La delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permanecerá en Colombia hasta el próximo lunes, tiene una agenda ambiciosa. Cuenta con representación de los 15 países miembros del Consejo y se ha propuesto analizar el estado actual del proceso de paz a poco menos de tres años de la firma oficial del acuerdo entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC. El grupo se reunirá con el presidente colombiano, Iván Duque, con ministros, congresistas, organizaciones no gubernamentales e instituciones creadas en el marco del acuerdo de paz, entre otros. También sostendrá encuentros con miembros del partido FARC, en el que militan hoy los excombatientes de la guerrilla.

Optimismo en el gobierno

El viaje se efectúa por invitación del Gobierno colombiano. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que la administración de Iván Duque ve con gran satisfacción la llegada de la delegación, pues "brinda una oportunidad para que los representantes conozcan, de primera mano, los avances que se han logrado gracias al impulso que se ha imprimido a la implementación”. 

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tiene a su cargo la entidad gubernamental que vela por la adecuada implementación del acuerdo. Según dijo a DW, comparte la visión de que se han dado avances significativos. Archila aseguró que en sus primeros 10 meses de gobierno, el presidente Duque ha visto más logros que los que huvo en los 20 meses anteriores a su administración. Destacó la realización de proyectos para el desarrollo comunal de los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, y aseguró que el presidente ha sido absolutamente respetuoso de la institucionalidad del país.

Graves cuestionamientos al gobierno

Sin embargo, el rol del gobierno de Iván Duque en la implementación del acuerdo no ha estado libre de controversia. Las objeciones del presidente a la ley estatutaria que regula la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada con base en el acuerdo, se hundieron en el congreso, pero dieron pie a críticas de los defensores del acuerdo, que acusaron al mandatario de querer "tumbar la JEP”. También se le ha reprochado la reducción del 30% del presupuesto para la entidad. Directrices internas del ejército colombiano que aumentaban la presión sobre las Fuerzas Armadas para presentar bajas en combate, recordaron uno de los episodios más negros de la historia del país, cuando el ejército realizó ejecuciones extrajudiciales para mejorar sus cifras de rendimiento. Y los cientos de asesinatos de líderes sociales, muchos de los cuales luchaban por que se cumplan las disposiciones del acuerdo en sus comunidades, han generado preocupación no sólo por los riesgos que implica ser líder social en Colombia, sino por el insuficiente esclarecimiento de los casos para encontrar a los autores intelectuales de los crímenes.

Todo ello ha llevado a graves cuestionamientos, sobre todo en la prensa internacional, que incluso ha acusado a Iván Duque de querer sabotear el proceso de paz. Para Joshua Mitrotti, quien formó parte del equipo negociador del acuerdo, la resistencia de Duque a apoyar de forma contundente los compromisos del acuerdo responde a la voluntad de sus electores, que coinciden en su mayoría con aquellos que en aquel entonces votaron en contra del acuerdo en el plebiscito: "En Colombia se eligió un gobierno no favorable a los acuerdos. Un gobierno que con su electorado primario tiene muchas dificultades cuando quiere realmente apoyar e implementar temas del acuerdo.”

Denuncias del partido FARC

Pero quienes quizá ven de forma más crítica el desempeño del gobierno son los mismos exguerrilleros de las FARC, hoy integrantes del partido político con la misma sigla, que señalan incumplimientos en el acuerdo que incluso ponen en riesgo su vida. Más de 130 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo, y el Gobierno no ha logrado brindar suficiente protección ni suficientes explicaciones. Durante su encuentro con la delegación del Consejo de Seguridad, el partido FARC impulsará sin duda el tema de la seguridad de los excombatientes. En vísperas de la llegada de la delegación, el partido denunció ante la fiscalía de Colombia la existencia de un supuesto plan para asesinar a sus líderes. El jefe de la misión permanente de la ONU en Colombia también ha expresado preocupación por los casos de excombatientes asesinados.

A pesar del optimismo mostrado por el gobierno de Iván Duque ante la llegada de la delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes visitan Colombia se verán confrontados con dos visiones muy distintas. Esta polarización coincide con la de la sociedad colombiana, dividida no en torno al deseo de una paz estable, sino en torno a cómo alcanzarla.

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