¿Por qué los jueces venezolanos piden protección a Chile?
Mónica Nanjari
20 de agosto de 2017
Hasta ahora son cinco los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional y un líder opositor los que se encuentran a resguardo en la embajada chilena en Caracas.
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El 21 de julio la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, nombró a 33 magistrados para conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de considerar ilegítimo el nombramiento de quienes ocupan actualmente esos puestos. Tras el juramento, los jueces designados por el Parlamento se convirtieron en perseguidos políticos, ya que según el Poder Judicial que respalda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estarían cometiendo usurpación de funciones y su designación sería nula, lo que tendría consecuencias judiciales.
Después de que Maduro declarara que los magistrados nominados por la Asamblea Nacional irían presos, el amedrentamiento se inició de manera inmediata. Hasta ahora dos jueces han sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Se trata de Jesús Rojas Torres y Ángel Zerpa, que están siendo procesados. Después de estos arrestos, varios de los nuevos magistrados optaron por pedir protección a otros países, siendo la embajada de Chile en Caracas la más solicitada.
El politólogo venezolano Yosbert Vásquez dice a DW que la trascendencia de la persecución a los magistrados tiene un significado importante para la comunidad internacional, porque “hay una lectura politológica que se relaciona con la violatoria de uno de los principios básicos de la democracia en el mundo, que es la división de poderes y respeto por las decisiones que puede tomar cada poder dentro del Estado. Esto agrava y da más relevancia a su persecución. Si bien los parlamentarios opositores también han sido víctimas de ataques y amedrentamiento, los diputados, a diferencia de los magistrados, representan una lucha política partidista, representan a un sector que abarca las masas, a diferencia de los magistrados que son académicos, son personas que representan la institucionalidad del país más allá de sectores políticos”.
Empatía histórica y tradición democrática
Luis Marcano Salazar, Zuleima González, Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenys del Valle Rodríguez son los cinco magistrados que se encuentran en calidad de huéspedes en la embajada chilena. A ellos se suma el dirigente nacional del partido socialcristiano Copei, Roberto Enríquez, que se encuentra en la misma situación que los juristas desde el pasado mes de abril. A todos se les daría asilo político en caso de que lo soliciten, ha asegurado la cancillería chilena.
Según ha señalado el canciller chileno, Heraldo Muñoz, la capacidad de la residencia del embajador Pedro Ramírez se encuentra a tope. “Logística copada, pero compromiso incólume”, señaló cuando llegó el último magistrado a la embajada. De hecho, la cancillería ya maneja un plan de acción si la situación empeora en Venezuela y la cantidad de solicitantes de protección se multiplica. Se estima que se podrían recibir hasta 60 personas instalando carpas y baños químicos, de ser necesario, ya que las puertas de la embajada están abiertas a todo venezolano que se sienta en peligro.
Los magistrados perseguidos optaron por tocar la puerta de la embajada chilena debido a diversas razones que tendrían, según el politólogo venezolano John Magdaleno, tres factores centrales: solidez democrática, lazos familiares y empatía histórica. “En primer lugar, Chile tiene una tradición importante en materia de institucionalidad democrática. Siempre se ha considerado en América Latina que Chile es un país con instituciones democráticas sólidas. De paso, tiene mucho que aportarle a Venezuela en el sentido de que su transición a la democracia desde un régimen autoritario fue muy peculiar", dice a DW el experto.
Magdaleno, quien es director de Polity en Caracas, añade que, además, Chile "es un país que tiene un vínculo, unos lazos familiares e incluso sociales con Venezuela, surgidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por último, Chile está crecientemente sensibilizado con la causa venezolana, precisamente por su reciente experiencia de 17 años de dictadura. Además, siendo Chile un gobierno de izquierda, siendo la presidenta Michelle Bachelet socialista, eso podría ofrecer algunas garantías adicionales".
Para Yosbert Vásquez, los magistrados y perseguidos acuden a Chile “primero por la cooperación política que existe con la oposición venezolana. El Gobierno chileno tiene una cercanía inclusive de legitimidad con algunos liderazgos venezolanos. Eso le da unas credenciales de resguardo a la integridad de los magistrados que no se pueden desaprovechar. Esta cercanía entre el gobierno de Chile y alguna dirigencia de la oposición no es reciente, ha sido una de las más estables que existe entre la oposición venezolana y gobiernos extranjeros”, indica.
Y agrega: “Aquí hay que resaltar dos cosas: una es el reconocimiento de parte del gobierno chileno al gobierno venezolano como una amenaza a la democracia y por eso abre las puertas a los perseguidos; y dos, apela al derecho fundamental y universal de respeto a la vida. Este escenario genera malestar y muchísimo rechazo por parte del Gobierno venezolano, lo que resulta normal en un gobierno de perfil caudillista y militarista que centraliza las decisiones. El constituyente Diosdado Cabello ya dijo que cualquier gobierno que brinde apoyo a la dirigencia opositora, incluyendo a los magistrados y exministros, eran considerados opositores al Gobierno Bolivariano. Esto compromete las relaciones y tratados que existen entre ambos países”, concluye.
Venezuela: ¿quién es quién en la oposición?
La oposición venezolana trasciende la alianza denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esta galería presenta a los adversarios más prominentes –chavistas y no chavistas– de Maduro y el partido de Gobierno, PSUV.
