Los analistas coinciden en que en el plebiscito en Chile debería imponerse la opción que aprueba un cambio constitucional. Pero también saben que la participación será clave para darle legitimidad al proceso. Cuanto mayor sea ésta y mayor también la diferencia con el rechazo, más grande será el piso para promover reformas.

Según el estudio "Barómetro del Trabajo: Chile en Tiempos de Pandemia”, realizado por FIEL-MORI en septiembre, el 66% de los encuestados votará Apruebo, el 15% Rechazo y un 19% no sabe o no responde. En cuanto al mecanismo para redactar la nueva Constitución, el 27% se inclinará por Convención Mixta y el 51% por Convención Constitucional.

Lo más probable es que la tendencia se mantenga, aun cuando sectores de derecha, opositores al cambio, auguran caos y destrucción si triunfa el Apruebo. "Esa campaña del terror ha existido desde el siglo XX en la derecha, diciendo que si llegan los comunistas se derrumba todo, y ahora de nuevo, poniendo como ejemplo a Venezuela. Eso puede confundir, pero ya no influye tanto como antes”, dice a DW el historiador alemán Stephan Ruderer, académico de la Universidad Católica de Chile.

El presidente Sebastián Piñera ha reconocido que la Constitución de 1980, promulgada en dictadura, necesita reformas, e incluso algunos representantes de la alianza de gobierno han declarado abiertamente que votarán a favor de cambiarla, si bien en el oficialismo hay posiciones variadas.

"Si efectivamente hay una victoria sólida del Apruebo, sobre la base de una buena participación electoral, yo creo que se va a producir una tremenda tranquilidad y empoderamiento de la población, que no va a llevar necesariamente a la protesta”, indica a DW la socióloga Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro y MORI Chile.

Hoja de ruta

El 25 de octubre, los votantes recibirán dos papeletas. En la primera, deberán marcar si aprueban o rechazan el cambio constitucional, y en la segunda, qué órgano debería llevar a cabo este proceso: una convención mixta de 172 miembros, con una mitad de parlamentarios en ejercicio, y otra elegida por votación popular, o una convención de 155 miembros enteramente escogida por elección popular.

Independientemente de cómo esté formada la convención, esta tendrá un plazo de nueve meses a un año para redactar el nuevo cuerpo legal y aprobarlo por una mayoría de dos tercios. Luego se someterá a un plebiscito ratificatorio, de participación obligatoria para la ciudadanía. De no ser aprobado, seguirá rigiendo la Constitución de 1980.

Según la encuesta FIEL-MORI, el 71% de los chilenos cree que su voto puede hacer la diferencia en el plebiscito y el 67%, que vale la pena ir a sufragar. Un año después del estallido social que externalizó el malestar de la ciudadanía ante las desigualdades y el sistema neoliberal, las esperanzas están puestas en una nueva Carta Magna. ¿Hay consenso acerca de la Constitución que quieren los chilenos?

Un momento histórico

"Si gana el Apruebo, estaríamos frente a un momento histórico en Chile: sería la primera vez que se hace una Constitución por una asamblea constituyente. De ahí a que se cumplan todas las expectativas de quienes se manifiesta en la calle, lo veo más complicado”, dice Ruderer. La elección de esa convención, en abril próximo, será decisiva para conformar un cuerpo representativo que interprete las demandas ciudadanas.

Parte de esas demandas tienen que ver con la rigidez de la actual Constitución, que requiere de altos quorum en el Congreso para cambiar ciertas leyes: "Muchos temas como salud, educación o pensiones hoy exigen mayorías calificadas altísimas, casi imposibles de alcanzar, lo que no permite que se vayan modificando de acuerdo con las necesidades de los tiempos. Deberían quedar en la legislación con mayorías simples”, afirma Lagos.

Como ejemplo, cita el Servicio Electoral, un sistema que se ha quedado atrasado, como evidenció la pandemia, y no fue capaz de ofrecer alternativas al voto presencial. También para leyes que regulan temas clave como la salud o las pensiones se requiere de un quorum tan alto que es imposible llegar a acuerdos. "La reforma de salud lleva nueve años en el congreso y no sale, la ley de divorcio se demoró 10 años y la ley de información, 12”, ejemplifica Lagos.

"Tiene que cambiar la regla con la cual se modifican las cosas. A partir de ahí el cambio va a ser lento, pero van a empezar a producirse cambios reales”, sentencia la investigadora.

Grandes expectativas

Entre las demandas que surgieron del estallido social no hay elementos específicos, sino que aspiraciones gruesas,como la igualdad ante la ley y el fin de la segregación, que en todo caso sólo podrían ser satisfechas a mediano y largo plazo.

"La demanda central detrás de la aspiración a una nueva constitución es la dispersión del poder. La gente espera que se gobierne para la mayoría. Existe la percepción de que se gobierna para el interés de algunos pocos”, dice Marta Lagos, quien agrega otra demanda importante: "La redistribución del ingreso. El 80% del país dice que el ingreso está mal distribuido”.

Para Ruderer, "hay bastante claridad en que se deben incluir más derechos sociales, un rol del estado más fuerte, derecho al agua, a la educación y salud, que algunos están en la actual Constitución, pero por su espíritu neoliberal transforma esos derechos en servicios”.

"La ciudadanía espera mejores pensiones, educación, un sistema de salud con derechos universales, que exista un piso mínimo de garantías sociales”, agrega Lagos.

Ruderer considera que los cambios son posibles, pero el camino será delicado y exigirá de una negociación hábil en la convención, "y por otro lado, se tiene que mantener la presión y demanda de cambios en la calle, sin que termine en violencia”.

No obstante, una cosa es que se promulgue una nueva Constitución, y otra que cambien las estructuras en uno de los países más desiguales de la OCDE, de acuerdo con el coeficiente de Gini, donde una minoría concentra la mayoría de los ingresos. "Es un proceso largo. Cambiar el texto de la Constitución no significa inmediatamente cambios profundos en la sociedad, pero sí tener un marco legal que permita hacer cambios”, dice Ruderer.

(cp)