Se dice que cuando Elon Musk compró Twitter, el Comisario de Mercado Interior de la Unión Europea (UE), Thierry Breton, advirtió inmediatamente que el servicio de mensajes cortos estadounidense tendría que cumplir las normas de la Unión Europea.

Pero cuando los gobiernos europeos hacen un mal uso de los programas de espionaje, las instituciones de Bruselas apenas se interesan, critica la ponente en la llamada Comisión Pega del Parlamento Europeo, la eurodiputada holandesa Sophie in 't Veld. Sin embargo, es una grave amenaza para los derechos democráticos el hecho de que numerosos Estados miembros utilicen Pegasus y programas informáticos similares sin control, y espíen a los críticos del gobierno, a los periodistas y a los miembros de la oposición con el pretexto de la seguridad nacional.

Los programas espía son un problema en Europa

"Los abusos son un asunto paneuropeo", reza el informe provisional de la comisión de investigación presentado por Sophie in 't Veld este martes (8.11.2022). "Los Estados miembros han utilizado el software de espionaje contra sus ciudadanos con fines políticos y para encubrir la corrupción y las actividades delictivas". Ninguna de las autoridades nacionales se ha mostrado dispuesta a proporcionar información concreta al Parlamento de la UE.  Hubo que recurrir a fuentes de acceso público.

El ejemplo más conocido es el de la empresa israelí NSO, que desarrolla el programa de espionaje Pegasus, que provocó un escándalo político en Grecia. La empresa está presente en Chipre y Bulgaria, y maneja sus finanzas a través de Luxemburgo. Se beneficia del mercado único y de la libertad de circulación en la UE. De acuerdo con e informe, la venta de ese software es deliberadamente opaca, y las estructuras de la empresa son complejas, pero "el negocio está en auge y es lucrativo".

En la mira: Grecia, Hungría y Polonia

La víctima más destacada del espionaje a políticos y periodistas de la oposición en Grecia es el líder del partido socialdemócrata Pasok y eurodiputado Nikos Androulakis. Su teléfono móvil estaba infectado con el programa de espionaje Predator.

Mientras tanto, la lista de presuntos implicados es cada vez más larga. El pasado fin de semana, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis volvió a negar tener nada que ver con las últimas acusaciones.

El informe del Parlamento Europeo también se ocupa ampliamente de los gobiernos de Budapest y Varsovia. Hungría fue uno de los primeros países involucrados en el escándalo de la vigilancia europea. Según informes de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), se espió a más de 300 activistas políticos, periodistas, abogados y otras personas. "El uso de Pegasus parece formar parte de una calculada destrucción estratégica de la libertad de prensa y la libertad de expresión por parte del gobierno (húngaro)", dice el informe.

Desde el año pasado, Polonia ha ampliado las posibilidades legales de espionaje hasta alcanzar proporciones casi ilimitadas. "Los derechos de las víctimas se han minimizado, y los recursos legales han perdido sentido en la práctica", según el reporte.

Se necesitan nuevas normas contra la tecnología de vigilancia

Amnistía Internacional ha recogido ya más de 100.000 firmas en una petición a las Naciones Unidas para que se detenga la venta y distribución de programas espía. "Es urgente proteger mejor los derechos humanos cuando se exporta tecnología de vigilancia", escribe la directora general de AI, Agnès Callamard. "Estamos presenciando una crisis mundial a través de programas de espionaje, en la que se realizan intrusiones selectivas en la privacidad de periodistas, activistas y abogados para silenciarlos e intimidarlos". Según Amnistía Internacional, los países miembros de la ONU deben dejar de utilizar o tolerar estos programas informáticos como herramienta de represión.

(gg/cp)