A finales de septiembre, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, dijo al diario Rheinische Post que pretendía "llegar a un acuerdo con Siria este año y primero deportar a los delincuentes, y más tarde a las personas sin permiso de residencia".

Pero parece que es más fácil decirlo que hacerlo. "Siria está en el límite, su capacidad de recibir a refugiados ya se ha agotado”, dijo Gonzalo Vargas Llosa, director de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, en Siria, al periódico Süddeutsche Zeitung. "Aquí estamos lidiando con una de las mayores crisis de refugiados en el mundo”, advirtió, subrayando que enviar a más sirios de regreso a su país solo empeoraría aún más la situación.

El Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo informa que hay unos siete millones de desplazados internos en Siria. Esto se suma al millón de refugiados de guerra que han regresado al país, principalmente de Líbano, Jordania y Turquía, en los nueve meses posteriores a la caída del gobierno de Bashar al Asad en diciembre del año pasado. En agosto, se informó que 1.300 sirios habían regresado a casa desde Alemania desde la caída de Al Asad.

"Ni siquiera hay viviendas para la gente”, dijo a DW Tareq Alaows, crítico del régimen del expresidente sirio, que huyó en 2015. Es vocero de la organización Pro Asyl, y visitó su país el año pasado. "En Damasco, los alquileres son inaccesibles. Por eso, cuatro o cinco familias comparten un departamento de cuatro o cinco habitaciones”. Esto fue confirmado por ACNUR.

La infraestructura y la distribución alimentaria en Siria debe ser urgentemente reconstruida. Según la ONU, 16,7 millones de sirios de un total de 25 millones de habitantes dependen de la ayuda humanitaria.

Desastre de inseguridad

La crisis humanitaria está exacerbada por una volátil situación de seguridad: en Siria volvieron a circular las armas de bajo calibre luego de la guerra. "Apenas hay un hogar en Damasco, pero también en otras ciudades, que no tenga un revólver”, dice Alaows. De hecho, ya se han producido actos de violencia ampliamente documentados en toda Siria contra minorías, incluidos los drusos, los alauitas y las personas LGBTQ.

"Lo que necesitamos es seguridad a largo plazo en el país; entonces, mucha gente podría regresar de forma proactiva", dijo Alaows. Pero devolver a la gente a esa situación, debido a lo que él llama una "política simbólica", solo empeorará la situación en Siria y provocará que más personas huyan de nuevo.

El Gobierno alemán confirmó a DW estar en contacto con el nuevo Gobierno sirio, liderado por el excomandante rebelde Ahmed Al Sharaa. "El Ministerio Alemán del Interior también considera necesario que las personas que cometen delitos en Alemania y no tienen derecho de residencia regresen a sus países de origen”, añadió el comunicado del Ministerio del Interior.

Pero aun si el Gobierno alemán pudiera negociar un acuerdo de repatriación con el Gobierno sirio, eso solo regularía los aspectos prácticos de esas deportaciones. No significaría que más personas pudieran ser deportadas de inmediato. "Incluso un acuerdo de este tipo no cambiará el hecho de que cada caso individual debe evaluarse”, afirmó Valentin Feneberg, asistente de investigación de la Cátedra de Políticas Públicas y Derecho del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Leuphana, de Luneburgo.

Las solicitudes de personas que llegan a Alemania en busca de asilo son examinadas primero por la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF). Si su solicitud es denegada, pueden apelar ante los tribunales, quienes también están obligados a evaluar cada caso individualmente. Si la persona pierde el recurso, perderá su derecho de residencia. Pero si no abandona el país voluntariamente, la decisión de deportarla es independiente, y la situación humanitaria en el país de origen influye en ella.

"Que un individuo haya cometido un delito no significa automáticamente que pueda ser deportado”, dice Feneberg. "Esa decisión siempre está basada en la situación en el país de origen”. Según la ley alemana, ni siquiera un criminal convicto puede ser deportado si hay riesgo de tortura, ejecución, u otra seria violación de los derechos humanos en su país.

¿Ya no más "tolerados”?

Daniel Thym, profesor de Derecho público, europeo e internacional en la Universidad de Constanza, lo confirmó, pero añadió que, dado que la guerra en Siria ha terminado, ahora prevé que menos sirios reciban el estatus de protección en Alemania. "Entonces, es una cuestión política a qué personas priorizar", declaró a DW. "Y los políticos dicen, comprensiblemente, que se centrarán primero en las personas con antecedentes penales, pero esa es una priorización política que no tiene nada que ver con la evaluación legal".

Según la Agencia Federal de Empleo, unos 236.000 ciudadanos sirios trabajan y pagan cotizaciones a la seguridad social en Alemania.

Las últimas cifras del Ministerio del Interior indican que algo más de 225.000 personas de diversas nacionalidades en Alemania están legalmente obligadas a abandonar el país. De ellas, unas 40.000 son estudiantes, empleados o turistas que simplemente han excedido el plazo de sus visados.

La mayoría de ellos reciben el estatus de "tolerados” (Duldung), es decir, que no serán deportados porque no tienen documentos que establezcan su nacionalidad, porque no se puede determinar su identidad de forma concluyente, o porque padecen una enfermedad que no puede tratarse en su país de origen. Las cifras oficiales indican que hay 9.600 sirios en Alemania con estatus de "tolerado”; estas son las personas que Alemania podría, en teoría, deportar a Siria.

Pero, según Feneberg, también hay salvedades legales al respecto. "En Alemania y en Europa existe la posibilidad de obtener protección si la situación humanitaria es lo suficientemente peligrosa como para poner en peligro la vida”, afirmó. Lo anterior podría incluir una situación de pobreza extrema en todo el país o en determinadas regiones. "Eso —y este es solo mi pronóstico— podría ser muy importante para las decisiones sobre Siria”. En otras palabras, evaluaciones como la realizada por ACNUR y otros organismos internacionales aún podrían influir en las decisiones de los tribunales alemanes.

(cp/el)