La policía antimotines en Bolivia dispersó el lunes (06.11.2023) a mineros que protestaban en La Paz contra el gobierno, para exigir nuevas licencias en la explotación de oro en zonas que ambientalistas reclaman como áreas protegidas.

 Al caer la noche, los uniformados chocaron con los manifestantes que intentaron tomarse las sedes estatales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), según las imágenes divulgadas por medios locales.

"Hay instituciones que están siendo sometidas a resguardo de la policía", dijo a la prensa el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, tras el fallido intento de ocupación.

Huelga indefinida

Los disturbios estallaron cuando los mineros de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), que se declararon en huelga indefinida a partir de este lunes, rompieron a pedradas los vidrios de las fachadas de los edificios y trataron de derribar las puertas y los enrejados metálicos.

La poderosa organización marchó desde temprano por las calles de La Paz, pidiendo una reunión con el presidente Luis Arce.

Centenares de obreros con sus cascos de protección avanzaron hacia el centro de La Paz desde varios puntos de la ciudad. La manifestación había transcurrido en calma antes del intento de un grupo de manifestantes de ocupar por la fuerza sedes oficiales.

Al menos siete detenidos

El diario local La Razón reportó siete detenidos tras los disturbios y citando a dirigentes de la federación mintar aseguró que "los cooperativistas auríferos anunciaron que este martes radicalizarán los puntos de bloqueo en La Paz y condicionaron la asistencia a cualquier convocatoria de diálogo del Gobierno a la liberación" de sus compañeros.

Los líderes de la organización presentaron un pliego de 10 reclamos al gobierno, entre los que se destaca la adjudicación de nuevas licencias para la explotación de oro en zonas que los ambientalistas reclaman como áreas forestales y protegidas. También protestan contra una ley, aprobada en mayo pasado, que fija un impuesto del 4,8% a las ventas brutas.

jc (afp, La Razón, efe)