet. Sujeto a las exigencias de la ley de extradición británica para los casos de hábeas corpus ante la Cámara de los Lores, el caso se restringió únicamente al crimen de tortura."

"Ligera demencia"

En marzo de 1999, el gobierno chileno reclamó la jurisdicción del caso e, incluso, promovió que Pinochet fuera dejado en libertad debido a su edad y estado de salud. Para calmar los ánimos internos, se alegaba que las autoridades no defendían al ex dictador como persona, sino a "un principio del derecho internacional".

En todo caso, el criterio de la corte británica cambió los cargos a tortura, limitando los casos a la época posterior a 1988, y conspiración para cometer tortura. El juez británico Jack Straw, en una decisión controvertida, ordenó la extradición de Pinochet a Chile bajo estas imputaciones.

Fue en Londres, además, donde surgieron las primeras alusiones a la "ligera demencia" del ex dictador, y se comenzó a apelar cada vez más a la avanzada edad del indiciado. Los diagnósticos en este sentido siempre fueron cuestionados por muchos, al tomárseles como recursos para evadir a la justicia.

El debate jurídico

"El simple hecho de que una persona esté enferma no la exime de su responsabilidad penal", consideró en aquel momento José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. "Un proceso no sería justo o razonable si, por ejemplo, el acusado no pudiera entender los cargos que pesan sobre él o su memoria estuviera tan gravemente deteriorada al punto que tampoco pudiera aportar pruebas para su defensa. Sin embargo, la edad avanzada con sus consiguientes problemas de salud, aunque sean graves, no invalidan por sí solos la capacidad para comparecer ante el tribunal", consideró.

Luego de 503 días, Pinochet fue extraditado a tierras chilenas. Así de larga fue esa escala del ex dictador en Londres. Ésta, y los escándalos posteriores por cuentas millonarias en el extranjero, sepultaron su imagen como hombre invencible. Aún cuando su muerte lo haya librado de la justicia, el episodio londinense marcó para siempre el destino histórico del líder golpista chileno.