Con la prohibición de 40 oenegés, el gobierno de Daniel Ortega continúa cercenando las libertades individuales y reduciendo la participación civil de cara a las elecciones de noviembre, intentando "instalar el miedo".
Protestas en Nicaragua contra la represión del gobierno de Daniel Ortega. (Febrero de 2020).Imagen: Imago/J. Torres
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En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ya ha suspendido a 40 oenegés desde 2018. Tras décadas de trabajo por los derechos humanos, el medio ambiente y contra la pobreza, esas organizaciones se ven obligadas a abandonar su labor en el país.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que entró en vigor en octubre de 2020, prohíbe a las organizaciones no gubernamentales activas en el país recibir donaciones y financiamiento internacional.De ese modo, no solo las organizaciones humanitarias internacionales, sino también las organizaciones locales a las que apoyan, se quedan sin recursos y ya no pueden llevar a cabo su tarea humanitaria.
La oleada de cancelaciones de oenegés comenzó en 2018, en medio de la represión a las protestas sociales, cuando el Parlamento anuló el estatus legal de nueve de ellas, incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), bajo acusación de promover actividades "terroristas y golpistas”. El lunes (16.08.2021) el gobierno de Nicaragua anuló el registro de otras seis oenegés, tres europeas, entre ellas Oxfam Intermon (España) y Oxfam Ibis (Dinamarca) y tres de Estados Unidos, como a National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
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La "continuidad de un régimen represor”
En julio de 2021 la cámara canceló la personería jurídica de 24 organizaciones, 15 de ellas asociaciones médicas. El gobierno de Nicaragua hizo oídos sordos al rechazo de la medida manifestado en ese momento por los profesionales, quienes alertaban sobre el peligroso vacío que dejarían esas organizaciones en el área de la salud. Según informes, el gobierno no quería que los científicos monitorearan el desarrollo de la pandemia de COVID-19, ni informaran sobre esta o criticaran su manejo.
"Esto es producto de la continuidad de un régimen represor, violador de derechos humanos que no quiere la existencia dentro del país de voces críticas”, dice a DW la abogada nicaragüense Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Defensa de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, desde el exilio en Costa Rica.
Detenciones durante protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, en marzo de 2019.Imagen: picture-alliance/dpa/A. Zuniga
El gobierno de Ortega no solo silencia a los medios y a los periodistas, así como a organizaciones locales que ya desde antes de 2018 han trabajado durante décadas por la defensa de los derechos humanos, sino también a organismos internacionales que han apoyado y apostado por la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país, explica.
En 2020 la oposición hizo un intento de interponer recursos legales contra dicha ley, pero fue infructuoso, y Ortega continuó con las prohibiciones.
"Llevamos 40 años trabajando en Nicaragua, y siempre hemos respetado la legislación nacional”, dice Simon Ticehurst, director regional para América Latina y el Caribe de Oxfam International, desde su sede en México, en entrevista con DW. "Estamos procesando la decisión. Hay cierta confusión en cuanto a los requisitos del gobierno, que no se aplican a las oenegés internacionales, y estamos intentando aclarar esto también por la vía legal”. Ticehurst destaca que se están ocupando de garantizar la seguridad del personal de la ONG, y de sus compromisos con las organizaciones asociadas, así como con la comunidad de donantes.
El gobierno nicaragüense conmina a las organizaciones a entregar sus libros y liquidar sus bienes en un lapso de 72 horas. "No les da la oportunidad de que esas decisiones puedan ser revertidas por una autoridad judicial competente, por medio de un recurso de amparo”, indica la jurista Wendy Flores, que formó parte del CENIDH.
Nicaragua: protesta en Washington por la liberación de presos políticos. (23.06.2021).Imagen: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance
La sociedad civil queda sin respaldo
Dos de las oenegés canceladas el lunes 16 de agosto se ocupaban de fortalecer la participación ciudadana en procesos políticos y electorales y del desarrollo de capacidades para la gestión política. Otras se enfocaban en derechos de género, en el empoderamiento de grupos vulnerables -los niños, los adolescentes y las mujeres -, y en la lucha contra desigualdad económica y social.
¿En qué medida afecta esto directamente a los nicaragüenses? "Ese patrón se mantiene desde 2018. Al desaparecer las organizaciones, las mujeres son más vulnerables porque el Estado ha desarticulado, entre otras, las comisarías para la mujer, es decir que las mujeres víctimas de violencia quedan sin acompañamiento y sin atención psicológica. Lo mismo sucede con organizaciones que defienden los derechos laborales, los trabajadores no tienen a quién acudir”, especifica Flores.
"Toda democracia necesita de una sociedad civil vibrante, activa, y lamentamos estas decisiones porque restringen el espacio cívico”. Subraya, por su parte, Simon Ticehurst. La situación económica en Nicaragua ya es de por sí complicada, agrega, también en términos humanitarios.
