La Unión Europea tiene claro que la paz y la estabilidad de Colombia es una prioridad para sus Estados miembros en el 2021. Por un lado, acaba de destinar 80.000 euros adicionales para responder a las necesidades humanitarias generadas por los efectos climáticos del fenómeno de La Niña.

Por otro lado, se destinan 10,3 millones de euros a generar infraestructura y servicios en las poblaciones colombianas más impactadas por la inmigración venezolana, entre ellas Riohacha, Maicao, Barranquilla y Cúcuta (proyecto “Ciudad Integradora”). Se anuncia también una ampliación del Fondo Europeo para la Paz (2,5 millones de euros de Suecia y 750.000 de Irlanda), y la integración de Rumania.

Y, siguiendo el objetivo de la reforma rural integral -una de las dos prioridades del Fondo- se anuncian 8,5 millones de euros para apoyar el proyecto estatal “Tierra y Territorios Sostenibles para la Paz”, que busca caracterizar 186.000 hectáreas de predios baldíos, formalizar unas 65.000 hectáreas de pequeña y mediana propiedad, y otorgar cerca de 370 contratos de derecho de uso.

 “Se apoya la caracterización de los baldíos, su situación legal, social y ambiental. Una vez se tenga claridad, se procede a formalizar para quienes tienen derechos, a celebrar contratos de derecho de uso en las zonas que no pueden adjudicarse por ser  territorios ambientalmente protegidos, y a dar acceso a la tierra a quienes no lo tienen. El objetivo es llegar a títulos y a una claridad legal sobre la tierra para la población objetivo”, explican a DW desde la delegación de la Unión Europea en Bogotá.

Una región, muchos conflictos

La región donde se comenzará a abordar el sensible tema de la tierra como una de las fuentes del conflicto colombiano son  los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá, y en Uribe y La Macarena, en Meta.

“Estamos hablando de una extensa región del país, del 35% de su territorio, en transición entre la Orinoquía y la Amazonía”, explica a DW Jaime León, coordinador general de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, La organización trabaja con las comunidades de la región.

“En ella confluyen muchos problemas: tanto el narcotráfico como los cultivos de uso ilícito, tres parques naturales con comunidades indígenas y campesinas, así como también colonos que llegaron allí como desplazados internos y ahora tienen formas organizativas propias”, sigue León, recalcando el actual abandono por parte del Estado.

“Nosotros no consideramos que en esa zona haya baldíos. Lo que pasa es que los indígenas y los campesinos no tienen títulos de esas tierras”, resalta León. Por otro lado, “¿qué son 65.000 hectáreas que van a ser entregadas a pequeños y medianos propietarios? ¿Cómo explicar que en esa región una sola familia en un solo municipio pueda poseer 60.000 hectáreas?”, cuestiona, comparando esa dimensión de tierra con las 30 hectáreas que tiene, aproximadamente, un resguardo indígena.

¿De título comunitario a propiedad individual?

Jaime León y su equipo jurídico detectan un problema adicional: “Parcelar la tierra individualmente llevará a que el campesino -sin formación, sin vías para sacar sus productos- venda su tierra a las grandes inversiones ganaderas, agroindustriales, turísticas y minero-energéticas. No se está atacando el problema de la concentración de la tierra”.

Por otro lado, apunta, “en el marco del plan del gobierno para aumentar el componente de seguridad en estas zonas donde el Estado ha sido débil se están registrando asesinatos de líderes socialesy represión de la protesta ciudadana”.

Como fuere, aseveran fuentes de la delegación en Bogotá, el tipo de producción a la que se dedicarán esos baldíos, “se revisará después de hacer la caracterización y se decidirá con la Unidad para la Planificación Rural Agrícola, con las autoridades ambientales locales y nacionales y las secretarías de agricultura locales”. A este respecto, los especialistas de la Corporación Claretiana desearían que en los proyectos europeos se incluyera más a las organizaciones de la sociedad civil.

En cualquier caso, “desde la delegación de la UE y las embajadas europeas, unidas en la iniciativa #Defendamoslavida, se hace seguimiento a la situación de los líderes y lideresas”, informa la delegación, añadiendo que en marcha está otro proyecto con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para fortalecer tanto los mecanismos de protección colectiva como las alertas tempranas.

Y aunque queda claro que Colombia es uno de países más peligrosos para líderes sociales, el apoyo europeo al proceso de paz de Colombia no se cuestiona: para mayo de 2021 está prevista una revisión del impacto del Fondo Europeo para la Paz. 

(cp)