Desde principios de enero de 2015, 151 personas han sido ejecutadas, según cifras publicadas el lunes por el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional. El año pasado, la cifra total de ejecuciones fue de menos de 90.

El aumento es excesivo, pero los grupos de derechos humanos dicen que sus preocupaciones van más allá de simples números. "No se trata de los números en sí, aunque eso es alarmante", dijo a DW Sevag Kechichian, investigador de Amnistía Internacional sobre el Medio Oriente y África del Norte. "Se trata de lo que las cifras representan y la realidad detrás de ellas.”

"Arabia Saudita tiene derecho a aplicar la pena de muerte según el derecho internacional. En sí mismo, el número 151 podría significar algo espantoso, pero si, al final, ese país sigue las directrices internacionales y mata a 151 personas, o a 200 al año, la comunidad internacional no tiene mucho argumento para criticar a Arabia Saudita", añade.

Un enfoque pragmático

En lugar de concentrarse en las cifras, algunos grupos de derechos humanos están poniendo de relieve las áreas donde Riad sí debería tener que rendir cuentas. Human Rights Watch (HRW) cita el uso de Arabia Saudita de condenas a muerte por delitossin consecuencias mortales - algo mal visto por el derecho internacional - y reclama que hay juicios injustos que carecen de las garantías legales y judiciales básicas.

"La mayoría de personas ejecutadas por delitos no violentos relacionados con drogas son extranjeros. Y hay una cantidad de problemas con los extranjeros y su interacción con el sistema de justicia saudí," dijo Adam Coogle, investigador de Medio Oriente de HRW, a DW.

"A menudo no tienen acceso a abogados y es así que no entienden los procedimientos judiciales y lo que les está sucediendo", dijo Coogle. "A menudo pueden ser forzados a firmar confesiones sin entender realmente lo que está pasando a su alrededor."

No hay un código penal escrito

La falta de un código penal escrito también ofrece enormes posibilidades para la ambigüedad, dice Coogle, que trabaja en la sede en Jordania de HRW. "Algo como la calumnia, e incluso ciertos detalles en torno a delitos relacionados con drogas, no son necesariamente figuras jurídicas, de modo que, si son juzgados bajo los principios de la ley islámica, según la interpretación de los jueces individuales, se pueden producir situaciones en las que alguien podría ser procesado por algo que en la mayoría de los países no se considera un crimen.”

Asimismo, los grupos de derechos humanos destacan el enjuiciamiento de menores y su condena a muerte. Los planes para ejecutar a los activistas pro-democracia Mohammed Al Nimr y Dawoud Al Marhood, ambos de 17 años, que confesaron sus presuntos crímenes, han cobrado especial notoriedad.