Las protestas campesinas por la privatización de las semillas en América Latina se hacen oír. Que agricultores que han cuidado, canjeado y guardado simientes de manera tradicional tengan ahora que certificar, comprar e incluso destruir semillas de pronto “ilegales” hace arder los ánimos. Privatización, certificación, manipulación, monopolización son términos que se repiten en las denuncias que ubican la fuente de estos cambios en los tratados comerciales.

En contra de una tradición humana

“Las semillas son un recurso natural vinculado a la humanidad desde sus orígenes; de ellas salen los vegetales y éstos son una parte sustancial de los alimentos de las personas; el futuro de la humanidad en el capítulo alimentación está ligado a ellas. Como recurso originario han sido bien común, siempre han sido de los agricultores, de los campesinos, de toda la gente que vivía y trabajaba en agricultura, desde el principio. Hay que esperar a finales del siglo XX para ver cómo se desarrollan políticas de privatización del germoplasma, el material genético de los vegetales que está en las simientes”. Así resume la situación actual el eurodiputado español Vicente Garcés Ramón, agrónomo y excatedrático de la Universidad Politécnica de Valencia.

Al modificar la semilla, las leyes que protegen la propiedad intelectual permiten su patente. En algunos casos, la modificación llega a impedir la reproducción de la semilla, con lo cual la necesidad de volver a comprarla es automática.

Un mal que se expande

“Otro problema adicional es que cuando no hay vigilancia, no hay control de esas semillas genéticamente modificadas y si se cultivan a cielo abierto hay procesos de contaminación. Contaminan los alrededores y también otros campesinos terminan teniendo que comprar semillas anualmente”, dice Garcés Ramón, que ha colaborado con numerosos foros internacionales de seguridad y soberanía alimentaria.

Y aunque las empresas transnacionales de las semillas son muy activas en cuanto a la gestión de sus intereses, los gobiernos de los Estados son los que deciden. Así, por ejemplo, a pesar de determinadas líneas de Bruselas, cada miembro de la UE decide si permite los cultivos con “organismos genéticamente manipulados” (ogm) o no. En este momento es difícil decir cuántas hectáreas o en qué países europeos hay más presencia de este tipo de cultivos. En todo caso, se trata por lo general de cultivos de grandes superficies. Garcés pone como ejemplo “el tomate en España, el maíz en México o la soja en Argentina”.

¿Por qué hay que certificar?

Esta producción a gran escala y su posible exportación a países con los que existen tratados de libre comercio protagonizó directa o indirectamente las recientes protestas en Colombia.

“Hemos visto una serie de acciones policiales para incautar y destruir semillas que han guardado los campesinos para la siguiente cosecha. Se impide la utilización de semillas que no sean certificadas; las que hayan sido guardadas deben ser destruidas, aduciendo violación de derechos de propiedad intelectual”, explica en Bruselas a DW Sergio Coronado, de la Plataforma Democracia Desarrollo y Derechos Humanos.

“Si tienes semillas de arroz que has guardado, no lo puedes producir en un área mayor de cinco hectáreas. Si produces en un área mayor, estás obligado a comprar la semilla certificada”, añade. Las organizaciones a las que representa querrían ver renegociar los tratados de libre comercio con cláusulas de garantías para los pequeños agricultores.Y la sospecha de las organizaciones campesinas es que la medida está orientada a abrir el mercado a las empresas estadounidenses que comercializan las semillas ogm.

Con todo, “la certificación no es necesariamente mala y no significa necesariamente privatización”, explica el especialista europeo. “Puede ser una garantía de calidad de las semillas. Por otro lado, no debe impedir el cultivo y uso tradicional de las semillas. La certificación, de cara al consumidor, es una garantía de que la semilla utilizada no contiene elementos dañinos para la salud”, puntualiza.

Para Europa la “ley de material reproductivo de las plantas”, aprobada en mayo de 2013, exige un registro de cualquier semilla que se vaya a comercializar. Las protestas que generó el proyecto de ley obligaron a su modificación y a eximir del registro a los horticultores a pequeña escala o a los productores que tengan hasta 10 empleados. Lo que esto podría significar para la variedad de los cultivos profesionales y no profesionales preocupa a las asociaciones de pequeños horticultores.

Por otro lado, para los países donde las semillas ogm están permitidas, éstas no requieren de certificación especial. “En Francia, en España y en otros países europeos hay conflictos con algunas transnacionales de semillas por la restricción y en algunos casos prohibición de utilizar esas semillas”, apunta Garcés.

Privatización en los tratados comerciales

En un momento en que los mercados nacionales se adecuan a los internacionales, crece el temor de que los acuerdos comerciales –también los que firma la UE- impliquen necesariamente la privatización de las simientes. “Los tratados no obligan a eso”, explica Garcés, que es miembro de la comisión de Protección al Consumidor en la eurocámara.

“Lo que hacen es facilitar que determinados circuitos comerciales se abran y puedan llegar a un país determinadas semillas ogm en el marco de la libertad de comercio, pero su utilización depende de la legislación del Estado, no es un tratado el que la impone. Un Estado, incluso con tratados de libre comercio, puede prohibir su uso. La legalidad o ilegalidad de las simientes es una política de cada gobierno. Y depende de sus intereses”, afirma.