“El gobierno se ha dado cuenta de que sin estas policías comunitarias no será posible garantizar la seguridad en gran parte del territorio, ya sea de Michoacán o de Guerrero, por el simple hecho de que las policías municipales locales se encuentran coludidas con intereses criminales“, destaca el politólogo alemán Günther Maihold, que dirige la Cátedra Humboldt en el Colegio de México. El académico rehusa a referirse en estos términos en torno a las autodefensas, en donde hay grupos mezclados de distinto origen e índole. La opinión de Maihold se limita exclusivamente a los guardias populares, indígenas y comunitarias, que tienen una larga tradición en México.

Maihold añade que las fuerzas federales que podrían ayudar a contener el crimen, como sería la Gendarmería, ni conocen la situación local, ni cuentan con la confianza de la población. “Si el gobierno quiere desarrollar una base seria para la reconstrucción de la seguridad en estos Estados, no va a poder evitar la cooperación; al contrario, tiene que buscar acercarse a estas policías comunitarias“, estima Maihold.

En Guerrero, las policías comunitarias surgieron como una respuesta colectiva de la sociedad civil ante la situación de inseguridad que se vivía en algunos municipios, como el de Tixtla, en donde se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Según la portavoz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se hace llamar Tory, la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala le da más visiblilidad a la situación que impera en el Estado de Guerrero. “Aquí en Tixtla vivíamos en zozobra; nos encontramos en el corredor entre Chilapa y Chilpancingo, que se disputan los grupos criminales, con un dominio de Los Rojos, un remanente del Cártel de los Beltrán Leyva, que llevan mucho tiempo en la región, pero antes no se metían con la comunidad, con las familias, como ahora”, dijo a DW.

Flagelo para las comunidades

El apacible paisaje de la montaña de Guerrero esconde un terrible flagelo para los 3,4 millones de habitantes de la región: la pobreza extrema, marginación, narcotráfico, crimen organizado, corrupción e impunidad se mezclan produciendo una situación de violencia a la que están expuestas las comunidades. “Las violaciones y los robos en los caminos contra mujeres, pobladores y comerciantes que circulaban en la zona, eran muy comunes desde hace décadas. Hasta que la gente se empezó a organizar y creó esta policía para defenderse”, recapitula Tory. En Guerrero, la CRAC-PC fue fundada en San Luis Acatlán y tiene ya 19 años como institución. Sus competencias se extienden desde Marquelia, en la costa del Pacífico, hasta la Alta Montaña. Participan unas 80 comunidades que cuentan con alrededor de mil policías comunitarios.

Maihold recuerda que el proyecto que impulsa la policía comunitaria no es un fenómeno nuevo. “En México hay una larga tradición de estas guardias populares, basadas en el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos originarios. Distintos grupos étnicos, desde los Yaquis en el norte, hasta las comunidades indígenas de Chiapas, en el sur, participan en una tradición legalmente aceptada. Además, hay organizaciones que tienen un largo tiempo de existencia, que incluso han sido financiadas por los gobiernos estatales, como es el caso de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y otros grupos en Guerrero”, dice Maihold. Sin embargo, advierte que este fenómeno no está exento de riesgos.

Seguirán surgiendo las policías municipales

“No son totalmente ajenas al ordenamiento jurídico del país, pero la agudización de la violencia y especialmente la connivencia de autoridades municipales con intereses criminales ha llevado al surgimiento de muchas agrupaciones que podrían tener un desarrollo peligroso”, señala Maihold. “Sin embargo se ha visto claramente que estos grupos han asumido el control y han sacado del espacio local a elementos corruptos, por lo que hay que advertir que es probable que sigan surgiendo este tipo de organizaciones en otros Estados”.

Maihold considera que las policías comunitarias son la única vía para mejorar la situación en estas regiones. “Las fuerzas policiales no gozan de credibildad ni de confianza; por otro lado, la policía federal está muy lejos de lo que pasa en el municipio, no tiene acceso a la información ni puede en el corto plazo realmente cambiar la situación. Un registro de los miembros activos de estas policías comunitarias es el primer paso y ya hemos visto que se ha buscado un formato de legalización al convertirlas en fuerzas rurales oficialmente registradas”.