"La cooperación juega un papel importante de apoyo a la población nicaragüense. Varios de nuestros proyectos son humanitarios, ya sea respondiendo a la sequía, como en la preparación para la temporada de huracanes, muy común en esta época”, aclara. "Este es un momento difícil para el pueblo nicaragüense”. Economistas habían pronosticado ya en 2020 que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros iba a ahuyentar la inversión extranjera y la cooperación internacional, aumentando así aún más la pobreza.
Prohibiciones a ONG ante sanciones y de cara a elecciones
Las recientes cancelaciones de oenegés se producen justamente cuando Estados Unidos y la Unión Europea tratan de aumentar la presión sobre el gobierno imponiendo sanciones a su círculo cercano para que libere a 33 opositores que fueron detenidos. Y sucede a pocos meses de las elecciones de noviembre de 2021, para las cuales Ortega prácticamente ha inhabilitado a la oposición, con el encarcelamiento de ocho candidatos hasta la fecha.
"Debemos recordar que en Nicaragua hay más de 140 presos políticos”, dice Wendy Flores. "Tienen derecho a la libertad, y no pueden quedar solos y solas en las manos de Ortega y Murillo. Tenemos que seguir haciendo esta labor de denuncia, en las condiciones en las que se pueda, dentro del país y fuera del mismo”.
Con la cancelación de las oenegés, "Daniel Ortega quiere enviar un mensaje de que ellos son los que mandan, y perpetuarse en el poder. Para estas elecciones de noviembre quieren crear un clima de desesperanza, dejar instalado el miedo a través de la persecución política y penal en Nicaragua”, sostiene la abogada de Nicaragua Nunca Más. Una represión que se dirige, a través del Ministerio Público, "un instrumento de la represión”, contra activistas, defensores y periodistas. "En Nicaragua, quien alce su voz está en absoluto riesgo”, subraya. "La gente está aterrorizada, hay una hipervigilancia. Se ha profundizado el sentimiento de inseguridad y de falta de libertad, y se está rompiendo cada vez más el tejido social.”
"Tenemos que acatar la resolución del gobierno. Exploraremos cómo seguir colaborando con el pueblo de Nicaragua, si no desde el país, desde fuera de él, y cómo poder continuar trabajando en Nicaragua en el futuro, cuando la situación lo permita. Todas estas medidas ponen en duda el proceso electoral en términos de poder ofrecer una salida y una solución a la crisis”, concluye el director regional para América Latina y el Caribe de Oxfam International.
(ms)
Los opositores detenidos por el régimen de Ortega hasta 2021
Oleada represiva en Nicaragua a meses de las elecciones: numerosos activistas, políticos, opositores y candidatos a disputar el sillón presidencial a Ortega en los comicios del 7 de noviembre han sido detenidos.
Imagen: Twitter
Medardo Mairena, sexto aspirante presidencial
El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció el 5 de julio la detención del líder campesino Medardo Mairena, con intenciones de aspirar a la Presidencia por la oposición, y otros tres dirigentes rurales: Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. Mairena había sido amnistiado tras haber sido condenado a 216 años de prisión (foto) por las manifestaciones de 2018 contra el Gobierno sandinista.
Imagen: Imago/Agencia EFE
Lesther Alemán y Max Jerez, líderes estudiantiles
El líder estudiantil Lesther Alemán (foto), que pidió la rendición al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hace tres años, fue detenido en la noche del 5 de julio, denunció la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece. Esa misma noche, quedó detenido otro líder estudiantil de la AUN: Max Jérez.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/A. Zuniga
Miguel Mendoza, periodista deportivo
Posteriormente a la detención de María Fernanda Flores, la Policía que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, arrestó el 21 de junio por la noche a Miguel Mendoza, un cronista deportivo que publica comentarios políticos en sus redes sociales, la mayoría críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, y donde tiene miles de seguidores.
Imagen: Twitter
María Fernanda Flores, política y ex primera dama
La política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), fue detenida el 21.06.2021 junto con el periodista Miguel Mendoza bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, según la Policía Nacional. Flores fue destituida como diputada por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el 26.11.2020.
Imagen: Juan Pablo Aragon/AFP/Getty Images
Miguel Mora, precandidato presidencial y exdirector de 100% Noticias
El periodista Miguel Mora, exdirector del cerrado y ahora exclusivamente digital canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio. Según la Policía, por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares", en base a una ley que el Gobierno de Daniel Ortega aplica a opositores. Ya suman 17 opositores detenidos, de ellos 5 precandidatos presidenciales.
Imagen: 100% Noticias
Luis Alberto Rivas Anduray, banquero
Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, fue detenido el 15 de junio, cuando 26 países de los 34 que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigían al presidente Daniel Ortega la liberación "inmediata" de los múltiples dirigentes opositores, incluidos aspirantes presidenciales, arrestados en lo que va de mes.
