Nunca antes una protesta de campesinos había tenido tanto respaldo en la población colombiana, ni tanta repercusión en la agenda del Gobierno. Una protesta que hasta el mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos ha reconocido como “legítima”, lo que no quiere decir que su Gobierno tenga la fórmula y vaya a aplicarla.

Las protestas convocadas por la Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) y la Coordinación Nacional Agraria (CNA) son, en efecto, “una situación novedosa en la historia de las movilizaciones sociales en Colombia y un reconocimiento, aunque tardío, del aporte campesino a lo social, alimentario, ambiental y cultural”, dice el investigador social de la Universidad Javeriana, de Colombia, Gabriel J. Tobón Quintero, en la revista Razón Pública. “Novedosa” porque hasta ahora la protesta social había estado cooptada por las guerrillas, en detrimento de los reclamos campesinos en quien solo se veía el brazo civil de los violentos.

Pero también es un “reconocimiento de las precarias condiciones de la vida campesina, en medio de la violencia, el despojo de sus tierras por parte de los actores armados no estatales y de empresas que adelantan megaproyectos mineros”, concluye Tobón.

Las protestas masivas, en su mayoría pacíficas e inéditas en Colombia, son la revelación de lo que vive el campo colombiano desde hace 60 años, el tiempo que Colombia lleva enfrascada en una guerra interna, surgida, justamente, del descontento campesino y la impotencia ante la desatención de los gobiernos centralistas.

Quince TLCs hasta finales de 2013

A lo anterior se suman las consecuencias de un modelo económico que favorece la importación por encima de la producción nacional. La firma en serie de TLCs - hasta finales de 2013 Colombia tendrá 15 TLCs, entre ellos con Canadá, Israel, Turquía y Corea del Sur - está afectando directamente a los cultivadores colombianos, que ahora tienen que competir con productos agrícolas altamente subvencionados por Estados Unidos y la Unión Europea.

“El libre mercado no solo no ha resuelto los problemas del agro colombiano sino que los ha empeorado”, dice a DW, Sabine Kurtenbach, politóloga del Instituto de Estudios Latinoamericanos (GIGA), de Hamburgo. “Los TLCs firmados por Bogotá han dejado sin mayor protección a los pequeños y medianos agricultores, que componen la mayoría de los habitantes rurales en Colombia. Hoy un pollo importado de Estados Unidos es más barato que uno criado en Colombia”, agrega Kurtenbach, quien destaca que con esta política “los pequeños productores están perdiendo sus mercados naturales”. Así, Colombia está rumbo a adquirir la llamada “enfermedad holandesa”, el fenómeno en el que los productos nacionales resultan más caros que los importados. Un mal que termina por destruir la economía interna.

En Alemania hay voces a favor y en contra de la firma de TLCs, como el pactado entre la UE y Colombia. “Mientras la parte oficial señala que la economía de Colombia puede ahora beneficiarse de la extracción de productos minerales para la exportación, por ejemplo, para ONGs humanitarias la prioridad es el derecho al acceso de alimentos”, recuerda la experta en América Latina del GIGA, con sede en Hamburgo.

Apertura de mercados: ¿No importan las consecuencias?

El informe de Naciones Unidas “Colombia rural 2011” confirma la relación entre la crisis del agro y el modelo de desarrollo, sobre todo el aplicado desde la década de los 90: “El modelo de desarrollo rural construido en Colombia es altamente inequitativo y excluyente y propicia conflictos en una sociedad de desequilibrios e inequidades”, diagnostica dicho estudio. Las políticas de apertura de mercados sin preparar a los productores nacionales para competir en mercados globales está aumentando la ya alta vulnerabilidad de los habitantes del campo en Colombia, en donde, según la ONU, el 68,5% vive en la pobreza.

Y no es que no se haya advertido del impacto negativo que traen consigo los TLC para un país no preparado para aplicarlos. El estudio de Planeta Paz y Oxfam de 2012 "Reflexiones de la ruralidad y el territorio en Colombia" señala que el 70% de los campesinos colombianos se iban a empobrecer y 1,36 millones de hogares perderían alrededor del 16% de sus ingresos.

Según Tobón Quintero, a la precaria situación del agro en Colombia y los efectos de los TLCs, se agrega la llamada “locomotora” energético-minera, un pujante sector que compite con la agricultura por el uso de tierras productivas, el agua y demás recursos ambientales. Kurtenbach coincide en que en Colombia ha sido demostrado que “el ‘libre' mercado es incapaz de resolver los problemas sociales, económicos y políticos de las grandes mayorías del campo.

Muchas palabras, pocos hechos

Las necesidades económicas que han generado la protesta rural en Colombia han revelado una interesante paradoja que destaca Sabine Kurtenbach: “En la mesa de negociaciones con la guerrilla de las FARC, que se llevan a cabo en La Habana, el mismo presidente Santos reconoció la carencia de una reforma agraria y validó los reclamos de los campesinos que él mismo no ha atendido”.

Ante el severo impacto de los TLCs y un Gobierno que no presenta aún fórmulas de solución a largo plazo, el presidente Santos debería tener en cuenta que no necesita esperar la firma de un acuerdo de paz con las guerrillas para implementar una reforma agraria que allanaría el camino para convenir la paz, y evitar así la réplica del conflicto en el futuro.