Nicolás Maduro ha respondido a las prolongadas interrupciones del suministro eléctrico que azotan a casi todo el país desde el 7 de marzo ordenando su racionamiento hasta el 30 de abril y la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas para deslastrar a la red energética nacional. Las actividades escolares ya habían sido suspendidas por el Ejecutivo chavista el 26 de marzo porque la falta de electricidad compromete el suministro de agua, la higiene de los sanitarios y la salubridad de los comedores.

Las clases debían comenzar de nuevo este miércoles (3.4.2019), pero los apagones recurrentes y sus efectos –la descomposición de los alimentos almacenados en los hogares, las escuelas y los comercios; la avería de equipos industriales y domésticos a causa de las fluctuaciones de energía y la interrupción de los servicios de teléfono, Internet y pago electrónico, entre otros– alteran la cotidianidad de las familias y dificultan el retorno de la normalidad a las aulas. Para muchos venezolanos, la vida se ha tornado invivible.

Las medidas anunciadas por Maduro para hacerle frente a la situación pueden parecer inauditas, pero el plan de racionamiento eléctrico no es una novedad para los venezolanos. Los apagones se hicieron tan comunes hace una década que el difunto Hugo Chávez, predecesor de Maduro en la jefatura del Estado, decidió crear el Ministerio de Energía Eléctrica en 2009. Entonces como ahora, los impulsores de la Revolución Bolivariana les endilgan las fallas a actos de sabotaje perpetrados por sus opositores con respaldo de Gobiernos extranjeros.

En 2010, Chávez declaró a Venezuela en estado de emergencia e impuso la primera dieta eléctrica: cada semana, durante cuatro meses, todo el país –a excepción de la capital– pasó un día sin electricidad. En 2011 se repitió el racionamiento –tres horas diarias a oscuras– en todo el territorio nacional, menos en Caracas. Entre 2013 y 2015, las autoridades terminaron recurriendo a la dieta eléctrica sin previo aviso, eximiendo nuevamente a la población capitalina de hacer ese sacrificio. Con el tiempo, las medidas se endurecieron.

Racionamiento, el viejo remedio 

En los últimos tres años, aparte de racionar el suministro de energía, Maduro ha ordenado temporalmente cerrar centros comerciales enteros, reducir el número de jornadas laborales a tres por semana o suspender por completo las actividades laborales y escolares. Pero ninguna de esas iniciativas evitó que los venezolanos padecieran, en 2019, los apagones de más larga duración y extensión en la historia nacional. Lo único nuevo, señalan observadores entrevistados por DW, es la disposición del Ejecutivo a reprimir a quienes osan protestar.

“Hasta ahora, los ‘colectivos’ y la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana sólo habían recibido órdenes de agredir a opositores en el marco de grandes manifestaciones antigubernamentales. Sin embargo, en los últimos días, estas fuerzas no convencionales fueron usadas por Maduro para amedrentar a personas que exigían el restablecimiento de los servicios más básicos”, comenta Phil Gunson, analista del International Crisis Group, una organización dedicada a prevenir conflictos violentos en varios continentes.

“El hecho de que se apele a estas unidades paramilitares –la última línea de defensa del régimen– para sofocar protestas sociales espontáneas, es llamativo y preocupante. La violencia ejercida por los ‘colectivos’ y la FAES es de índole criminal; sabemos que actúan coordinadamente y que su fuerza es potencialmente letal. Aunque tienden a disparar al aire, están usando munición real y no solamente pistolas, sino también rifles. Yo vi una muerte directamente atribuible a esa violencia y a varias personas heridas por armas de fuego”, dice Gunson.

Represión no convencional

“El riesgo de una masacre es muy real. Por otro lado, el que Maduro eche mano a civiles armados y a la FAES –una suerte de escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional Bolivariana, portador de uniformes y de capuchas– puede significar que el Gobierno no está seguro de la lealtad de los cuerpos convencionales a cargo de velar por el orden público. Creo que a Maduro le interesa desalentar las protestas sociales porque teme que su generalización pueda poner en riesgo la estabilidad del propio régimen”, sostiene el experto.

“La lógica del poder del chavismo siempre ha sido implacable”, arguye el politólogo Ricardo Sucre, coincidiendo con Gunson. A su juicio, si las protestas sociales representan una amenaza para el régimen, éstas serán reprimidas, incluso en sectores tradicionalmente percibidos como bastiones chavistas. “Y sin importar lo que digan al respecto instancias externas como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. El chavismo está dispuesto a asumir ese costo”, subraya el especialista.

“Pero eso no quiere decir que la opinión de sus propios seguidores le resulte indiferente al oficialismo”, esgrime Sucre, uno de los especialistas incluidos en el libro Desarmando el sistema, un análisis multidisciplinario de la Revolución Bolivariana publicado en 2017 bajo el copatrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, cercana al partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU). “Si la represión de protestas sociales en los sectores populares se vuelve una práctica constante, es posible que una porción nada desdeñable del chavismo termine dándole la espalda a Maduro”, agrega.

(er)

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