Años de litigio han transcurrido en busca de justicia para las víctimas del Plan Cóndor, la operación de represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur. Con un recorrido judicial que arrancó en Argentina 1999, con la presentación de una primera querella, las expectativas de la acusación apuntaban a que se considerara al Plan Cóndor como una asociación ilícita.

Con ese nombre se conoce a las acciones coordinadas entre los regímenes dictatoriales en Sudamérica, sobre todo Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, entre las décadas de 1970 y 1980. Según planteó la acusación, se trata de un "sistema criminal”, explica Luz Palmás Zaldua, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de la partes querellantes, en entrevista con DW.

¿Asociación ilícita internacional?

La acusación no solo buscaba condenas por operaciones especificas concretas. También hizo hincapié en el hecho de que haber formado parte del Plan Cóndor implicaba también haber actuado como asociación ilícita supranacional, en función del acuerdo de voluntades de las dictaduras en el Cono Sur para perseguir a sus opositores políticos más allá de las fronteras de cada uno de los países.

La abogada Palmás lo considera "muy importante para el para el proceso en Argentina, pero también para otros países, porque el juicio incluye víctimas procedentes de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay o, por ejemplo, argentinos que fueron secuestrados en Brasil”.

Al inicio de la fase final, el juicio había comenzado con 22 encausados, pero cinco de ellos murieron, como el dictador argentino Jorge Rafael Videla, y otros fueron apartados del proceso por razones de salud. Para el resto, el CELS pidió penas de entre cinco y 25 años de cárcel. Para otros de los acusados, entre los que se encuentra el ex presidente de facto argentino Reynaldo Benito Bignone, la Secretaría de Derechos Humanos, también parte querellante, había solicitado entre 20 y 25 años.

Una contribución a la verdad

Todavía es pronto para hablar sobre las consecuencias que podría tener el juicio en otros países. Pero más allá de los posibles efectos legales, la letrada del CELS tiene claro que tendrá un papel muy importante en la reconstrucción histórica que cada uno de estos países haga sobre la intervención de sus dictaduras en el Plan Cóndor.

“Nuestra forma de entender estos procesos judiciales no es solo una forma de alcanzar justicia, de conseguir una sanción para los responsables de crímenes contra la humanidad, sino también una manera de impulsar la reconstrucción histórica y el aporte a la verdad. Por eso entendemos que podría tener ese impacto en otros países”, explica.

Pero aparte del veredicto, el recorrido de la causa está lejos de terminar. La causa en concreto trata de 105 casos, más otras 67 víctimas (39 de ellos uruguayos) que fueron internadas en un centro clandestino de Argentina considerado también como centro del Plan Cóndor. “Sin embargo, también quedan pendientes otras investigaciones judiciales de otros casos que están siendo tramitadas. Por lo tanto, la investigación del Plan Cóndor continuará”, sentencia Palmás.