Situado a unos 170 kilómetros al norte de Medellín, el proyecto de la presa hidroeléctrica de Hidroituango en el río Cauca, el segundo más caudaloso de Colombia, pretende generar 2.400 megavatios. No obstante, la obra, una de las las presas hidroeléctricas más grandes en América Latina, cuenta con la fuerte oposición del Movimiento Ríos Vivos.  Integrado por 15 organizaciones que representan a comunidades indígenas y campesinos asentadas en el Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueño, fue creado en 2008 y 2009 para la defensa del río, del agua y de la vida. Su objetivo es permanecer en el territorio pero con una vida digna.

DW: ¿Cuán necesaria es la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango? ¿Qué beneficios y perjuicios comporta este megaproyecto para el territorio y las comunidades?

Milena Flórez: El megaproyecto se vende diciendo que Colombia necesita energía, cuando ya tiene suficiente. La han vendido a otros países.

Las afectaciones ya se venían dando cuando se empezó a privatizar el territorio. Nunca se hizo consulta a pesar de que eran comunidades indígenas. En 2017 apenas vinieron a reconocer un sitio nutabe.

Nos dicen que tendremos muchos beneficios, como la pavimentación de las vías, pero eso es porque ellos las necesitan. El río era nuestra vida y se estaba perdiendo la fauna y la flora. Todas las actividades se fueron, como la pérdida del barequeo. En 2018 se habían cortado más de 4.500 hectáreas de Bosque Seco, pero también nos mataron el río. Se secó por tres días y de aguas abajo se murieron miles de peces. De aguas arriba, todas las comunidades quedaron atrapadas. 

En este sentido hay que recordar que ese mayo se produjo un deslizamiento la comunidad Puerto Valdivia fue evacuada y más de 5.000 personas quedaron damnificadas. En octubre el Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó realizar el desmantelamiento inmediato de esta obra por considerar que la población se encuentra expuesta al riesgo de manera permanente. ¿Qué intereses existen para que las instituciones públicas sigan apostando por este proyecto?

Las comunidades siguen con la angustia, las fallas geológicas siguen. No hay un estudio que diga que el macizo rocoso es estable. El Gobierno no escucha, no oye, no ve. Los intereses económicos han prevalecido. Empresas Públicas de Medellín (EPM) al igual que la Gobernación de Antioquía son empresas que no quieren que se les quiten el prestigio que tienen. Siguen insistiendo, a pesar de que, a finales de 2018, la Contraloría General de la República hizo una auditoría diciendo que este proyecto no es viable ni financieramente ni estructuralmente, por todas las fallas, por todos los daños ambientales y económicos.  El megavatio de energía de este proyecto va a ser el más caro del mundo, entonces no es rentable.

En octubre de 2019, el Directorio Ejecutivo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) uno de los principales inversionistas del megaproyecto, aprobó una investigación para determinar si se cumplió con los estándares sociales y ambientales. Otro de los financiadores del proyecto es el banco español BBVA...

Se está poniendo fecha para que vengan al territorio porque apenas consiguieron a todos los expertos del BID que van a ser parte y estamos concretando los lugares.

El 14 de febrero nos reunimos con el BBVA en Madrid donde nos reiteraron que el BID era el líder y que ellos estaban cumpliendo con las responsabilidades sociales. Cuando les comenté todos los daños ambientales, económicos y sociales que hay en el territorio reiteraron que lo están haciendo lo mejor que pueden.

Se comprometieron a venir al territorio a ver las afectaciones que están ocasionando este megaproyecto, pues debido a la financiación también son responsables. Aún no se ha acordado fecha para la visita pero esperamos concretarla muy pronto ya que en abril vamos a tener muchas actividades como la demanda de anulación de licencia ambiental del megaproyecto. 

Mientras la movilización continua, la violencia no da tregua en Colombia. ¿Cómo ha afectado al Movimiento Ríos Vivos en general y en tu caso particular? ¿Qué acciones se han llevado a cabo frente esta situación?

Hay seis líderes asesinados del Movimiento Ríos Vivos. En 2018 hubo dos líderes asesinados, uno reclamante de tierra afectado por el megaproyecto.

Lo que se ha hecho es denunciar tanto nacionalmente como internacionalmente porque el estado colombiano no ha prestado atención a todos estos asesinatos. En Colombia no cesan los asesinatos a los líderes sociales ni los desplazamientos forzosos. En Ituango hubo un desplazamiento de más de 800 personas hace dos semanas. Se han desplazado más personas que en el conflicto armado.

También hay muchas amenazas colectivas e individuales, en mi caso por eso estuve en un programa de acogida en Barcelona.  Los programas son muy buenos pero los líderes sociales no deberíamos salir por estar defendiendo la naturaleza y los recursos de nuestro territorio porque es un deber, un derecho, defender  lo que nos duele.

(eal)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube