En Colombia, un total de 36.227.267 personas están habilitadas para ejercer su derecho al sufragio este domingo (27.5.2018). Según la máxima autoridad electoral del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil, sólo cuatro comicios presidenciales han superado la marca del 50 por ciento de participación: los de 1958, 1970, 1974 y 1998. Y ante un escenario político como el actual, no se descarta que la tradicional tendencia al abstencionismo vuelva a atenuarse considerablemente en 2018.

Y es que los resultados de estas elecciones son decisivos para la consumación del acuerdo de paz firmado por el saliente Gobierno de Juan Manuel Santos con la organización guerrillera FARC. DW habló con Viviana García, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) y la Universidad de Marburgo, sobre lo que está en juego en las votaciones de este 27 de mayo. "Son sobre todo los habitantes de las zonas urbanas quienes le ofrecen resistencia al proceso de paz”, adelanta la politóloga.

Deutsche Welle: ¿Qué significaría para la implementación del acuerdo de paz con las FARC el triunfo de sus opositores en estos comicios presidenciales?

Viviana García:    No es descabellado augurar que ganarán los adversarios del pacto con la guerrilla. Al contrario, es muy probable. Al principio de la campaña electoral, Iván Duque, candidato presidencial en representación de Centro Democrático –el partido fundado en 2013 por Álvaro Uribe–, articuló un discurso muy fuerte contra el proceso de paz tal como está siendo llevado. Luego moderó un poco su posición, pero él sigue prometiendo que, de ganar los comicios, le hará reformas estructurales al proceso de paz.

Yo creo que la actual oposición tiene una visión muy estrecha sobre lo que es un proceso de paz. Ellos esperan que las FARC reconozcan la institucionalidad colombiana, entreguen sus armas y se conformen con recibir penas de cárcel reducidas por los crímenes que cometieron. Los firmantes del acuerdo de La Habana tienen una perspectiva más amplia; la idea no es sólo que las FARC se desmovilicen, sino que el Estado colombiano haga reformas de fondo para impedir que vuelva a haber brotes de violencia.

Las reformas a las que aludo tienen que ver con la consideración de las exigencias de las víctimas del conflicto armado, con la administración de la justicia transicional, con la reforma rural integral y con la aplicación de políticas antidrogas, por citar sólo algunos elementos fundamentales. Las elecciones de este domingo (27.5.2018) van a definir el destino final del proceso de paz porque el próximo Ejecutivo bien puede dejar marchitar el acuerdo alcanzado con las FARC.

Si en las elecciones presidenciales ganan las fuerzas opuestas al acuerdo de paz, tal como lo aprobó el Congreso, ¿existe la posibilidad de que cada vez más exguerrilleros de las FARC se unan a las filas de los disidentes armados en lugar de optar por su reinserción en la sociedad civil colombiana?  

Eso ya está ocurriendo. Este fenómeno obliga a discutir seriamente sobre la ausencia del Estado en las zonas más recónditas de Colombia y su incapacidad para cumplir sus funciones en esas regiones. El hecho de que el Estado colombiano no garantice derechos fundamentales ni haga cumplir la ley en esas comarcas influye sobre las decisiones tanto de los exguerrilleros de las FARC como de los civiles allí asentados. El Estado no aprovecha la oportunidad de hacerse presente que le da el acuerdo de paz.

En ciertas zonas no urbanas de Colombia hay actores desafiando la autoridad del Estado y, de facto, arrogándosela; me refiero a los disidentes de las FARC, a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y también al crimen organizado. Y eso anula el papel que sus comunidades pueden jugar para cooperar con el proceso de paz, para organizarse y exigir el cumplimiento del acuerdo con las FARC, para vigilar que las reformas se lleven adelante.

¿Hasta qué punto pueden verse comprometidas las conversaciones del Gobierno de Santos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos guerrilleros por el fracaso del acuerdo de paz con las FARC?

Un factor que podría obstaculizar la búsqueda de un pacto con el ELN es la desconfianza de esa organización en la capacidad del Estado para cumplir lo que ofrezca. Si no lo ha hecho con las FARC, ¿por qué habría de hacerlo con el ELN? Por otra parte, las conversaciones con el ELN no gozan de credibilidad. Además, el presidente Santos ya va de salida; cualquiera de los candidatos que gane los comicios presidenciales del 27 de mayo querrá poner sus propios acentos en esa materia.

Evan Romero-Castillo (FEW)