Honduras celebra el domingo (26.11.2017) elecciones generales en un contexto atípico que podría permitir que el presidente Juan Orlando Hernández sea reelegido para un nuevo periodo de cuatro años, a pesar de que la Constitución del país limita el mandato presidencial a solo un periodo.

El partido conservador de Hernández, Partido Nacional, sostiene que la Corte Suprema de Justicia anuló la restricción a la reelección en 2015, pero la oposición arguye que la Corte no tiene el poder para invalidar la Constitución.

Los dos principales contendores de Hernandez, Luis Zelaya, del Partido Liberal; y Salvador Nasralla, de Alianza de Oposición, advierten que Hernández está usando su poder para influir en las instituciones hondureñas, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y el Ejército, para preparar unas elecciones fraudulentas.

"Es probable que el presidente Juan Orlando Hernández sea reelegido el 26 de noviembre y su Partido Nacional probablemente ampliará su número de escaños en el Congreso, pero no alcanzará una mayoría simple, lo que obligará al Presidente a seguir trabajando con el Partido Liberal para avanzar en su agenda”, indicó la consultora Eurasia Group.

Quien gane estará a cargo de uno de los países más pobres y peligrosos de América Latina, plagado de violencia de pandillas, narcotráfico y corrupción. Hernández ha ganado cierto respeto por tomar medidas enérgicas en contra de las pandillas, aunque las tasas de homicidio y extorsión siguen siendo muy altas.

Durante la administración de Hernández, la tasa de homicidios ha disminuido de casi 60 por cada 100.000 habitantes en 2016 a una tasa proyectada de alrededor de 45 este año, aunque todavía se mantiene muy por encima del promedio mundial de 5.3 otorgado por el Banco Mundial.

Por otra parte, por primera vez se aplicará la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Ley de Política Limpia, la cual obliga a las instituciones políticas y candidatos a cargos de elección a abrir cuentas bancarias y rendir un informe financiero sobre contribuciones para garantizar transparencia en las campañas.

Básicamente, con la nueva ley, que es apoyada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), se busca que el narcotráfico y otros sectores delictivos financien a partidos y candidatos a cargos de elección popular.

Al margen de que ganen o pierdan, los candidatos deberán presentar un informe 15 días después de las elecciones, las cuales serán las primeras del país centroamericano en las que se exige rigurosamente transparencia a la clase política.

RRR (Afp, Efe).