Las dos principales entidades secesionistas de Cataluña organizaron este martes (17.10.2017) protestas en Barcelona contra el ingreso en prisión de sus líderes, en medio de una nueva escalada de tensión entre las autoridades de la región y el Estado central español.

Unas 400 personas cortaron a mediodía la céntrica Gran Vía de la capital catalana cantando "Els segadors", himno de la región. También hubo concentraciones frente a los principales campus universitarios de Cataluña. A lo largo del día hay convocadas más manifestaciones.

La jueza dictó el lunes la prisión incondicional para Jordi Sànchez, jefe de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, tras interrogarlos por un presunto delito de sedición. Ambas entidades son responsables de las masivas manifestaciones por la independencia de los últimos años en Cataluña.

La medida disparó las críticas del independentismo y de diversos partidos políticos, subiendo el tono de la confrontación entre Madrid y Barcelona. El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, denunció el lunes que en España "volvía a haber presos políticos".

"Asistimos a un episodio de vergüenza democrática. Estamos frente a una situación de presos políticos que pensábamos que no veríamos más", coincidió hoy el portavoz del "Govern", Jordi Turull. "Hacemos un llamamiento a la sensatez y a la movilización pacífica".

Turull consideró que la Justicia española actual se comporta peor que la de la dictadura franquista (1939-1975): "Lo que no llegó a hacer nunca el Tribunal de Orden Público del franquismo lo ha hecho su tribunal heredero en el siglo XXI", acusó.

También autoridades del "Parlament" catalán vieron "injustificable" la detención de los dos líderes independentistas, mientras que Òmnium reclamó su liberación y reclamó poner fin a "la represión de las últimas semanas".

Sánchez y Cuixart son los primeros detenidos por el polémico proceso independentista impulsado por Puigdemont, que tuvo su punto cúlmine en el referéndum soberanista del 1 de octubre no autorizado por la Justicia y boicoteado por los detractores de la secesión.

Ambos son investigados por los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando varios guardias civiles españoles quedaron encerrados en una consejería del Gobierno catalán por manifestantes que destrozaron además coches de la fuerza de seguridad. (efe)