Ciudadanos y dirigentes estudiantiles, campesinos, gremiales o de partidos políticos de oposición pueden terminar arbitrariamente detenidos, simplemente por ejercer derechos fundamentales que están consagrados en tratados internacionales de derechos humanos. También grafiteros, como el cubano Danilo Maldonado, quien pasó dos meses preso por escribir "Se fue”, tras la muerte de Fidel Castro, sobre paredes de edificios de La Habana. Ya antes había estado otros 10 meses en la cárcel, sin cargos ni juicio, por pintar los nombres Fidel y Raúl en dibujos de cerdos.

"Son víctimas de persecución política por un régimen usualmente dictatorial, que los reprime por el hecho de convocar a una manifestación pacífica, publicar un artículo crítico del gobierno, ejercer el derecho de reunión o de asociación o fundar un organismo que el gobierno persigue”, señaló en entrevista con DW José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Según el organismo, actualmente Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen en forma regular presos políticos. Se trata de países "donde hay una gran concentración de poder, no hay un poder judicial independiente y el ciudadano está expuesto al arbitrio de la autoridad”, señala Vivanco. "Muchas veces terminan en prisión, acusados de todo tipo de delitos, usualmente fabricados. Una de las fórmulas habituales es el cargo de actividades terroristas o contrarias a la seguridad nacional”, afirma el experto.

Las cifras de reos de conciencia varían permanentemente, pues mientras algunos son liberados, otros ingresan a prisión, pero se mantienen patrones comunes en las detenciones, los cargos y las modalidades del proceso, o más bien, la falta de uno justo.

De la protesta a la cárcel

Nicaragua es hoy el país con mayor número de presos políticos de América Latina. De acuerdo a organizaciones como Unidad Nacional Azul y Blanco, el Comité Pro Libertad de Presos Políticos y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, actualmente habría alrededor de 550 reos de conciencia.

En medio de la crisis que vive el país desde abril pasado, Amnistía Internacional (AI) ha documentado la detención arbitraria de personas "por el simple hecho de participar en manifestaciones o criticar públicamente al gobierno”. Asimismo, el organismo señala que "no se encontraban en la comisión flagrante de ningún delito establecido en la ley, ni existía, al momento de su arresto, una orden de aprehensión en su contra”.

Los arrestos son arbitrarios y no hay claridad acerca de los cargos, que incluyen "participar en actividades instigadoras, no tener autorización para realizar una manifestación y alterar la paz", en circunstancias en las que, en realidad, el derecho de reunión está garantizado por la Constitución nicaragüense.

Los presos están sujetos a una serie de complicaciones procesales. La investigadora Tamara Taraciuk, experta de HRW para las Américas, dijo a DW que "en muchos casos documentamos violaciones al debido proceso, no hay acceso a abogados hasta el momento de la audiencia, los juicios son cerrados cuando legalmente deberían ser públicos y los acusan de delitos relacionados con el terrorismo, que hoy tiene una definición muy vaga en el código penal nicaragüense”.

Organizaciones civiles han denunciado graves violaciones a los derechos humanos de los encarcelados. "En muchos casos los obligan a incriminarse, a confesar delitos que no han cometido y, bajo amenazas de golpiza o torturas, incriminar a otras personas. Es toda una manipulación en la que jueces y fiscales, tanto en Nicaragua como en Venezuela, pasan a ser burócratas de la represión”, subraya, por su parte, José Miguel Vivanco. La situación se ve agravada por el hecho de que observadores de derechos humanos nacionales e internacionales no pueden ingresar a las audiencias, añade.

El destino de los opositores

"Cuba es el país que ha tenido histórica y consistentemente presos políticos. Es el típico caso de una dictadura militar que gobierna el país por décadas, y el régimen decide lo que es posible o está prohibido decir, cantar o publicar”, apunta Vivanco. Si alguien cruza la raya, para eso está la seguridad del estado y las prisiones, "sin ninguna garantía de debido proceso, de derecho a una defensa o el amparo de una autoridad local”, agrega.

Cuba ha sido una constante, sólo ha variado el número de los detenidos. "Hace tres décadas había 15 mil. Hoy, contabilizamos 120. Si bien son muchos menos, alrededor de 20 presos llevan mucho tiempo encarcelados”, aseguró a DW Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). Daniel Santovenia, de 63 años, uno de los opositores que mayor tiempo pasó privado de libertad, fue liberado hace un mes, tras 27 años de cárcel.

"El gobierno de Cuba dice que no hay presos políticos, que son delincuentes comunes. Como regla, están en prisiones de alta seguridad, para garantizar la mayor severidad posible, y repartidos, para evitar que se unan. En todos los rincones hay prisiones, Cuba se ha convertido en un gigantesco Gulag,”, denuncia Sánchez.

Venezuela: el patrón se repite

Los mismos patrones se observan en Venezuela. A pesar de la excarcelación, en junio, de más de 120 opositores, habría 232 presos políticos, según las últimas cifras de la ONG Foro Penal. Los lugares de reclusión son principalmente instalaciones de los servicios de inteligencia y cárceles, ya sea militares o comunes, donde habitualmente surgen denuncias de malos tratos y violaciones a los derechos humanos.

Detenciones arbitrarias, sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; procesamiento de civiles ante tribunales militares; y desconocimiento de órdenes de liberación, son los patrones que identifica AI, organismo que ha recibido denuncias de condiciones de reclusión inhumanas en cárceles y lugares ilegales de reclusión, falta de acceso a agua, alimentos o luz solar, además de incomunicación y suspensión de visitas.

Pero las cárceles no son sólo físicas. Las décadas de discriminación contra quienes se atreven a protestar, el uso arbitrario del derecho penal y las restricciones a la libertad de expresión afectan "no sólo a las personas privadas injustamente de su libertad física, sino también a las que sienten que están en una prisión mental”, según un estudio de AI. Como resume el testimonio de un cubano emigrado a México: "En Cuba siempre tienes un pie en la cárcel y un pie en la calle”.

(CP)

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