"El régimen de Daniel Ortega está enviando un mensaje a la población entera de que no va a tolerar la más mínima acción de disidencia, tampoco fuera del territorio nicaragüense", dice el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce.

Desde la vecina Costa Rica, en donde vive exiliado, condena firmemente la más reciente acción del gobierno de Ortega, que este miércoles (15.02.2023) publicó una lista con los nombres de 94 opositores a los que declara traidores a la patria y a quienes retiró la nacionalidad nicaragüense. El 90 por ciento de los afectados vive, desde hace años, en el extranjero.

"La última acción está dirigida contra el exilio, una voz potente, legítima, la única voz en este momento que podía hablar, porque en Nicaragua no puedes hablar sin que haya represalias inmediatas", sostiene Arce en entrevista con DW.

"No iba a volver a guardar silencio"

"Primero sentí tristeza por Nicaragua, luego sentí temor por mi familia, que todavía está en Nicaragua, y que podría verse afectada por la confiscación de mis bienes", cuenta a DW Ernesto Medina, académico nicaragüense, que recibió la noticia de su destierro en el exilio en Berlín. "Luego sentí una especie de alivio, porque tomé la decisión de venirme a Europa sabiendo que era el precio que tenía que pagar para poder sentirme libre y hablar lo que pienso y opino sobre Nicaragua", prosigue.

"Yo vengo del sandinismo, le entregué los mejores años de mi vida a la revolución, y siento cierta responsabilidad por el fracaso de la revolución sandinista", dice el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Americana. Medina lamenta no haber alzado la voz cuando se dio cuenta de que algunas cosas no funcionaban bien: "Siempre puse la idea hermosa, maravillosa de la revolución por encima de todo, y no me atreví a cuestionar las decisiones de los dirigentes, que siempre creí infalibles".

El exrector nicaragüense asegura que, después de la represión estatal en 2018, se prometió que "no iba a volver a guardar silencio".

Un acto de "venganza"

En opinión de Juan Carlos Arce, el último paso de Ortega estuvo basado en la "venganza": "El régimen está molesto, está golpeado porque se vio obligado a liberar y desterrar a los presos políticos, y ahora arremete contra las voces que han estado pidiendo la libertad de los presos, justicia y democracia".

Por su parte, Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), está convencida de que el gobierno nicaragüense no logrará acallar las voces críticas, porque la oposición seguirá luchando en el país, "aunque sea de la forma más clandestina".

¿Qué hará la comunidad internacional?

"¿Y qué va a hacer la comunidad internacional frente a lo que está pasando en Nicaragua, que no tiene precedente en la historia en la región?", se pregunta el defensor de derechos humanos Arce, miembro de la Coalición Nicaragua Lucha, que agrupa a 19 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país centroamericano.   

"Este Estado, que controla todas las dimensiones de la vida, está terminando de configurarse, y establece un precedente pésimo en Centroamérica, una región que vive una deriva autoritaria", sentencia, y agrega: "De esta, los nicaragüenses no salimos solos, más que nunca necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Ojalá el mundo voltee a Nicaragua y vea que lo que está pasando ahí no se puede tolerar en este siglo".

En entrevista con DW, la directora para las Américas de la FIDH, señala que, si bien la última acción gubernamental impacta gravemente en la vida de las personas afectadas, "el gobierno de Daniel Ortega no ha ganado ninguna batalla, porque los ojos de la comunidad internacional van a seguir sobre Nicaragua".

¿Habrá más listas negras?

Para el defensor de derechos humanos, está claro que solo se trata de una primera lista de opositores condenados por el régimen de Ortega, y que a ellos seguirán más.

También Jimena Reyes se suma a la condena de este "nuevo giro en la política represiva, de hacer a la gente apátrida". Sin embargo, la experta de la FIDH, asegura que "esto no se va a quedar en la impunidad, puede llevar tiempo, pero no va a quedar impune".

(cp)