El ambiente político se caldeó como pocas veces en Washington, cuando Barack Obama anunció por TV, en el horario punta, que se proponía proteger de la deportación a unos cinco millones de inmigrantes ilegales –al menos transitoriamente-, por medio de un decreto presidencial. El Washington Post calificó el hecho de “la más significativa intervención de un presidente en el sistema de inmigración en casi tres décadas”. El que Obama haga ahora uso de sus amplios poderes ejecutivos indigna a muchos republicanos.

Amenazas republicanas

“Si el presidente Obama pasa por alto a la población e impone al país su voluntad, el Congreso actuará”, amenazó Mitch McConnell, líder de la nueva mayoría republicana en el Senado.

“Muchos vaticinan ahora repercusiones políticas negativas y duras pugnas entre los congresistas”, dijo a DW Audrey Singer, de la Brooking Institution, con sede en Washington. “No es precisamente estupendo, pero pienso que el presidente siente con fuerza que se lo ha arrinconado y que ahora debe actuar”.

Las amenazas republicanas van desde una parálisis del gobierno hasta un proceso de interdicción. Pero, según Singer, habrá que esperar a ver si los republicanos “intentan bloquear la medida, sobre todo en la Cámara de Representantes, o si esto induce al Congreso a actuar”. Un bloqueo podría caer mal a los electores. Pero, según una encuesta de NBC News/Wallstreet, el 48 por ciento de los estadounidenses está en contra de que su presidente actúe soslayando al Congreso, mientras un 38 por ciento lo aprueba.

Ingresos tributarios en vez de deportación

Pero no solo la forma, sino también el fondo de las modificaciones contempladas en el decreto de Obama causan polémica. Singer destaca dos aspectos: la defensa contra la deportación y la concesión de permisos de trabajo. Según Obama, se beneficiarían hasta cinco millones de personas. Inmigrantes hasta ahora ilegales tendrían en el futuro derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos, explica Singer, haciendo notar que “podrían conseguir mejores empleos y aportar también a las arcas tributarias”.

El senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, criticó que Obama utilice su poder ejecutivo para dictar una especie de “amnistía”. Los beneficiados por el programa podrán permanecer en Estados Unidos, pero eso no significa que adquieran un estatus legal. “Un estatus legal implicaría que se les abriera la vía hacia un derecho de residencia permanente”, explica Audry Singer. Pero eso solo se podría hacer efectivo mediante una ley promulgada por el Congreso, y no a través de un decreto presidencial. Singer hace notar que el próximo presidente podría anular de inmediato la medida, de modo que no se acaba la inseguridad legal.

Exhortación a legislar

Las nuevas normas benefician sobre todo a padres que viven desde hace más de 5 años en Estados Unidos y cuyos hijos ya poseen la ciudadanía o un permiso de residencia permanente. Obama intenta proteger también a más de 600.000 jóvenes que llegaron ilegalmente al país siendo niños y que hasta ahora no tienen permiso de residencia. El programa, sin embargo, no tiene efecto para sus padres.

Según el Washington Post, el resultado “no es ideal” y solo el Congreso puede establecer un sistema de inmigración justo, que allane el camino a trabajadores y sus familias a obtener la ciudadanía estadounidense. También Obama lo sabe. Por eso, exhortó a sus oponentes en el Congreso a trabajar por una política de inmigración más justa y a aprobar una ley correspondiente.