Alemania defiende ser un Estado de Derecho. ¿Cómo es posible entonces que fomente prácticas como la de encarcelar durante meses a refugiados e ilegales cuyo único delito es no contar con el visado oficial para estar en tierras germanas? Esta es la pregunta que impulsa la labor de Regine Jäger, directora y fundadora de la asociación "Hilfe für Menschen in Abschiebehaft", una organización no gubernamental que presta ayuda a cientos de refugiados e ilegales encarcelados en Alemania antes de ser expulsados del país.

Desde que se creara la iniciativa en 1994, ha prestado ayuda a más de 10.000 personas que han pasado por la cárcel de Büren, la más grande de Alemania para refugiados en proceso de expulsión.

El crimen de la ilegalidad

La encarcelación es la herramienta de sanción más severa que aplica el sistema judicial alemán para castigar a aquellos que cometen un delito. El "delito" cometido por los refugiados que acaban tras las rejas en Büren consiste en no contar con los papeles oficiales que amparen su estancia en Alemania.

Pero la ilegalidad, según explica Jäger, no es contemplada por las leyes alemanas como delito sino que representa únicamente una infracción. Visto así, el Estado alemán fomenta prácticas ilegales al encarcelar a los refugiados por periodos de varios meses.

La asociación demanda, por lo mismo, que se anule esta práctica. Es inhumano encarcelar a personas que no han cometido delito alguno y que además no han sido condenados por ningún tribunal. Esta demanda es secundada por muchas otras organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos, pero el Estado alemán se mantiene firme.

¿Guantánamo en Büren?

La lucha de la asociación ha registrado frutos en los últimos 12 años. Los 50 miembros de la organización no sólo dan ayuda moral a los presos. Gracias a su intervención, los presos de Büren cuentan ahora con la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, de tener contacto con sus familiares, de recibir asesoría jurídica y también tratamiento médico.

Entre otras cosas, la asociación ha logrado que se anule la "atadura columpio" en la que a los refugiados se les ataba brazos y piernas a la espalda.

Siguen luchando, sin embargo, para que al momento de la encarcelación a los "ilegales" no se les quite todo su dinero, para que los presos no tengan que financiarse la estadía en la cárcel, para que las detenciones no sean por tiempos tan largos y para que no se separe a las familias.

Estar preso en Büren significa, por regla general, compartir una celda pequeñita 24 horas del día con cinco desconocidos igual de desesperados. Esta realidad deja profundas huellas. Desde 1993 hasta la fecha, se han registrado 49 suicidios en estas celdas y más de 400 personas han intentado acabar con tan deplorable existencia.

El "Aachener Friedenspreis", el premio de la Paz de Aquisgrán, dotado con 1.000 euros, aunque simbólico, cobra importancia a la luz de los esfuerzos a nivel europeo por incrementar las leyes contra inmigrantes ilegales. Son estas organizaciones las que recuerdan que también los "ilegales" tienen derechos sociales y políticos y advierten que aún sistemas democráticos pueden desarrollar aspectos profundamente inhumanos.