DW: Donald Trump ha pedido varias veces que se aplique la pena de muerte a los traficantes de drogas. ¿Puede legalmente instituir él esa condena?

John Blume: No puede cambiar la ley. Lo que puede hacer es pedir al fiscal general que haga cumplir las leyes que ya existen, pero yo creo que eso ya lo está haciendo. Y la ley no contempla la pena de muerte para el tráfico de drogas, solo la considera si alguien es asesinado en el curso de una transacción de drogas bajo la llamada Kingpin Act. Los fiscales podrían pedir la pena máxima para un traficante que, en el curso de una venta, haya matado a alguien, por ejemplo. Pero no puede crear una pena de muerte federal por el delito de vender drogas.

 

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Desde que es presidente, Trump ha reconocido que Singapur y Filipinas lo impresionan, porque en esos países los traficantes son ejecutados. ¿Qué debería ocurrir para que algo así sea posible en Estados Unidos?

Si quiere tener una ley federal, entonces el Congreso debería pasar un estatuto que crea la pena de muerte por la venta o distribución de drogas. No solo tendrían que aprobar la ley y él firmarla, sino que además debería sortear un inevitable y seguramente exitoso desafío legal. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado muy claro en los últimos 15 años que cree que la pena de muerte solo es válida en casos de homicidio, e incluso no siempre. La Corte se vio enfrentada a un problema similar en un caso llamado Kennedy vs Louisiana, donde Louisiana había autorizado la pena de muerte a un acusado de abusar sexualmente de un niño. Y la Corte Suprema dijo "no, usted no puede aplicar esa pena para casos que no sean homicidio”. Es de suponer que acá se usaría la misma lógica.

Trump tendría que enfrentar una batalla larga y difícil para cumplir sus deseos. Desde su perspectiva, ¿qué probabilidades existen de que eso suceda?

Dos cosas: primero, que uno puede decir, a la luz de las afirmaciones de Trump, que es muy ignorante en temas legales. Segundo, que es hostil al imperio de la ley. Dicho esto, creo que todo este asunto no es más que retórica. No estoy diciendo que este congreso no pasaría una ley así, sino que creo que habría varios miembros del Parlamento que se preguntarían por qué estamos haciendo esto. E incluso si una ley así fuera aprobada, se instauraría un sistema que sería sumamente costoso. Y mi corazonada es que en algún momento la sensatez volvería a imperar y alguien se preguntaría si no sería mejor usar ese mismo dinero para algo realmente bueno.

Para ser más claros, ¿qué tan realista cree usted que es la idea de Trump?

Podría ser aprobada en la Cámara de Representantes, pero no estoy seguro de que pasaría el Senado, porque allí hay suficientes personas en el Comité de Justicia que dirían "esto es estúpido”. No lo descartaría del todo, pero la probabilidad de que el Congreso la apruebe y de que el presidente Trump la firme y de que se imponga al inevitable enfrentamiento constitucional, es extremadamente remota.

Para cerrar, ¿cuál es su visión personal sobre la utilidad de la pena de muerte para traficantes de drogas?

Creo que es una increíble pérdida de tiempo y dinero. La pena de muerte incluso en los casos de homicidio no ha demostrado tener un efecto disuasivo, por lo que llevarla a otros casos no es solo cuestionable desde un punto de vista constitucional, sino que es una pésima política, en el sentido de que no servirá para nada. Creo que sería un derroche y que existen mejores soluciones para el problema de las drogas que tratar de copiar a Singapur y otros países que violan los derechos humanos.

John Blume es el director del Proyecto Pena de Muerte de la Universidad de Cornell, donde también es profesor.

Autor: Michael Knigge, Washington (DZC/EL)

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