No deja de ser una ironía que la defensa del ex dictador chileno haya calificado de “atropello a los derechos humanos” la decisión del juez Juan Guzmán de someter a proceso y arresto domiciliario a Augusto Pinochet. El abogado tendrá que reconocer, al menos, que en este caso funcionó el recurso de amparo presentado, en virtud del cual el general en retiro sigue libre, a la espera de un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la orden de detención. Las víctimas de la dictadura, desde luego, no tuvieron en su día tal protección judicial.

Escaso impacto

Independientemente del curso que siga este proceso y de que Pinochet llegue algún día a ser sentenciado, este segundo juicio abierto en su contra por el juez Guzmán refuerza el proceso de consolidación que vive la democracia chilena en un momento clave. Notable resulta, de partida, que la única reacción furibunda haya provenido de su propio abogado defensor. Ni la oposición conservadora, que alberga a los residuos del pinochetismo, ni las Fuerzas Armadas han salido ahora a rasgar vestiduras por su antiguo líder. La cúpula militar de hoy guarda silencio y, exceptuando las declaraciones de un par de parlamentarios de derecha, el impacto político de la noticia ha sido en extremo leve.

Conmovido aún por el informe sobre Prisión Política y Tortura, presentado hace poco más de dos semanas, el país ha entrado en la etapa de intentar digerir los horrores de hace tres décadas. El reconocimiento oficial de las instituciones castrenses ha despojado de coartadas hasta a los más fieles seguidores del general, que ahora bajan la cabeza contritos. Cierto es que tampoco faltan los incorregibles, pero su discurso ha quedado reducido a la insignificancia.

Credibilidad judicial

Hay, sin embargo, una excepción inquietante. Desentona en este ambiente de “mea culpa” institucional la actitud del poder judicial, que reconoció las atrocidades ocurridas pero no su corresponsabilidad. En vista de que, en su mayoría, los jueces de la Corte Suprema siguen enfrascados en la búsqueda de disculpas por su triste actuación durante la dictadura, la decisión del magistrado Juan Guzmán de confrontar a Pinochet con el oscuro capítulo de la “operación Cóndor” viene a rescatar, en cierta medida, la esperanza de que la Justicia chilena pueda recuperar su credibilidad.

El ex dictador, por su parte, ve peligrar su defensa basada en un diagnóstico de “demencia subcortical leve”. Según el juez, el octogenario general sabe lo que dice y lo que hizo. Y, de imponerse esta apreciación, debería tener repercusiones considerables en otras investigaciones en su contra, incluyendo las relacionadas con millonarias cuentas secretas en el banco Riggs en Estados Unidos. Probablemente Pinochet no llegará conocer la prisión, y eso lo tiene claro la mayor parte de la población. Aún así, no estará mal que el ineludible juicio de la historia incluyera también una sentencia de los tribunales chilenos.