El indulto a los comuneros enjuiciados injustamente por oponerse al traslado mineral en Las Bambas, es una buena noticia, afirman organizaciones europeas. De ahí a que una minera los indemnice, hay trecho por recorrer.
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La absolución para los 19 comuneros judicializados desde hace cinco años por protestar contra el proyecto minero Las Bambas, en Perú, es un respiro. Aunque hay indicios de que la empresa no dará su brazo a torcer, los comuneros, apoyados por organizaciones internacionales, han logrado probar su inocencia. ¿Los indemnizarán por los daños y perjuicios que han sufrido ellos y sus familias durante estos cinco años de proceso? ¿Por haber estado meses injustamente en prisión preventiva?
Protesta de los campesinos peruanos
Era el 25 septiembre de 2015, miembros de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, en las provincias peruanas de Cotabambas y Grau, iniciaron un paro indefinido por no haber sido informados de modificaciones sustanciales en el proyecto.
Especialmente crítica era la cancelación del mineroducto que iba a transportar los 450 mil toneladas de mineral, de manera segura, desde la mina hasta el puerto. En su lugar, del transporte se encargarían 125 camiones diarios. El volumen vehicular en la carretera ascendería a 300 por día -entre idas, vueltas y transporte de insumos. Es más, la carretera se construyó, en parte, en tierras comunales, sin mediar proceso de expropiación.
La dispersión de partículas minerales durante el transporte y su consiguiente efecto en la salud de las poblaciones atizó la protesta. Durante la intervención policial del 28 de septiembre de 2015 murieron tres manifestantes, 23 resultaron heridos; 21 personas fueron detenidas, y retenidas en los predios de la empresa.
En diciembre de 2015 se formalizaba la denuncia contra 21 comuneros; dos de ellos estaban ya desde el 1 de octubre en prisión preventiva. Los cargos: comisión de delitos de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y daños, por los cuales la Fiscalía pedía hasta 17 años de prisión. La empresa minera MMG Las Bambas solicitaba aproximadamente 306.556 soles (82.000€) de indemnización. Los dos comuneros encarcelados, que pudieron probar que no portaban armas, tuvieron que pagar 5.000 (1330€) y 2.000 soles (530€) para recuperar su libertad. Desde septiembre de 2015, las declaraciones de estado de emergencia se han sucedido, con la consecuente militarización de la zona.
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Buena nueva para defensores de la tierra
"Esta absolución es una buena noticia para todas las personas defensoras de los derechos a la tierra y el territorio en Perú. Animamos a las autoridades peruanas a que continúen en esa línea”, dice el comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), recordando que la protesta pacífica es un derecho humano fundamental.
"Las Bambas ha sido un caso paradigmático de lo que está sucediendo en todo el corredor minero del Perú, en donde las normativas que se han venido aprobando atacan a estándares internacionales y constitucionales”, explica a DW Teresa Fernández, asesora de derechos humanos de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). "Con todo, el indulto da una luz de esperanza, porque las autoridades judiciales han reconocido el derecho a defender la tierra y el territorio”, añade, echando en falta enfoques judiciales basados en las necesidades de la población.
Tanto la FIDH como la OMCT forman parte de Protect Defenders, la plataforma de organizaciones de la sociedad civil que apoya la Unión Europea (UE) para la defensa de los defensores.
"Aunque Las Bambas es de capital chino, se trata de que en sus diálogos con Perú, la UE vaya velando por la implementación de sus principios rectores”, puntualiza Fernández. Por lo pronto, en el caso concreto de Las Bambas han sido organizaciones como estas las que han logrado avanzar hacia el indulto.
"En este momento en el corredor minero hay 500 líderes judicializados”, cuenta a DW José Antonio Lapa Romero, de la organización Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF). Lapa, sociólogo peruano, detecta una clara intención estatal de castigar la protesta ciudadana priorizando la seguridad de la inversión."Los mandantes en Perú son los empresarios, que compran voluntades políticas", subraya.
En esa situación, que viene de hace tres décadas, "si los comuneros, campesinos, no tuvieran el apoyo de instituciones especializadas -muchas operando con fondos de la cooperación internacional-, les sería imposible acceder a un tipo de resultados como los de Las Bambas”, afirma Lapa, subrayando el deficiente y parcializado sistema de justicia local.
Según los especialistas, en ese contexto se entiende que Perú no quiera ratificar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que aseguraría acceso a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por otro lado, ambos ponen la esperanza, más bien, en el avance del acuerdo internacional que se negocia en la ONU para que las empresas puedan ser llevadas a juicio, aunque, como en el caso de Las Bambas, la compañía asegure velar por la sustentabilidad de las comunidades de su entorno.
Con todo este viento en contra, el indulto para los activistas de Las Bambas es una buena noticia. También porque los comuneros no van a tener que afrontar, por lo pronto, la indemnización que exige la empresa. Al revés, ¿está prevista una indemnización para los comuneros que han sido judicializados, por cinco años, injustamente? "Eso no se conoce en Perú”, responde Lapa.
La diversidad de los pueblos indígenas en América Latina
Según datos de UNICEF, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas. México, Bolivia, Guatemala Perú y Colombia aglutinan el 87% de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Imagen: Christopher Pillitz
Amazonia, fuente de diversidad
Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina de UNICEF, la Amazonia es la región con mayor diversidad de pueblos indígenas (316 grupos), seguida por Mesoamérica, la cuenca del Orinoco, los Andes y la región del Chaco. Brasil (foto) es el país con más diversidad de pueblos indígenas con un total de 241. Colombia es el segundo con (83), seguido por México (67) y Perú (43).
