En mayo, India y Sudáfrica pidieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) una exención temporal de las normas de propiedad intelectual relacionadas con las vacunas, los medicamentos, los diagnósticos y otras tecnologías de COVID-19.

El proyecto fue copatrocinado por más de 60 países, que se habían entusiasmado con la idea. Se propuso inicialmente en octubre del año pasado, y tomó impulso en medio de la lenta entrega de vacunas durante la pandemia, ya que los países ricos acapararon la mayor parte de los suministros.

El argumento fue que la renuncia a partes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) permitiría a los fabricantes de medicamentos de los países pobres producir vacunas eficaces sin preocuparse de ser demandados por infracción de patentes y acelerar el fin de la pandemia, que si se prolonga podría favorecer la aparición de variantes de COVID resistentes a las vacunas.

Los países que respaldan la propuesta revisada van desde Eswatini a Indonesia y desde Pakistán a Vanuatu, representando adecuadamente a regiones con algunas de las tasas de vacunación más bajas del mundo. Sin embargo, en América Latina, la región más afectada por la pandemia y que necesita desesperadamente vacunas, solo Venezuela y Bolivia propusieron la exención de la propiedad intelectual, lo que dejó a muchos expertos desconcertados.

¿Presión por parte de las empresas farmacéuticas?

Argentina y México han expresado su apoyo a una exención temporal de patentes, mientras que Brasil ha apoyado recientemente la idea después de oponerse al inicio. La mayoría de los demás países latinoamericanos, incluidos Chile, Colombia y Perú, han optado por mantenerse ambivalentes o simplemente permanecer al margen, por temor a una reacción de las empresas farmacéuticas de las que dependen para cubrir el déficit de vacunas y a un empeoramiento de las relaciones diplomáticas conpaíses más ricos, como los de la Unión Europea, que se oponen a una exención de la propiedad intelectual.

"Están perdiendo una enorme oportunidad porque se les ofrece un espacio político que deberían aprovechar. Esto no ocurre a menudo", dice Viviana Muñoz Téllez, del grupo de reflexión South Centre, con sede en Ginebra. "El hecho de que Estados Unidos respalde la exención de los ADPIC le da ya mucho peso político”.

Amenazas indirectas

Felipe Carvalho, de la sección brasileña de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, afirma que el temor de los gobiernos se debe a las cláusulas "abusivas" que se les ha obligado a aceptar como parte de los acuerdos de suministro.

"Es bastante fácil, bajo esas condiciones contractuales, que las empresas farmacéuticas amenacen: 'Si sigues con esa posición política, puedo interrumpir el suministro y, según el contrato, estoy autorizado a hacerlo'", dice Carvalho a DW.

¿Tiene América Latina capacidad de producción de vacunas?

Países ricos como el Reino Unido y la Unión Europea se han opuesto a la exención de patentes, alegando que ahogaría la innovación de las empresas farmacéuticas al quitarles el incentivo para hacer grandes inversiones en investigación y desarrollo.

Las empresas farmacéuticas argumentan que la prohibición no impulsaría el suministro de vacunas, dado lo compleja que es su fabricación.

"Nuestra vacuna de ARNm requiere 280 componentes de 86 proveedores ubicados en 19 países diferentes. Producirla no es tan simple como compartir la 'receta', como algunos pueden sugerir", asegura el portavoz de Pfizer a DW. "Creemos que no es realista pensar que una exención facilitará por arte de magia un aumento tan rápido como para resolver los problemas de suministro de la vacuna de una manera segura y rápida".

Carvalho no está de acuerdo. Señala la gran capacidad de fabricación de Brasil, Argentina y México, que producen las vacunas Sinovac, AstraZeneca/Oxford y Sputnik V.

Muñoz Téllez afirma que la exención de los ADPIC también podría beneficiar a los países que no tienen capacidad de producción, ya que daría lugar a más vías de adquisición. Por ejemplo, Bolivia ha firmado un acuerdo para la adquisición de 15 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de J&J, que sería producida por la empresa canadiense Biolyse Pharma una vez que se apruebe la exención de los ADPIC.

(gg/er)