Imagen: Carlos Herrera/REUTERS
Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro
Norma Vega, esposa de Pedro Vásquez, quien trabaja como conductor para la candidata presidencial Cristiana Chamorro, denunció que está investigando la desaparición de su esposo, en la noche del 15 de junio, luego de que este estacionara su vehículo en el parqueo de la casa de Violeta Barrios, expresidenta de Nicaragua. Vega cree que su esposo puede estar encerrado en la cárcel El Chipote.
Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller
Víctor Hugo Tinoco, vicecanciller durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), fue detenido el domingo 13 de junio. Según informó la policía nicaragüense, se le acusa de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el gobierno. Una de las hijas Tinoco, denunció en un video que su padre fue "secuestrado" por personas de civil.
Imagen: DW/Eva Usi
Hugo Torres, exgeneral sandinista
Hugo Torres, general en retiro que participó en la revolución sandinista, fue detenido el 13 de junio en Nicaragua bajo el cargo de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Torres es vicepresidente de Unión Democrática Renovadora (Unamos), integrada por críticos del presidente Daniel Ortega.
Imagen: Moises Castillo/AP Photo/picture alliance
Dora María Téllez, cofundadora del MRS
Dora María Téllez fue detenida el 13 de junio. La historiadora fue una de las comandantes de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y ministra de Salud durante la revolución sandinista. Fue cofundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), del que emergió la Unión Democrática Renovadora (Unamos). Se la acusa de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Imagen: Carlos Herrera/dpa/picture alliance
Suyen Barahona, presidenta de Unamos
Suyen Barahona, presidenta de Unamos, fue arrestada el 13 de junio. Previamente grabó un mensaje en que señaló: "Patria libre para vivir. Esa ha sido la lucha de estos tres años: por libertad y justicia, y para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura". También fueron detenidas la activista Ana Margarita Vigil y la feminista Tamara Dávila,
Imagen: Confidencial/CC BY 3.0
Ana Margarita Vijil, dirigente de UNAMOS
Ana Margarita Vijil Guardián", también dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos) fue detenida el 13 de junio, como Dora María Téllez, Suyen Barahona y Hugo Torres, acusada de incitar a la injerencia extranjera. El operativo dejó acéfala a la agrupación política opositora, de la disidencia sandinista.
Imagen: Carlos Herrera/REUTERS
José Pallais, excanciller de Nicaragua y opositor
José Pallais fue detenido el 9 de junio. Pallais es miembro del bloque opositor Coalición Nacional. Durante las protestas de 2018, fue uno de los interlocutores en el diálogo con el Gobierno. Es investigado por "incitar la intervención extranjera en los asuntos internos", "pedir intervenciones militares" y organizarse con fondos externos para "ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".
Imagen: Inti Ocon/AFP
Félix Maradiaga, politólogo y candidato presidencial
Maradiaga fue detenido el 8 de junio, tras comparecer ante el Ministerio Público. Según la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, Maradiaga está acusado de "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares", y otros delitos.
Imagen: Carlos Herrera/REUTERS
Juan Sebastián Chamorro, economista, primo de Cristiana Chamorro
Juan Sebastián Chamorro García fue detenido el 8 de junio, pocas horas después del arresto de Félix Maradiaga. Chamorro García es primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios. Está acusado, entre otras cosas, de "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos" y "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo".
Imagen: Courtesy of J.S. Chamorro
José Adán Aguerri, economista, expresidente del Consejo de la Empresa Privada
José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, fue detenido el 8 de junio y trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. El organismo opositor Alianza Cívica denunció que Aguerri, que es miembro de su Comité Ejecutivo, fue "secuestrado" y "se encuentra ilegalmente detenido".
Imagen: Alfredo Zuniga/AP Photo/picture alliance
Violeta Granera, activista y opositora
Violeta Granera fue detenida el 8 de junio, acusada de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares". Según la Policía, "permanece en su casa bajo custodia policial". Granera aspiró a la vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco".
Imagen: Inti Ocon/AFP/Getty Images
Arturo Cruz, exembajador y aspirante a la presidencia
Cruz fue detenido el 5 de junio. Se lo investiga por violar la "ley de defensa de los derechos del pueblo y la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", acusaciones que lo inhabilitarían para cargos públicos. Cruz oficializó sus aspiraciones presidenciales en abril. También es académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y analista político.
Imagen: Arturo Cruz/Facebook
Cristiana Chamorro, principal rival de Ortega en las elecciones
Chamorro fue detenida el 2 de junio y se encuentra bajo arresto domiciliar. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la rival con más posibilidades de vencer a Ortega. Chamorro es investigada por un caso de presunto lavado de dinero, por el que ha sido inhabilitada para participar en la contienda electoral por "no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos".