Imagen: DW/T. Fischermann
Diversidad de pueblos y lenguas
Cinco pueblos agrupan varios millones de personas: Quechua (foto), Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che; y seis aglutinan entre medio y un millón de habitantes: Mapuche, Maya q'eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Cerca de una quinta parte de los pueblos indígenas perdió su idioma nativo en las últimas décadas. De 313 idiomas indígenas, el 76% es hablado por menos de 10.000 personas.
Imagen: picture-alliance/Robert Hardin
Cada vez más urbanos
Aunque más del 60% de la población indígena de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá todavía vive en zonas rurales, más del 40% de la de El Salvador, México y Perú reside en áreas urbanas. En Chile (foto) y Venezuela, la población que vive en ciudades supera el 60% del total. Éstos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que los de zonas rurales.
Imagen: Rosario Carmona
Conviviendo con la pobreza
Según un informe del Banco Mundial, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas, más del doble de la proporción de no indígenas. El 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más que la proporción de hogares no indígenas. En 2011, en Guatemala, tres de cada cuatro habitantes de zonas con pobreza crónica pertenecían a un hogar indígena.
Imagen: picture-alliance/Demotix
Educación superior: un privilegio para muy pocos
El reporte del Banco Mundial 'Latinoamérica indígena en el siglo XXI' apunta que la finalización de estudios primarios entre indígenas urbanos es 1,6
veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, mientras que los que terminan la educación secundaria es 3,6 veces mayor y los que cursan estudios superiores es 7,7 veces mayor. El acceso a la universidad es un privilegio para muy pocos.
Imagen: Uskam Camey
Brecha digital: exclusión social
A pesar de la aparente familiaridad de este miembro de la tribu Kayapó (Brasil) con la tecnología, los miembros de pueblos indígenas no se han beneficiado de su masificación. Estos tienen cuatro veces menos acceso a internet que los no indígenas en Bolivia y seis veces menos acceso en Ecuador. Asimismo, los indígenas tienen la mitad de acceso a un computador que los no indígenas en Bolivia.
Imagen: AP
Implicados en la vida política
Los pueblos indígenas participan activamente en la vida política de sus comunidades, ya sea a través de parlamentos locales o nacionales, en los municipios o a nivel estatal. Sus líderes están involucrados en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Así, existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador, pero también en Venezuela, Colombia y Nicaragua.
Imagen: Reuters/J. L. Plata
Empoderamiento ciudadano
Con una población de más de 800.000 habitantes, principalmente de origen aymara (foto), El Alto (Bolivia), comenzó a organizarse en juntas vecinales. A través de éstas, exigieron tener acceso a sus propios recursos financieros y ejercer control sobre ellos. Las Juntas se crearon con el objetivo de que éstas planificaran, financiaran y construyeran infraestructura básica y proporcionaran servicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/BOLIVIAN INFORMATION AGENCY
Protección vulnerada
Cerca del 45% de cuenca del Amazonas está protegida en el marco de diversas formas legales. A pesar de que 15 de los 22 países de la región han ratificado el Convenio Nr. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menudo se vulnera el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que pretende garantizar su participación en cambios que pueden afectar su estilo de vida.
Imagen: Survival International
Indígenas en el punto de mira
Los representantes de pueblos indígenas son víctimas de criminalización y hostigamiento y suelen sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte al posicionarse en contra de la instalación de grandes infraestructuras en su territorio. En la fotografía, miembros de las comunidades indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit (México).
Imagen: AIDA/C. Thompson
Minería: fuente de conflictos
La minería también es una amenaza para los pueblos indígenas y provoca migraciones y conflictos. Se calcula que una quinta parte de la cuenca amazónica tiene potencial minero: 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 20% de los cuales están en tierras indígenas. La extracción ilegal de oro también se ha propagado en la región, provocando deforestación, contaminación de los ríos y violencia.
Imagen: Jorge Mario Ramírez López
Defendiendo el territorio
Los Munduruku (foto), que cuentan con una población de entre 12.000 y 15.000 personas que viven en la orilla del río Tapajós, en los estados de Pará, Amazonas y Mato Grosso (Brasil), sufren el peligro de ambas actividades. Durante tres siglos, han tratado de demarcar oficialmente su territorio, una área de 178.000 hectáreas amenazado por actividades de extracción y proyectos hidroeléctricos.
Imagen: DW/N. Pontes
Socios clave en la lucha contra el cambio climático
El reconocimiento y la protección de los territorios indígenas es una estrategia eficaz para prevenir la deforestación y combatir el cambio climático. Entre 2000 y 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña fue de 0,6% dentro de los territorios indígenas protegidos legalmente, mientras que fuera llegó al 7%, lo que produjo 27 veces más emisiones de dióxido de carbono.
Imagen: Ádon Bicalho/IPAM
Los grandes desconocidos
Algunas comunidades indígenas siguen negándose a tener contacto con el mundo exterior y viven en áreas aisladas, usando lanzas y dardos envenenados para cazar monos y aves. Es el caso de los Waorani (foto) que viven en la selva amazónica, en Ecuador. En las últimas décadas, muchos de ellos han pasado de vivir como cazadores a asentarse en el Parque Nacional Yasuní.
Imagen: AP
Contacto mortal
Lamentablemente algunos de los que han sido contactados han sufrido las consecuencias. Los indígenas matsés o “mayorunas” que viven en la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, conocidos como “el pueblo del jaguar" (foto) fueron contactados por primera vez en 1969. A raíz de este encuentro muchos murieron por enfermedades como tuberculosis y hepatitis.