Imagen: UCAB
Leopoldo López
Internacionalmente conocido por su gestión como alcalde del municipio caraqueño de Chacao (2000-2008). Es considerado el principal dirigente de la oposición; se le atribuye una lucha por el liderazgo con Henrique Capriles Radonski. Desde 2014 es el preso político más célebre. López fundó Primero Justicia en 1992, junto a Capriles Radonski y Julio Borges. En 2009, López fundó Voluntad Popular.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Hernandez
Henrique Capriles Radonski
Líder de Primero Justicia, gobernador del estado Miranda (centro) y candidato de la MUD en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. Argumentando fraude de cara a los últimos comicios –que lo enfrentaron con Maduro–, le pidió a instancias nacionales e internacionales que no reconocieran sus resultados. En abril de 2017 fue inhabilitado políticamente por el régimen por un lapso de quince años.
Imagen: AP
Julio Borges
Presidente del Parlamento (2017-2018) y jefe de bancada de la MUD. Coordinador político de Primero Justicia, uno de los partidos opositores con más presencia en el país. Lo fundó en 1992 y ya para en 2000 participó en sus primeras elecciones. En agosto de 2017 se reunió con chavistas disidentes del PSUV y llamó a crear un frente amplio con miras a rescatar el Estado de derecho en Venezuela.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Freddy Guevara
El primer vicepresidente del Parlamento (2017-2018) es periodista. Adquirió relevancia política en el seno del movimiento estudiantil que en 2007 hizo campaña contra la reforma constitucional promovida por el difunto Hugo Chávez. Tras el encarcelamiento de Leopoldo López y la huida de Carlos Vecchio, actualmente en el exilio, Guevara se convirtió en el timonel del partido Voluntad Popular.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Cubillos
Luisa Ortega Díaz
Como fiscal general, la chavista apoyó al régimen, incluso tras los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2014, pero denunció la ruptura del hilo constitucional cuando Maduro le ordenó al Tribunal Supremo de Justicia despojar al Parlamento de sus facultades en marzo de 2017. Ella fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Henry Ramos Allup
Los simpatizantes del expresidente del Parlamento (2016) valoran su experiencia, adquirida durante décadas en las filas del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD). Ramos Allup es secretario general de AD, que compartió el poder alternativamente con el socialcristiano COPEI entre 1959 y 1994. Sus detractores desconfían de él precisamente por pertenecer a la vieja guardia.
Imagen: Imago/Agencia EFE
Antonio Ledezma
El Alcalde Metropolitano de Caracas es uno de los presos políticos más prominentes del país. Según Maduro, Ledezma participó en un frustrado plan de magnicidio junto a Leopoldo López y María Corina Machado. Oficialmente se alega que la prueba del crimen es un documento en el que los tres opositores –tachados de antichavistas radicales– claman por la formación de un Gobierno de transición.
Imagen: Imago/Zumapress/El Nacional/E. Morgado
María Corina Machado
María Corina Machado, líder de la asociación Vente Venezuela, fue incluida en mayo de 2015 en la lista de candidatos de la MUD para las elecciones parlamentarias de diciembre (Machado era la diputada que más votos había obtenido a escala nacional en los comicios legislativos de 2010). El contralor general, Manuel Galindo, la inhabilitó políticamente, impidiendo su participación en los comicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Gutierrez
Henri Falcón
El gobernador del estado Lara (centro-occidente) es abogado y sub oficial retirado del Ejército. Ingresó a la política con el Movimiento Quinta República del difunto Hugo Chávez y fue miembro del PSUV hasta 2008, cuando se separó de sus filas. Aunque se ha mostrado crítico de cara al régimen de Maduro y tachó de fraude su Asamblea Nacional Constituyente, un sector del antichavismo desconfía de él.
Imagen: picture-alliance/Demotix/S. Alvarez
Manuel Rosales
El fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, fue alcalde de Maracaibo, gobernador del estado occidental de Zulia y candidato presidencial –el principal opositor de Hugo Chávez en 2006– antes de solicitar asilo político en Perú. En mayo de 2015 fue postulado por la MUD para los comicios legislativos de ese año. Un mes más tarde se le inhabilitó políticamente por siete años y medio.
Imagen: picture-alliance/dpa/S.Suarez
Eustoquio Contreras
El abogado chavista fue designado vicecanciller de la República (2004) y elegido miembro del Parlamento (2005-2010; 2016-2021). En enero de 2017 dio por imposible el diálogo oposición-Gobierno; pero en agosto, en representación del Bloque Parlamentario Socialista del Parlamento, se reunió con líderes de la MUD (foto) y llamó a crear un frente amplio con miras a rescatar el Estado de derecho.
Imagen: UCAB
Nicmer Evans
El politólogo chavista se dio a conocer como vocero de Marea Socialista, un grupo político que surgió dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero asumiendo una posición crítica de cara a la gestión de Maduro. El CNE se negó a aprobar su inscripción como partido cuando Marea Socialista se separó del PSUV. Hoy, Evans es portavoz del Movimiento Democracia e Inclusión.
Imagen: Martha Cambero
Germán Ferrer
Obtuvo un escaño en el Parlamento en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, en las que participó en representación del Gran Polo Patriótico, la alianza de formaciones que apoyan al régimen de Maduro. El abogado es esposo de Luisa Ortega, quien desconoció la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de destituirla como Fiscal General de la República el 5 de agosto de 2017.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Gabriela Ramírez
La chavista fue diputada uninominal por los municipios Baruta y El Hatillo (2005-2010) y llegó a estar al frente de la Defensoría del Pueblo antes de convertirse en acérrima crítica de Maduro. Tras las protestas antigubernamentales de 2014, su nombre figuró en la lista de funcionarios venezolanos a los que el senador estadounidense Marco Rubio recomendó sancionar por violar derechos humanos.
Imagen: Imago/Agencia EFE/M. Gutierrez
Miguel Rodríguez Torres
El militar participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y dirigió la reestructuración de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), transformándola en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Fue ministro del Interior hasta 2014. Se distanció de Maduro en 2016. Propuso elecciones generales para solucionar la severa crisis nacional.