Miles de panameños han salido a las calles en las últimas dos semanas, para protestar ante un polémico acuerdo entre el gobierno de Laurentino Cortizo y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), que podría causar graves daños ambientales y supone dar a la empresa la concesión por otros 20 años, prorrogables, de la mina Cobre Panamá.

"Estamos ante manifestaciones nunca antes vistas en Panamá”, dice en entrevista con DW el abogado Giovanni Olmos, exfiscal de delitos ambientales, al señalar que la magnitud de la protesta social revela que "este es un asunto de importancia nacional y debe ser resuelto con urgencia”.

La crisis estalló el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso panameño aprobó con trámite exprés una ley que selló el acuerdo firmado este año entre el gobierno y Minera Panamá, que explota la mina y es subsidiaria de FQM. Cortizo la promulgó también de manera inmediata.

First Quantum es una empresa mundial de cobre, y administra minas de larga vida en varios países, empleando a unas 20.000 personas en todo el mundo, de acuerdo a los datos que exhibe en su página web. Cobre Panamá es la mina más grande de Centroamérica, ubicada en la zona de Donoso, a unos 240 km. al oeste de la capital, en la caribeña provincia de Colón.

La protesta

El movimiento de protesta, en el que participan obreros, maestros, médicos, estudiantes y activistas ambientalistas, surgió el mismo día en que se firmó el contrato ley y rápidamente aumentó sus demandas. Hoy exige también anular las 15 concesiones mineras existentes en el país y las 103 nuevas solicitudes en proceso de ser aprobadas. 

Frente al bloqueo de calles y el impacto de las protestas que ya empiezan a afectar  el transporte, el abastecimiento de los mercados, los precios de la gasolina y el turismo, Cortizo dejó en suspenso todas las concesiones mineras –a excepción de la firmada con FQM—y el pasado domingo por la noche convocó a una "consulta popular” el próximo 17 de diciembre, para someter el tema al escrutinio público.

Lejos de frenar la protesta, esto incrementó la desconfianza y el enojo de los panameños. "La gente no está dispuesta a esperar hasta el 17 de diciembre, quiere una respuesta inmediata. Si la intención del presidente fue calmar los ánimos, creo que más bien se han enardecido”, comenta el exfiscal Olmos.

Sumado a ello, el tribunal electoral rechazó la posibilidad de un referendo, alegando razones de tiempo y logísticas. "El tribunal se ha inhibido de conocer el problema y con esto han dejado más solo al presidente”, opina el jurista. "La situación ahora se complica más, porque la población tampoco ha visto con buenos ojos la respuesta del tribunal y sigue protestando”.

Olmos cobró notoriedad en 2005, cuando desde su cargo de fiscal ganó una demanda contra el Estado por la construcción de una carretera que atravesaría un parque nacional, con graves consecuencias al ecosistema. El fallido proyecto tenía el apoyo y empuje de la entonces presidenta Mireya Moscoso.

Secretismo y desconfianza

El contrato ley con la minera canadiense fue discutido y aprobado de forma expedita en solo tres sesiones legislativas y a puerta cerrada. Según Olmos, este procedimiento violentó el Tratado de Escazú, firmado por Panamá en 2020 y que establece el acceso público a la información ambiental. Además, señala, para sustentar el acuerdo se utilizaron estudios de impacto medioambiental "obsoletos” (que datan de 2011), violando también el artículo 418 del Código Penal que obliga al concesionario a presentar informes actualizados antes de iniciar las obras.

"Por todo esto, hoy no sabemos qué está pasando dentro de la mina, no sabemos cómo están las aguas residuales, cómo están los ríos, las cuencas hidrográficas, los bosques; no sabemos cuánto se ha recolectado, cuánto se ha mitigado, porque no han dado información”, se lamenta el jurista.

DW solicitó una entrevista a los directivos de FQM, pero no obtuvo respuesta. Hasta ahora, ningún vocero de la firma canadiense ha sentado su posición frente al conflicto. Olmos critica el hecho de que el propio gobierno panameño "esté actuando como representante” de la minera, al defender el contrato ley "como si fuera socio de la empresa extranjera, lo que revela un peligroso conflicto de intereses”.

Entre la espada y la pared

El problema es complejo, pues al derogar la ley el gobierno correría el riesgo de que la FQM entable una demanda multimillonaria contra el Estado panameño por incumplimiento del contrato.

"El presidente está bajo extrema presión, entre las demandas de la sociedad y los compromisos contractuales del Estado con la minera. Pero justamente por esa razón, debe buscar una solución con urgencia y escuchando a todos los sectores”, insiste Olmos.

Abogados panameños han presentado cuatro demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y el propio Olmos entabló una denuncia penal. Hasta ahora, dos demandas han sido admitidas por la Corte, que deberá dar 10 días de plazo para presentar alegatos antes de emitir una resolución definitiva.

Analistas advierten que más allá del rechazo real al proyecto minero, el "detonante” de estas protestas parece ser una situación de descontento generalizado frente a reclamos sociales no resueltos y denuncias de corrupción en el gobierno. Algunos temen que esto dé paso a "una explosión social”.

Olmos comparte esa preocupación: "En Panamá ha habido un cúmulo de problemas que no han tenido respuesta, como el tema de la basura, la inseguridad, las fallas en el suministro eléctrico y de agua potable. Y la corrupción, donde la gente no ve que se tomen acciones contra los funcionarios acusados”.

Promesas en papel

Según datos oficiales, la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, aporta más del 4% del PIB panameño y el 75% de los ingresos el país en concepto de exportaciones.

Mediante el polémico contrato, FQM ofreció aportar al Estado panameño ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares, y realizar inversiones "millonarias” en las comunidades cercanas a la mina.

El ministro de Comercio de Panamá, Federico Alvarado, ha dicho que la mina generará 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, mientras Cortizo ofrece aumentar pensiones del seguro social a partir de las "regalías” de la empresa.

Debido a la falta de información pública sobre el contrato, la prensa no ha podido confirmar estas cifras. Por su lado, economistas aseguran que esas estadísticas son "falsas”.

Una solución "de país”

Para el exfiscal panameño, la solución a la crisis pasa por un diálogo que tendrá que iniciarse con urgencia. "El presidente debe llamar a la calma y convocar a una mesa intersectorial y multidisciplinaria hoy mismo, no mañana ni pasado; buscar las opiniones de los constitucionalistas y de personas que pueden arbitrar, analizar el texto del contrato ley y plantear algo que tranquilice a la ciudadanía. Y también debe nombrar líderes del gobierno que se sienten a hablar, y que cumplan”, subraya Olmos.

La urgencia radica en que "lo que se decida hoy va a trascender a las futuras generaciones, por eso la decisión que se tome debe ser de país. Este es un tema de todos”, insiste.