Los sindicatos de Costa Rica mantendrán la huelga indefinida contra un proyecto de reforma tributaria, que ya suma 11 días, luego de una extensa reunión de 13 horas con el Gobierno en el segundo día de diálogo, informaron hoy las organizaciones.

La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Mélida Cedeño, dijo en una conferencia de prensa que se mantendrán "firmes en la huelga" y anunció que el viernes continuará el diálogo con el Gobierno.

Propuesta sindical

La sindicalista leyó un pronunciamiento de los sindicatos en el que afirman que presentarán una propuesta de ley de reforma fiscal "justa y solidaria" que sustituya la que estudia el Congreso, y que si no hay voluntad del Gobierno para acogerla, la huelga se mantendrá de manera indefinida.

El ministro de Trabajo, Steven Núñez, comentó que los sindicatos "no se han movido un milímetro en su posición" y que el Gobierno está dispuesto a establecer una "mesa multisectorial" de negociación, pero exige que se deponga la huelga.

Los sindicatos cumplieron este jueves once días de una huelga indefinida en rechazo a la reforma tributaria que estudia el Congreso, pues consideran que afectará en mayor medida a las clases media y baja, y a los trabajadores públicos, debido a recortes a complementos salariales que la iniciativa incluye.

Los argumentos de las partes

El Gobierno afirma que el 82 por ciento del dinero que pretende recaudar con la reforma tributaria provendrán del 30 por ciento de la población con mayores ingresos y solo el 4,8 por ciento se recargará al 30 por ciento de la población más pobre

Además, asegura que aparte del sector educación, en el que sí hay apoyo fuerte a la huelga, en el resto del sector público el movimiento cuenta con la participación de alrededor del 9 por ciento de los trabajadores.

Finanzas públicas

La administración gubernamental afirma que la reforma fiscal busca paliar el déficit previsto del 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el 2018, y que es una medida urgente para evitar una crisis económica y frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

La reforma, llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero ampliado a la canasta básica y otros rubros hasta ahora exentos. Además, recorta bonos salariales logrados por empleados públicos por medio de negociaciones colectivas. También incluye la renta global y modificaciones a la renta de capital, entre otros asuntos.

ER (efe, dpa)