La presidenta Michelle Bachelet había asegurado que gobernaría hasta el último día y esta iniciativa parece confirmarlo. Al anunciar la presentación de un proyecto de nueva Constitución, la mandataria -que entrega el poder a Sebatián Piñera el próximo 11 de marzo- señaló que se trata de una "deuda pendiente".

Hasta ahora, a la carta fundamental vigente, de 1980, se le habían hecho modificaciones. Pero el texto principal, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, se mantiene. Se trata, en opinión de Bachelet, de una Constitución "ilegítima en su origen", con algunas reformas válidas, pero sin coherencia con el resto de las disposiciones legales.

En entrevista con DW, el Prof. Detlef Nolte, director del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo, asegura que era lógico que Bachelet enviara el proyecto, "porque es una promesa del principio de su mandato y además inició todo un proceso de discusión ciudadana sobre una nueva Constitucion".

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El masivo proceso participativo congregó a más de 200 mil ciudadanos. Sin embargo, en la etapa posterior, no ha contado con el respaldo político de la derecha ni de una parte de su coalición. De hecho, la presentación del proyecto generó molestia en diversos sectores políticos, que lo han catalogado de tardío, inoportuno e improvisado.

Consultado por DW, Claudio Fuentes, politólogo y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, indica que "el hecho de que la presidenta presentara el proyecto al final de su gobierno le restó apoyo dentro de los propios partidos de la coalición, que dicen que no se les consultó. Además al nuevo gobierno no le interesa el tema, por lo tanto seguramente se va archivar. Por último, hay bastante descontento de las organizaciones de la sociedad civil que participaron del proceso, que ven que al final no tiene referencia con lo que se discutió".

"La alternativa habría sido reformar la Constitución vigente, como ya se ha hecho. Después de 1989 hubo un total de 38 reformas, dos de ellas muy grandes. Pero después de toda la discusión sobre la nueva Constitucion y el involucramiento de los ciudadanos, me parece que ahora hay que seguir por este camino", afirma Detlef Nolte.

Enfoque social

Al dar a conocer la iniciativa, por cadena de radio y televisión, Bachelet aseguró que busca consolidar un Estado de derecho democrático y social, que consagre la protección de una serie de nuevas y mayores garantías: derechos humanos, derechos de los niños, participación en los asuntos públicos, vivienda, salud, trabajo, gratuidad en la educación e igualdad entre el hombre y la mujer -también en el ámbito salarial-, entre otros.

Asimismo, incorpora el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, establece un equilibrio entre los poderes del Estado, elimina el quorum supra-mayoritario para algunas leyes y contempla la iniciativa ciudadana de ley. También propone el mandato presidencial de seis años -en vez de los actuales cuatro- sin posibilidad de reelección inmediata ni posterior.

"La Constitución de 1980 tenía un sesgo muy liberal, con la proteccion de los derechos liberales, y la nueva tiene un enfoque mucho más social, de defender los derechos sociales y, también muy importante, los derechos de los pueblos indígenas, lo que no está en la Constitución actual, además de un balance mayor entre los distintos poderes del Estado", agrega el politólogo alemán.

Claudio Fuentes considera que era necesario hacer un cambio sustantivo del contenido, "por cuanto hoy una minoría política puede controlar la política chilena a través de los quorum supra-mayoritarios. Adicionalmente, la Constitución actual condiciona temas muy relevantes como el derecho a huelga, la salud, la educación, el derecho de aguas y otros temas relevantes".

Pero, en su opinión, al no contar con respaldo político "al enviar ahora el proyecto, Bachelet hace simplemente un 'saludo a la bandera', más cuando su viabilidad política es cero, considerando que en el nuevo congreso tiene más representación la derecha".

Bachelet ha dicho que esta nueva carta fundamental pondrá a la sociedad chilena a la altura de los países más desarrollados del mundo. Al respecto, Detlef Nolte es cauteloso: "Por sí misma, no va a cambiar el país. En América Latina hay una creencia a veces mágica de que con el cambio de la Constitución la vida va a cambiar, pero lo importante es después legislar sobre esa base".

Un largo proceso

La iniciativa deberá recorrer todavía un largo y complejo camino. La primera dificultad es que la actual Constitución no contempla mecanismos para crear una nueva. Será tarea de los legisladores encontrar el sistema adecuado. Todo esto, estrenando nuevo Congreso y gobierno no proclives al proyecto.

"Mi expectativa es que sería muy difícil para el nuevo gobierno negar todo el proceso participativo y que incluye muchos elementos en que existe un consenso amplio en la ciudadanía", indica Detlef Nolte. El politólogo considera que se trató de un proceso ejemplar: "No conozco ningún proceso similar, con una participación tan amplia, sobre todo si lo comparamos con otros países en que las constituciones se hacen por la voluntad de los gobiernos".

Ahora la viabilidad del proyecto está en manos de las próximas autoridades. "Ese es un gran desafío pero también una responsabilidad de la clase política continuar en ese camino. De lo contrario, sería una gran frustración para la ciudadanía, cuando sabemos que ya existe un gran descontento con la política", agrega Nolte.

"Si bien es ejemplar el involucramiento de la ciudadanía, como no hay consenso político para hacer una transformación más sustantiva, toda la etapa participativa puede quedar en nada. Entonces se genera una frustración muy grande", corrobora Claudio Fuentes. A esto se suman la participación de los pueblos indígenas, con su propuesta de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado de Chile. De no quedar plasmada en la nueva Constitución, será un nuevo factor de conflicto.

Victoria Dannemann (VT)

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